supusieron un antes y un después

Los papeles de Panamá desbloquearon las solicitudes de Hacienda a Mossack Fonseca

La Agencia Tributaria española suele buscar cuentas anuales, domicilios, operaciones financieras y, sobre todo, beneficiarios finales de la sociedad

Foto: Foto: Reuters.
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A comienzos de este mes de junio, la guardia civil detuvo al director de una oficina de Banco Popular en Tenerife. Le acusaba de haber ayudado al ciudadano ruso Vladimir Khmel a acumular un patrimonio de forma fraudulenta. Unos 17 millones de euros en fondos procedentes del blanqueo de capitales a través de inversiones en inmuebles y compañías turísticas de las Islas Canarias.

Con un esquema clásico en este tipo de casos, Khmel, que ocupó cargos públicos en Vladivostok antes de pasarse a los negocios privados, traía dinero a España a través de sociedades en jurisdicciones opacas. Una de ellas era Faro Marine SA, gestionada por el despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.

Justamente de esa compañía la Agencia Tributaria Española había solicitado información al bufete en enero de 2015. La respuesta de Mossack, a través de la Hacienda panameña, llegó en abril de 2016, más de un año después y una vez publicados los papeles de Panamá. El mismo patrón de peticiones de más de un año de antigüedad contestadas solo tras la publicación de la investigación periodística se repite en varios casos, poniendo de manifiesto cómo los papeles supusieron un antes y un después también para la colaboración del país caribeño con las autoridades europeas.

A la caza del contribuyente... en Panamá

"La Agencia Tributaria de España nos solicita información y documentación específica como soporte a investigación tributaria que adelanta en dicho país a los siguientes contribuyentes españoles…". Con esta fórmula se dirige a Mossack Fonseca el fisco panameño una vez recibida la petición desde este lado del océano, como consta en varias cartas incluidas en los documentos de la nueva entrega de los papeles de Panamá. La agencia suele buscar cuentas anuales, domicilios, operaciones financieras y, sobre todo, beneficiarios finales de la sociedad. No es una práctica nueva, sino que se incluye en los convenios de doble imposición y prevensión de evasión fiscal que Panamá tiene con otros países. Con España, lo firmó en 2011.

En el caso de la sociedad de Khmel, la información llegó a Mossack el 21 de abril de 2016. Los documentos internos del despacho muestran que los gestores del bufete, a petición de sus clientes, habían sustituido a los dueños de las sociedades (Khmel y otros ciudadanos rusos) por cuatro testaferros residentes en las Seychelles, una capa de opacidad que permitía esconder a los verdaderos beneficiarios.

En el momento de formalizar esa operación, en 2015, nadie dentro de Mossack Fonseca había levantado sospechas sobre la sociedad o sus dueños. Los correos internos muestran a los empleados tramitando peticiones como en cualquier otro caso, a pesar de que se trataba de un exdiputado de la Duma rusa, persona políticamente expuesta (PEP), por lo cual habría necesitado un trato especial.

Los negocios de Khmel, además, habían sido puestos ya en entredicho. Un cable de la embajada de Estados Unidos en Moscú enviado en 2009 y filtrado por Wikileaks un año después se refiere expresamente a los problemas del político. Se le acusaba de haber amasado su fortuna con el contrabando de mercancías, ya que habría aprovechado sus contactos políticos en Moscú y la ubicación privilegiada de la región en la que había conseguido su escaño, justo en la frontera oriental de China, para meter en Rusia todo tipo de productos del gigante asiático sin pagar los aranceles correspondientes. La Dirección de Aduanas del Lejano Oriente de la federación rusa le investigó por prácticas corruptas entre 2004 y 2007. El cable, además, relataba cómo Khmel y otros prominentes mandatarios de Vladivostok lograron doblegar al jefe de la oficina de Aduanas, Ernest Bakhshetsyan, con un montaje que provocó su condena a cinco años de cárcel por un supuesto abuso de poder.

Como en muchos otros casos sospechosos, los empleados de Mossack pasaron por alto la ‘due diligence’ necesaria para poder trabajar con este exdirectivo.

La red del gigante de la sanidad privada

Escasos días antes de transmitir la información sobre el ruso, la agencia panameña trasladó otra petición de España. Era el 11 de abril de 2016, habían pasado nueve días de la publicación internacional de los papeles y Panamá comunicaba a Mossack una petición española del 23 de febrero de 2015.

[Destapamos Mossack Fonseca, la gran fábrica de sociedades 'offshore']

En ese caso, la AEAT estaba investigando la estructura 'offshore' del grupo Hospiten, gigante canario de la sanidad privada que cuenta con hospitales en República Dominicana, Jamaica y México, además de en el resto de España. Mossack Fonseca custodiaba importante información sobre el grupo, tal y como publicó El Confidencial.

El grupo había constituido en 2011 Tuscany Investment Group, una sociedad con accionistas radicados en Jersey. No tenía actividad, sino que sus resultados se debían a los dividendos que recibía de Hospiten Holding y de la plusvalía de acciones por la venta de una parte de las acciones del grupo. "Todo ingreso de fuente extranjera recibido por Tuscany está exento de impuestos en la República de Panamá", se lee en los archivos de la firma panameña.

Los papeles de Panamá desbloquearon las solicitudes de Hacienda a Mossack Fonseca

La segunda pregunta de la agencia española sobre este mismo caso —emitida una vez recibida la primera respuesta— se remitió a Mossack Fonseca en cuestión de días. La ‘repregunta’ servía para hacer hincapié en un fundación privada utilizada por el dueño de Hospiten, Pedro Cobiella, para tener las acciones de la citada Tuscany.

Fuentes de la empresa aclaran que todo está perfectamente declarado ante el fisco español y que los únicos litigios de Hospiten con la Agencia Tributaria española (relativos a los ejercicios 2008, 2009 y 2010) se refiere a inspecciones rutinarias. De hecho, los mismos están pendientes de la resolución del TEAR de Canarias, como consta en las cuentas anuales de la firma.

“No tenemos esa información”

En el caso ruso y en el del grupo hospitalario, Mossack facilitó información básica de las sociedades. No pasó lo mismo con una solicitud contestada en mayo de 2016. Las autoridades españolas buscaban información sobre los dueños de Citrone Property INC, una sociedad abierta por el conocido banco suizo UBS. Buscaban, además, posibles contactos con otra mercantil española. La lacónica respuesta de Mossack Fonseca se limitaba a pasar el contacto de un gestor de la entidad y a contestar lo mismo a todas las preguntas del fisco: “No disponemos de esa información”.

En el marco de otras pesquisas, la Agencia Tributaria española remitió también una carta, la más extensa de las que llegaron a Mossack Fonseca. Consta de 13 preguntas relacionadas con una sociedad anónima, Occident Off-Shore INC, y una sobre una fundación de interés privado, Wharton Foundation. La carta no obtuvo respuestas positivas y este periódico no ha podido identificar a los dueños últimos de dichas mercantiles.

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