Bancos y abogados que operen 'offshore', en el foco de Europa tras los papeles de Panamá

Año y medio de trabajo después de haberse puesto en marcha como reacción a la publicación de la investigación periodística de los papeles de Panamá, la Comisión de Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión de Impuestos (PANA) del Parlamento Europeo (PE) ha llevado este miércoles a votación las conclusiones y recomendaciones de su informe final ante el Pleno de la Eurocámara. Los europarlamentarios han votado mayoritariamente a favor de las propuestas del documento que serán llevadas próximamente ante la Comisión Europea y el Consejo para que sean allí evaluadas.

La resolución final del conjunto de las más de 400 recomendaciones y enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios ha contado con 492 votos a favor, 50 en contra y 136 abstenciones.

La Comisión PANA concluyó durante sus trabajos que la Unión Europea está fracasando en su lucha para evitar el blanqueo de capitales y la evasión de impuestos. Así como subrayó la “falta de voluntad política entre algunos Estados miembros para aplicar reformas” que palien esos problemas.

El Europarlamento ha votado fundamentalmente recomendaciones sobre cómo regular mejor las actividades de los intermediarios financieros (bancos, abogados y sociedades de servicios ‘offshore’), garantizar una mayor protección de los denunciantes que informan a los medios y administraciones sobre actividades ilegales, y la creación de una definición única sobre lo que es un paraíso fiscal.

“Los resultados transversales de la votación evidencian que este no es un problema de izquierdas o de derechas, sino de integridad política”

Entre las recomendaciones aprobadas en la resolución final destacan la imposición de sanciones a los bancos y otros intermediarios financieros que colaboren en el blanqueo de capitales y la elusión y evasión de impuestos, o la propuesta para crear una comisión permanente en la Eurocámara que mejore los mecanismos de control.

La eurodiputada por UPYD Maite Pagazaurtundúa ha manifestado a este diario que “es una resolución bastante buena” y que “los resultados transversales de la votación evidencian que este no es un problema de izquierdas o de derechas, sino de integridad política”. Ha destacado Pagazaurtundúa que la recomendación de una comisión permanente que siga trabajando más allá de los papeles de Panamá “permitirá que no se olvide la ardua tarea realizada durante estos meses y evitar así que acabe en el cajón de los recuerdos”.

Por su parte, el europarlamentario de Podemos Miguel Urbán ha criticado este miércoles que diversas recomendaciones del informe no hayan sido aprobadas porque populares y liberales, apoyados con la abstención de los socialistas, hayan querido “mutilar el texto”. Entre los puntos no aprobados y que sí apoyaba Podemos estaban la creación de una armonización fiscal a nivel europeo para evitar la baja tributación en ciertos países o el establecimiento de medidas para combatir la elusión fiscal de grandes multinacionales.

Urbán ha asegurado que tras la “mutilación del texto salido de la Comisión PANA, hemos blanqueado la evasión y la elusión fiscal en la UE”

Jurisdicciones opacas en la UE

El informe final de la Comisión PANA, aprobado este miércoles en su mayoría por el PE, reconoce que la publicación de los papeles de Panamá fue “resultado de un trabajo meticuloso de investigación”. El propio comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, calificó el informe este martes como “un éxito”.

La filtración al diario alemán 'Süddeustche Zeitung' de 11,5 millones de documentos internos del despacho de abogados Mossack Fonseca dio lugar a la investigación de los papeles de Panamá publicada a partir de abril de 2016, un trabajo coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), y en el que participaron más de 100 medios de todo el mundo, El Confidencial y La Sexta en exclusiva para España.

El pasado 5 de diciembre, la Unión Europea incluyó Panamá, donde está la sede de Mossack Fonseca, en una lista negra de paraísos fiscales. España no considera una jurisdicción opaca a ese país centroamericano desde la firma del acuerdo de para evitar la doble imposición de 2011.

Pierre Moscovici pidió este martes en Estrasburgo a los Estados miembros que apliquen por su cuenta sanciones internas concretas contra los países que aparecen en la lista de paraísos fiscales aprobada la semana pasada por la UE.

"Se tienen que establecer sanciones disuasorias rápidamente para mantener la presión sobre esos países", subrayó Moscovici durante un discurso en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo. Moscovici, quien entiende que haber enunciado la lista "es un primer paso", pero sigue siendo necesario "ir más allá".

Entre los 17 países señalados en esa clasificación no están Suiza, Islas Caimán, Isla de Man o las Islas del Canal, pero tampoco ningún Estado miembro de la UE que actualmente otorga grandes ventajas fiscales a particulares y compañías multinacionales como Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda, Malta o Chipre.

Precisamente, este miércoles fue votada en el Pleno una enmienda auspiciada por el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas que pedía reconocer a Países Bajos, Malta, Luxemburgo e Irlanda como paraísos fiscales. No fue aprobada por el menor margen posible: el empate entre votos a favor y en contra, 327, y 24 abstenciones.

La enmienda de los eurodiputados progresistas se sustentaba en puntos como el siguiente: “Según una investigación publicada por la Universidad de Ámsterdam, el 23% de todas las inversiones empresariales que acaban en paraísos fiscales pasaron a través de Países Bajos”.

Los papeles de Panamá: la punta del iceberg

La última gran filtración analizada y publicada por el ICIJ y otros medios -El Confidencial y La Sexta en España-, los Paradise Papers, demostró que compañías multinacionales y grandes fortunas continúan eludiendo o evadiendo impuestos a través de jurisdicciones opacas e, incluso, en Estados miembros de la UE. Empresas como Apple, Nike o Uber se sirven de complejas estructuras fiscales para eludir el pago de tributos con la ayuda del despacho ‘offshore’ Appleby, usando acuerdos ad hoc con administraciones fiscales como las de Países Bajos o Irlanda.

TE PUEDE INTERESAR

El rastro fiscal que explica cómo Nike, Apple y Uber se ahorran millones en impuestos

María Zuil Simon Bowers (ICIJ)

La semana pasada, tres periodistas que participaron en los Paradise Papers comparecieron ante el Comisión PANA para explicar los principales hallazgos de la investigación. Uno de los eurodiputados ponentes de PANA, el danés Jeppe Kofod, explicó tras la comparecencia de los reporteros: “Lo que pedimos al Parlamento es que constituya una comisión especial para esclarecer los hechos que reflejan los Paradise Papers, para llamar a testigos, a las personas que mencionan esos papeles, a testificar ante el Parlamento Europeo; para analizar las estructuras utilizadas y estudiar la forma de evitar que puedan seguir utilizándose”.

Repercusiones en España

A finales de noviembre, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, indicó en el Senado que tras la publicación de los papeles de Panamá se habían recuperado hasta la fecha 103 millones de euros. El análisis y el trabajo periodístico de los documentos internos del despacho de abogados Mossack Fonseca ha propiciado también que Hacienda abriera 131 nuevos expedientes de investigación, que las declaraciones hasta 155 contribuyentes hayan sido escrutados y que 11 hayan sido encausados por delito fiscal.

Montoro indicó en el Senado que tras la publicación de los Papeles de Panamá se habían recuperado hasta la fecha 103 millones de euros

Asimismo, el ministro recalcó que ya se han iniciado actuaciones sobre los personas y sociedades aparecidas en los Paradise Papers. Montoro señaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UNIF) de la Agencia Tributaria había comenzado a trabajar con la información publicada por El Confidencial y La Sexta. A principios de noviembre, el ministro ya había confirmado que la Agencia Tributaria investigaría "de oficio" a los contribuyentes españoles que aparecieron en los Paradise Papers por su posible vinculación a sociedades registradas en paraísos fiscales.