Así usan los millonarios españoles los trust, el sofisticado vehículo del 'tridente opaco'

Cuando el Gobierno aprobó la amnistía fiscal en marzo de 2012 —anulada este año por el Tribunal Constitucional—, los teléfonos y los correos electrónicos de despachos de abogados, consultorías y asesores fiscales comenzaron a echar humo. La inmensa mayoría de sus clientes solicitaban información acerca de los trámites necesarios para regularizar el dinero que permanecía oculto hasta entonces al fisco español. “Cualquiera que no teniendo motivos no fiscales (corrupción, divorcio, insolvencia…) no regularizó el tema en 2012 con ocasión de la amnistía fiscal, cometió una estupidez y estuvo muy mal asesorado”, manifestó un abogado fiscalista con problemas legales durante el 'reporteo' de los papeles de Panamá.

Los menos decidieron buscar nueva fórmulas para reforzar la ocultación de sus bienes no declarados. El 27 de abril de 2012, Asiaciti Trust, el bufete de Singapur protagonista de los Paradise Papers, la filtración recibida por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y El Confidencial y La Sexta en España, recibió un correo electrónico de un cliente español. “En España va a haber nuevas leyes obligando a declarar todas las cuentas y entidades en el extranjero”. Y proseguía: “Por ello, necesitamos un trust ‘offshore’ para nuestra sociedad de las Islas Cook”.

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Junto a sus padres, mantenía la compañía en el archipiélago del Pacífico, un territorio considerado paraíso fiscal por España, a través del cual controlaban una cuenta bancaria del ANZ Bank, uno de los principales bancos de Australia y Nueva Zelanda. En un 'email' posterior, abundaba en que “lo que queremos es que un APT ['asset protection trust'] posea nuestra LLC de las Cooks”. El correo incluía un enlace a la página de la Wikipedia sobre los trust. El Confidencial, que no ha podido localizar a este ciudadano español, ha decidido no revelar la identidad de esta persona al considerar que no es de interés público.

Los abogados de Asiaciti se pusieron manos a la obra y le enviaron información para la constitución de un trust en las Cook o San Cristóbal y Nieves. ¿La tarifa anual? 4.250 dólares el primer año y 2.800 dólares a partir del segundo. Además, Asiaciti le recordaba que “el escenario habitual es que el trust posea la propiedad de una o varias sociedades para añadir protección”. Los documentos internos del bufete de Singapur apuntan a que finalmente no se constituyó.

Los trust —la figura jurídica utilizada por los Trias— constituyen uno de los vehículos preferidos de las élites y las grandes fortunas para la gestión y ocultación de patrimonio. Junto a las sociedades ‘offshore’ y las fundaciones de interés privado, forman el ‘tridente opaco’. En palabras del economista Gabriel Zucman, autor de ‘La riqueza oculta de las naciones’, los tres instrumentos “no constituyen riqueza sino que son estructuras usadas para disociar el patrimonio de sus beneficiarios finales”. Los casos de las familias Cremades Carceller y Martinavarro ilustran cómo funcionan estas figuras jurídicas hasta ahora casi desconocidas en España.

Ente jurídico sin validez en España

El mecanismo de los trust, o fideicomisos, es muy similar al de una hucha. Mediante un acuerdo privado, una persona deposita bienes y activos en él con la intención de que en el futuro esa misma persona u otros beneficiarios —en el caso de donaciones o herencias— recuperen el patrimonio acumulado. Durante este periodo, un agente gestor como Appleby o Asiaciti, en el papel de ‘trustee’, mantiene el fideicomiso y administra los fondos transferidos. El trust es una de las figuras jurídicas más habituales en países de derecho anglosajón, incluidos paraísos fiscales como las Caimán, Bermudas o las islas del Canal.

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El problema surge cuando la figura del trust no es reconocida por un país de derecho continental, como sucede en el caso de España, donde carece de validez siempre y cuando no se mencione en un convenio de doble imposición. “Es muy arriesgado montar un trust en España, porque desde el punto de vista fiscal se va a tratar de forma deficiente y desde el civil no se va a reconocer”, subraya Sonia Martín, profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Cantabria.

Es muy arriesgado montar un trust en España: desde el punto de vista fiscal se va a tratar de forma deficiente y desde el civil no se va a reconocer

Sobre la fiscalidad de los fideicomisos, una opinión legal de Cuatrecasas hallada entre los 6,8 millones de documentos internos de Appleby explica que “las autoridades fiscales españolas suelen ignorar la figura del trust y ‘examinarlo’ con el objeto de atribuir los activos del trust a sus beneficiarios reales”.

“Los residentes españoles están obligados a informar a Hacienda de todo lo que tienen, también en entidades como los trust. Si existe algún incumplimiento, la Administración tributaria tiene muy complicado poder averiguar lo que una persona posee en un centro ‘offshore”, abunda Ángel Urquizu, director del Departamento de Derecho Privado, Procesal y Financiero de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Y añade: “Al final dependes de la ‘buena voluntad’ del otro territorio, y ya te puedes figurar que la ‘buena voluntad’ no existe”. Para Sonia Martín, de la Universidad de Cantabria, “el problema no es el trust sino la falta de transparencia”.

El trust de 112 millones de dólares de los Cremades Carceller

En octubre de 1992, dos décadas antes de que los paraísos fiscales saltaran al primer plano de la política internacional, el matrimonio formado por Javier Cremades de Adaro y María Carceller Coll constituyó The Macaja Trust en las Islas Caimán a través de Bank of America. Tres años antes, Cremades de Adaro había comprado la finca más grande del norte de España, el Real Sitio de Ventosilla, de 3.000 hectáreas, ubicada cerca de Aranda de Duero (Burgos). En ella fundó PradoRey, una de las bodegas de referencia de la Ribera del Duero.

Los negocios también ocupaban un lugar destacado en la vida de María Carceller Coll, fallecida el año pasado. Hija del ministro franquista Demetrio Carceller Segura, vinculado a la creación de las petroleras Campsa (1927) y Cepsa (1929), era hermana de Demetrio Carceller Coll, quien amplió los intereses empresariales de la familia a Hidrocantábrico, Banco Herrero o la cervecera Damm; y tía del heredero de la saga, Demetrio Carceller Arce, actual presidente de Damm y la petrolera canaria Disa y vicepresidente de Sacyr.

Mediante la constitución de Macaja Trust, Javier Cremades de Adaro y María Carceller Coll transferían al nuevo fideicomiso administrado por Bank of America la propiedad de cuatro sociedades ‘offshore’ registradas en las Caimán, Panamá y Bahamas, accionistas a su vez de varias empresas domiciliadas en España, Portugal y México.

Cuando Bank of America Cayman transfirió el fideicomiso de los Cremades Carceller a Appleby en julio de 2008, Macaja Trust tenía unos activos valorados por encima de los 112 millones de dólares (unos 72,5 millones de euros al cambio de la época) fruto de los préstamos sin interés realizados a las sociedades ‘offshore’. Por el mantenimiento del trust de cara a 2009, los Cremades Carceller tuvieron que pagar a Appleby cerca de 90.500 dólares.

"Esta estructura tenía por objeto asegurar activos", explican fuentes cercanas a la familia, debido a la confiscación de Fletamentos Marítimos como consecuencia de la expropiación de Rumasa en la década de 1980, que tenía un 3% de participación en la empresa familiar. Este hecho "supuso un antes y un después" para Javier Cremades de Adaro. Las mismas fuentes familiares aseguran que "jamás se utilizaron para sacar dividendos; todo se reinvirtió en España y todo pasó por el fisco nacional".

El trust y las cuatro sociedades 'offshore' se liquidaron en el primer trimestre de 2015 al perder su valor como consecuencia de la suspensión de pagos de Xeresa Golf, propietaria del complejo hotelero de lujo Villaitana, próximo a Terra Mítica, proyecto en el que los Cremades Carceller estuvieron acompañados hasta 2016 de socios de renombre como los exfutbolistas del Real Madrid Emilio Butragueño y Míchel, Matias Prats o Emilio Aragón.

El grueso de las inversiones realizadas por Macaja Trust tenía como vehículo las dos compañías registradas en las Caimán, Oasis Co Ltd y Marisol Co Ltd. Ambas sociedades poseían acciones de dos cotizadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): la naviera Fletamentos Marítimos y Rústicas, ambas empresas familiares de los Cremades Carceller. De acuerdo a un documento interno de Appleby de agosto de 2008, el valor de las acciones que Oasis y Marisol poseían en Fletamentos Marítimos y Rústicas ascendía a los 76,5 millones de dólares (unos 51 millones de euros de la época).

Sin embargo, ni Oasis ni Marisol aparecen citadas en las memorias y cuentas anuales de Rústicas de aquel año publicadas en la CNMV —Fletamentos Marítimos dejó de cotizar en 2006; Rústicas hizo lo propio seis años más tarde—. Según archivos del despacho fundado en Bermudas procedentes de los Paradise Papers, Oasis poseía 355.150 acciones de Rústicas y Marisol otras 164.150. Pero quien aparecía en los documentos públicos de Rústicas como propietario de 355.150 acciones era Bank of New York. ¿Cómo era posible? Un correo electrónico enviado desde la dirección corporativa de Rústicas explicaba que Bank of New York actuaba como custodio de las participaciones, alertando de que “una transferencia de las acciones sería muy cara (impuesto sobre beneficios, agente…)”.

"Los títulos valores de sociedades extranjeras de cualquier naturaleza siempre han estado representados por los bancos depositarios. Al menos así era en aquella época", sostienen las mismas fuentes.

Un trust para cada hermano Martinavarro

Las familias valencianas Martinavarro, Ballester y Dealbert llevan muy unidas desde hace siete décadas. En 1946 se unieron para crear el germen del Grupo Martinavarro, el gigante español en la producción y comercialización de cítricos. En los dos últimos años, la multinacional agrícola ha recibido dos espaldarazos inversores procedentes del fondo de capital riesgo Miura y Río Tinto Fruit para convertirse en el líder mundial del sector.

En 2001, los descendientes de las tres familias, algunos de ellos unidos en matrimonio, emprendieron otro proyecto común: la constitución de sendos trust en las Caimán —uno para cada hermano— para realizar inversiones en fondos a través de sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas. Al proyecto se unió la cuñada de uno de los hermanos.

Constituidos por Ansbacher, un bufete de administración y gestión de fideicomisos de las Caimán adquirido por Appleby en 2006, los nombres en inglés elegidos por la familia Martinavarro Dealbert evocan las playas paradisíacas del Caribe: ‘clearwater’ (agua clara), ‘sand’ (arena), ‘scuba’ (buceo), coral y palmera. Los cinco fideicomisos llegaron a acumular inversiones por valor de 12 millones de dólares (unos 8,3 millones de euros de la época).

“Las sociedades en las Islas Vírgenes Británicas se constituyeron, en su momento, para realizar determinadas inversiones financieras. En la actualidad, todas ellas están disueltas y liquidadas y sus fondos han sido transferidos a España, habiéndose comunicado lo anterior al Ministerio de Economía y Competitividad a través de los correspondientes modelos D-5B”, manifestaron en un comunicado conjunto los hermanos Alberto, José Luis y Esther Martinavarro Dealbert —esta última esposa de Joaquín Ballester Agut, otro de los propietarios de Martinavarro y consejero del Villarreal CF– y Mercedes Ferrer Ros de Ursinos, viuda de Enrique Martinavarro. La hermana de esta, María Luisa, y su marido no han contestado a las cuestiones remitidas por El Confidencial. La familia Martinavarro Dealbert añade que “tanto la existencia de dichas sociedades como su disolución fueron declaradas ante la Agencia Tributaria”.

En cuanto a los fideicomisos, señalan que han sido liquidados, “revocación no comunicada a ningún organismo en la medida en que dicha revocación no tiene ninguna transcendencia jurídica en España al no estar la figura del trust reconocida en derecho español”.

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