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La ONIF requiere los Paradise Papers: "Hay información de trascendencia tributaria"

El organismo de la Agencia Tributaria quiere examinar los documentos relacionados con una veintena de personalidades y empresas

Foto: Ilustración: Raúl Arias.
Ilustración: Raúl Arias.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), organismo de Hacienda para luchar contra los evasores fiscales y el blanqueo de capitales, ha requerido a El Confidencial y a La Sexta que entreguen la documentación relativa a una veintena de personalidades y empresas que han aparecido en los Paradise Papers. Con este nombre se conoce la investigación que este diario y el citado canal televisivo están dando a conocer junto a cerca de 90 medios de todo el mundo. Está basada en 13,4 millones de documentos conseguidos por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

[Consulte el especial sobre los Paradise Papers]

El organismo tributario requiere concretamente "contratos de préstamos, estados financieros, correos electrónicos, contratos de fideicomiso y otros documentos" relevantes que hayan aparecido durante el trabajo periodístico. De esta forma, la Administración quiere "averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica".

Extracto del requerimiento de la ONIF.
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Extracto del requerimiento de la ONIF.

La ONIF se refiere expresamente al artículo 93 de la Ley General Tributaria, que obliga a los ciudadanos a facilitar datos que tengan trascendencia tributaria sobre, en este caso, contribuyentes con participaciones en entidades domiciliadas en el exterior. Asimismo, el requerimiento detalla que el mismo "no alcanza a su derecho fundamental, que comprende el de reserva sobre las fuentes de dichas informaciones". Es decir, la ONIF recuerda que los periodistas tienen entre sus derechos constitucionales el no revelar sus fuentes de información, por protección de las mismas.

La ONIF es la segunda autoridad que se pone en contacto con este diario para estudiar las posibles líneas de investigación. La pasada semana lo hizo la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Cómo actuaron con Panamá

La información de este nuevo trabajo del ICIJ proviene de dos bufetes de abogados dedicados a proveer servicios 'offshore': Appleby, fundado en Bermudas, y Asiaciti Trust, en Singapur. Del primero provienen siete millones de documentos; del segundo, cerca de medio millón. Además, incluye información de los registros mercantiles de 19 jurisdicciones opacas: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Isla de San Vicente y Trinidad y Tobago (Caribe); Islas Cook, Islas Marshall, Samoa y Vanuatu (Oceanía); Malta (Europa), Líbano (Oriente Próximo) y Labuán, territorio federal de Malasia (Asia). Es decir, se trata de una información aún más variada y compleja que la de los papeles de Panamá, publicada hace un año y centrada en el bufete legal Mossack Fonseca

[Álbum: estos son todos los implicados en los Paradise Papers]

Por política del ICIJ, aceptada por todos los medios que colaboran en este consorcio, ningún documento procedente de estas filtraciones se entrega directamente a las autoridades. Aun así, en el caso de los papeles de Panamá, la Fiscalía Anticorrupción pudo ahondar en algunos casos en los que ya estaba trabajando gracias a la información destapada por El Confidencial y La Sexta. Fue el caso de la trama Defex.

Asimismo, la ONIF pidió al Sepblac informes sobre 209 sociedades que se encuentran en la base de datos del bufete panameño Mossack Fonseca. La ONIF es la encargada de analizar datos e informaciones y elaborar los informes que se entregarán a las fiscalías, las cuales serán las encargadas de decidir si existen evidencias o no de delito. El servicio de prevención de blanqueo, dependiente en última instancia del Ministerio de Economía, también ha realizado 14 informes sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en los que incluyen a personas físicas o sociedades relacionadas con el despacho.

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