Movilidad en España: del orgullo al hartazgo ciudadano

Durante años, en España nos enorgullecíamos de contar con uno de los sistemas de alta velocidad ferroviaria más avanzados del mundo. El AVE era sinónimo de puntualidad, modernidad y eficiencia. Sin embargo, en julio de 2025, esa percepción se ha desplomado. Lo que antaño fue símbolo de progreso se ha transformado en una fuente de frustración e incertidumbre para los usuarios. Y lo más preocupante: ninguna institución parece asumir responsabilidades claras ante este deterioro.

El problema no se limita al AVE, aunque su pérdida de prestigio ha sido particularmente visible. El conjunto del sistema de movilidad en España atraviesa una crisis de confianza sin precedentes.

En el caso de la alta velocidad, el cambio ha sido drástico. En 2019, una avería era un hecho aislado; en 2025, se ha convertido en una constante. Los datos son claros: en corredores clave como Madrid-Barcelona, el número de circulaciones de trenes se ha triplicado mientras la infraestructura es prácticamente la misma. El resultado es un sistema sobrecargado, incapaz de absorber el crecimiento de la demanda sin una inversión equivalente en capacidad y resiliencia operativa.

La incidencia del 1 de julio —con 18 trenes paralizados entre La Sagra y Los Yeles, cerca de Toledo en la línea de alta velocidad que une Madrid con Andalucía— no puede considerarse un mero fallo técnico. Es la manifestación de un problema estructural: la falta de mantenimiento preventivo, la carencia de protocolos eficaces y, sobre todo, la opacidad inaceptable con la que se están gestionando incidencias que afectan a miles de personas.

Opinión

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A esta situación se suma el deterioro de Cercanías, especialmente en áreas metropolitanas como Madrid. Mientras en 2019 la puntualidad media alcanzaba el 95 %, en 2025 oscila habitualmente entre el 80 % y el 85 %. Esta caída en la fiabilidad supone miles de horas perdidas, compromisos incumplidos y empleos en riesgo. Un deterioro constante que erosiona la confianza ciudadana en el sistema y nuestra imagen como país en el extranjero, especialmente en Europa.

ADIF, como entidad responsable de la infraestructura, no puede seguir eludiendo su responsabilidad. La existencia de catenarias con más de 30 años de antigüedad, la ausencia de sistemas redundantes y una gestión carente de transparencia, son elementos que agravan la situación. La desatención de la red ferroviaria tiene consecuencias directas en la calidad de vida y en la percepción social e institucional, cuya recuperación requerirá de mucho tiempo, recursos y un compromiso sostenido.

Más vuelos y retrasos, pero menos explicaciones

El sector aéreo no presenta un panorama más alentador. Entre enero y mayo de 2025, los aeropuertos españoles gestionaron 145 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 38 % respecto al mismo periodo de 2019. Sin embargo, la capacidad de las infraestructuras no ha evolucionado al mismo ritmo. El resultado: un aumento sostenido de retrasos y cancelaciones.

El pasajero, mientras tanto, afronta una experiencia cada vez más degradada: escasa información, atención deficiente y un servicio cada vez más encarecido. A ello se suma una creciente sensación de desprotección ante incidencias, mientras las políticas comerciales de las aerolíneas recortan derechos y elevan costes.

Carreteras: más coches y camiones, pero menos calidad

La red viaria constituye el tercer pilar de esta crisis global de la movilidad en España. Según datos de la DGT, la Intensidad Media Diaria en la Red de Carreteras del Estado ha aumentado un 7 % respecto a 2019, con especial presión en accesos a núcleos urbanos y zonas turísticas.

Este incremento no solo implica un mayor volumen e intensidad de movimientos, sino también una mayor complejidad. El auge del transporte de mercancías tras la pandemia ha elevado significativamente la presencia de vehículos pesados, que conviven con tráfico particular y colectivo en vías con firme deteriorado, señalización obsoleta y tramos sin mantenimiento desde hace más de un lustro.

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Conductores particulares y profesionales coinciden en el diagnóstico: falta de alternativas a los peajes, obras interminables y ausencia de inversión en mejoras estructurales. Esto se traduce en un aumento de la siniestralidad, atascos más frecuentes y mayores costes para ciudadanos y empresas.

Un modelo insostenible y una urgencia política

España se enfrenta a una crisis de movilidad estructural, nacida de una paradoja: la de haber desarrollado una de las redes ferroviarias de alta velocidad más avanzadas del mundo, la segunda después de China y la más desarrollada de Europa, al tiempo que se descuidaban los servicios de transporte cotidiano que sostienen la vida diaria de millones de personas.

El "caos" de 2025 no es un fenómeno repentino, sino la consecuencia previsible de años de desinversión en infraestructuras esenciales y de una planificación basada en la inercia y la reactividad. La liberalización del AVE y el auge turístico han actuado como catalizadores que han puesto de manifiesto la fragilidad de un sistema ya tensionado y que ha sido llevado al límite de su capacidad.

Superar esta crisis requiere algo más que medidas puntuales: se impone un cambio de paradigma, liderado desde lo público, que implique un compromiso financiero sostenido, una visión de Estado a largo plazo y la voluntad firme de situar al ciudadano en el centro de la política de transportes. Fracasar en este objetivo no solo perpetuará el colapso actual, sino que comprometerá la competitividad económica y la cohesión social del país. Hay que hacer mucha más gestión y mucha menos política con el transporte.