Dinamarca compra documentos de los papeles de Panamá por 1,2 millones de euros

El Gobierno de Dinamarca ha tenido acceso a los archivos de los papeles de Panamá para investigar a los cerca de 600 daneses que aperecen en los datos, procedientes del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca. Para hacerlo, Dinamarca pagará algo más de un millón de euros a una "fuente anónima" que se ha acercado al ejecutivo este verano.

Así lo ha confirmado el ministro de Hacienda, Karsten Lauritzen: "Todo apunta a que esta información es muy útil y se lo debemos a todos los contribuyentes daneses que pagan sus impuestos religiosamente", ha explicado al diario danés Politiken. Es la primera vez que este país decide comprar información sobre sus contribuyentes y, como han detallado altos cargos del ministerio, han servido para identificar al menos 320 casos de posible evasión de impuestos.

Los Papeles de Panamá fueron publicados el pasado mes de abril por más de cien medios en todo el mundo, El Confidencial y La Sexta en España, y representan la mayor filtración en la historia del periodismo. La información fue recibida más de un año antes por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y la investigación, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, destapó las sociedades pantallas de decenas de políticos, como el exministro José Manuel Soria, y jefes de Estado. La fuente de esta información se hizo conocer como John Doe, nombre con el que se identifica en inglés a una persona anónima.

En el anonimato permanece también la persona que se ha acercado al gobierno danés. Como ha detallado Lauritzen, la Hacienda de un tercer país puso en contacto su departamento con la fuente, quien mandó una muestra de la información para que el gobierno pudiera estudiarla. Jim Sorensen, un alto cargo de la agencia tributaria local, destacó ante la prensa la calidad de los documentos: "Son reales y contienen información muy relevante para nosotros".

Esta información puede ser un gran avance en la investigación sobre los paraísos fiscales

La información no solo contiene los nombres de los posibles evasores fiscales sino que también facilita datos sobre los métodos usados por los asesores: "puede ser un gran avance para la investigación sobre los paraísos fiscales", añadió Sorensen.

¿Y España?

España rechazó desde un principio comprar datos internos de Mossack Fonseca que durante los dos últimos años alguien ofreció a las autoridades fiscales de diversos países, tal y como confirmaron fuentes oficiales alemanes contactadas por 'Süddeutsche Zeitung'. En febrero de 2015, la policía alemana registró la sede del Commerzbank, uno de los mayores bancos del país, ante sospechas de fraude fiscal por parte de su filial luxemburguesa. Esta operación se desencadenó después de que las autoridades fiscales alemanas compraran documentos internos de la firma panameña a un denunciante anónimo. La información fue ofrecida posteriormente a las autoridades fiscales de Reino Unido, Estados Unidos y otros países.

En España es habitual no pagar por documentos procedentes de filtraciones en asuntos fiscales, ya que los denunciantes pueden exigir más dinero en función de los resultados de la posterior investigación tributaria. Fuentes de la AEAT detallan que no existen cacues legales que lo regulen. Según explicó a este diario José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), quien debería dar luz verde a un pago de este tipo es el Gobierno y "la Agencia Tributaria no está habilitada para ello". "Hay propuestas que pretenden dotarla de fondos reservados, pero no es lo más recomendable. La potestad debe ser del Gobierno", consideró.

No es la primera vez que un 'filtrador' colabora con las autoridades fiscales de un país. Además del citado caso que acabó con el registro del Commerzbank, el informático Hervé Falciani facilitó los datos obtenidos del banco suizo HSBC a las autoridades de Francia. A través de este país, también España tuvo acceso a la información, que permitió a la Agencia Tributaria recaudar al menos 260 millones de euros.