Los Domecq intentaron desligar sin éxito a la mujer de Cañete de los papeles de Panamá

En marzo de 2016, la inquietud se palpaba en la familia política del comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete. Periodistas de El Confidencial ya habían contactado con los Domecq para pedir su versión sobre la sociedad Rinconada Investments Group, creada por el despacho panameño Mossack Fonseca para controlar cuentas en Suiza del Deutsche Bank. Entre las firmas autorizadas estaba la de Micaela Domecq Solís, esposa de Arias Cañete. Así que la prioridad de la familia para minimizar daños fue pedir al despacho panameño un certificado que desligara a Micaela Domecq de la empresa. La respuesta de Mossack Fonseca fue que no podía hacerlo porque le constaba como firma autorizada. Así consta en la nueva documentación (1,2 millones de documentos producidos entre inicios de 2016 y finales de 2017) obtenida por el 'Süddeutsche Zeitung' y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que en España publican El Confidencial y La Sexta.

La documentación interna de Mossack revela el trajín de los días previos a la publicación de los papeles de Panamá. El 7 de marzo de 2016 recibieron la llamada de Juan Pedro Dávila, "representante familiar de la sociedad a través de Collection Department". Este pidió, según esta documentación, que Mossack certificase que "la sociedad está inactiva desde 2010 y que no ha tenido actividad y que no mantiene ningún activo". Lo pedía porque los periodistas le estaban solicitando esta información y quería demostrar que la firma estaba inactiva.

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En el despacho se suceden entonces una serie de documentos explicando en qué estado se encuentra Rinconada Investments: "La sociedad no tiene apoderados, tiene acciones al portador y no tenemos evidencia de quién es el UBO de la sociedad". El UBO ('ultimate beneficial owner') es el dueño final de la empresa, y al usar acciones al portador no hay forma de saber quién es porque la titularidad la da la tenencia del certificado, que generalmente se guarda en una caja de seguridad. Con el uso de estas empresas, la Justicia se topa con un muro en caso de pedir saber quién es el dueño del dinero. A partir de 2005, cuando entró en vigor la Directiva Europea sobre el Ahorro, la banca suiza recomendó el uso de estas sociedades al portador en paraísos fiscales como titulares de las cuentas en sus sucursales. Así, formalmente cumplían la norma europea de dar información sobre los titulares de las cuentas, pero en la práctica esos titulares eran opacos.

Sin embargo, desde Mossack no pueden acceder a la petición de la familia Domecq, al considerar que no pueden certificar que la sociedad estuviese sin actividad o que no tuviese activos. Sí admiten que pueden acreditar que el último pago recibido de la sociedad fue en 2010 y que se mantenía inactiva en término de pagos de licencias. Los registros de Mossack apuntan a que la sociedad estaba en letargo e inactiva el 12 de junio de 2009, para a continuación añadir que no les consta que se concluyera el proceso.

Figura entre las firmantes autorizadas de la cuenta en el Deutsche Bank de Suiza y aparece como Persona Políticamente Expuesta

Pero eso no es sufiente para Dávila, que posteriormente plantea otra petición. Reclama una certificación de Mossak Fonseca según la cual quede claro que no se ha concedido ningún poder de administración a doña Micaela Domecq Solís. Considera que eso debería ser posible. Tras pagar por adelantado 350 dólares por la emisión del certificado, el representante de los Domecq pide el reingreso del dinero al no aceptar finalmente la opinión legal, ya que como contrapartida Mossack Fonseca le pide información detallada sobre los beneficiarios finales de Rinconada para actualizar sus registros.

Dávila responde por correo electrónico a este diario que es "rigurosamente falso" que pidiera a Mossack que desligara a nadie de Rinconada: "Lo único que se pidió fue un certificado sobre la situación jurídica real de dicha sociedad". Posteriormente, al ser preguntado por qué pidió un certificado que excluyera a Micaela Domecq, añade: "Cuando solicitamos la información sobre la situación jurídica real de la sociedad, dado que no nos constaba la existencia de ningún poder a favor de miembros de la familia, solicitamos una certificación de que no se había otorgado ningún poder, inicialmente con carácter genérico y posteriormente referido a doña Micaela Domecq Solís en particular". Un portavoz de Cañete se remitió a esa explicación.

El personal de Mossack Fonseca repasa entonces su documentación sobre Rinconada y revisa "los firmantes autorizados de la cuenta bancaria en el Deutsche Bank (Suisse)", entre los que está Micaela Domecq junto a otros 11 familiares repartidos en dos grupos. Y concluye que no puede acceder a la petición de certificar que Micaela Domecq no ha tenido ningún poder. En un correo interno señalan que no pueden acreditar eso porque "ella es casualmente una de las firmantes autorizadas de la cuenta en el Deutsche Bank" y figuraba como PEP (persona políticamente expuesta). En esa ficha PEP figuraba: "Esposa de Miguel Arias Cañete, miembro del Parlamento Europeo". Arias Cañete fue eurodiputado entre 1986 y 1999.

Al estallar el escándalo, Arias Cañete justificó que la sociedad estaba inactiva y que él estaba casado en separación de bienes. Micaela Domecq pertenece a una de las grandes fortunas de Andalucía. Arias Cañete ha participado activamente en los negocios de su familia política. Antes de ser ministro de Medio Ambiente, era accionista y presidente de Petrolífera Dúcar (en Ceuta) y Petrologis Canarias, dos empresas dedicadas al abastecimiento de combustible a buques y propiedad de su cuñado Miguel Domecq Solís. Estas empresas dependen de una sociedad pantalla en Holanda —así al menos la ha calificado la Agencia Tributaria—, que a su vez remite al paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Hacienda investigó este nexo 'offshore' aunque, según las cuentas de la empresa, salvó la inspección sin acta. Aun así, la Agencia Tributaria pidió a La Sexta la documentación que relacionaba a Micaela Domecq con Panamá.

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No es el único roce que Arias Cañete tuvo con el departamento que dirigía su compañero de partido Cristóbal Montoro. El comisario perdió este año un contencioso contra la Agencia Tributaria que le inspeccionó y concluyó que había fingido gastos en Ceuta cuando era presidente de Dúcar, aunque en realidad trabajaba desde Jerez de la Frontera (Cádiz).

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