Los filtradores de LuxLeaks se enfrentan a la cárcel, otros denunciantes viven en el exilio
Héroes para unos, villanos para otros, los responsables de las filtraciones masivas han acabado perseguidos y condenados por las autoridades políticas y judiciales de sus países
Toda buena acción tiene su justo castigo. El popular dicho cobra especial pertinencia al referirse a las personas anónimas que denuncian la corrupción o prácticas al borde de la legalidad. Buena muestra de ello es el juicio que se está celebrando esta semana en Luxemburgo contra los antiguos empleados de la auditora PwC Antoine Deltour y Raphaël Halet y el periodista francés Edouard Perrin por filtrar y revelar los acuerdos comerciales secretos del Gran Ducado con multinacionales para ahorrarse millones de euros en impuestos. El escándalo LuxLeaks, publicado por El Confidencial en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) hace un año y medio, obligó a los estados de la Unión Europea a acordar un intercambio de información cada seis meses de los ‘tax rulings’ de cada país.
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Los tibios avances en materia de transparencia económica de los países miembro contrastan con la dureza de los cargos judiciales contra Deltour, Halet y Perrin por dar a conocer los documentos secretos de Luxemburgo. Los tres se enfrentan a penas de entre cinco y 10 años de prisión y multas superiores al millón de euros por los supuestos delitos de robo de documentos, revelación de información confidencial y violación del secreto profesional.
“Los denunciantes anónimos deben ser elogiados, no condenados. Algunos de los mayores escándalos revelados en los últimos tiempos han dependido de gente valiente que se muestra dispuesta a trabajar con los periodistas para exponer a la luz pública malas prácticas”, manifestó Gerard Ryle, director del ICIJ.
El juicio contra los dos alertadores y el primer periodista que manejó la información de LuxLeaks coincide en el tiempo con la aprobación de la 'Directiva para la protección de secretos comerciales' por parte del Parlamento Europeo. El texto, aprobado con 503 votos a favor, 131 en contra y 18 abstenciones, pretende proteger los secretos comerciales contra su adquisición ilegal, su uso y divulgación, según informó EFE.
Para algunos partidos y numerosas organizaciones civiles y asociaciones de periodistas, la directiva supone una restricción de la libertad de prensa y la necesaria protección de las fuentes y denunciantes anónimos. “El escándalo de los papeles de Panamá ha demostrado el importantísimo papel que hoy en día tienen los informantes y periodistas de investigación al sacar a la luz información de interés público”, manifestó Ernest Urtasun, eurodiputado español de ICV.
Para el grupo de activistas Xnet, “la directiva contiene una desproporcionada definición de secretos comerciales que convierte prácticamente toda información interna de una empresa en secreto comercial por defecto”. Y añaden: “La transparencia debería ser la norma y el secreto profesional la excepción, no al revés”.
Héroes o villanos
¿Priman el interés público o la privacidad comercial en las filtraciones masivas? ¿Los denunciantes anónimos son héroes o villanos? Aparte de los debates éticos y legales, lo que está claro es que los informantes de las grandes filtraciones periodísticas más recientes están viviendo en el exilio o en la cárcel.
WikiLeaks inauguró en 2010 la época de las filtraciones masivas con la publicación de cientos de miles de cables diplomáticos, muchos de ellos considerados reservados o secretos. El origen de gran parte de estos documentos fue el analista Chelsea Manning, quien cumple actualmente 35 años de prisión en Estados Unidos tras ser condenado por infringir la ley de espionaje, robar información gubernamental y abusar de su posición. Por su parte, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, permanece recluido en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012 para evitar ser extraditado a Suecia, país que le acusa de delitos sexuales.
Otro estadounidense, Edward Snowden, captó información de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) que ponía de manifiesto el espionaje masivo de Estados Unidos sobre ciudadanos de todo el mundo. Antes de la publicación de los documentos en exclusiva por 'The Washington Post' y 'The Guardian', Snowden decidió exiliarse de Estados Unidos para evitar posibles consecuencias legales. Tras aterrizar en Hong Kong, el analista de la NSA vive actualmente en Rusia.
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A diferencia de Edward Snowden, Hervé Falciani proporcionó información de las cuentas bancarias del HSBC de Ginebra entre 2006 y 2008 a las autoridades francesas. A principios de 2010, Francia se puso en contacto con las haciendas de varios países, entre ellos España, quienes recibieron a su vez las listas de clientes. Desde entonces, el informático monegasco vive en el anonimato fuera de Suiza, país que le ha condenado a cinco años de cárcel por espionaje económico. La lista Falciani completa fue publicada en febrero de 2015 por El Confidencial, La Sexta y el ICIJ, entre otros medios internacionales.
Estos tres medios, junto a un centenar, entre los que figuran 'Süddeutsche Zeitung', 'The Guardian', 'Le Monde' o 'La Nación', han publicado hace prácticamente un mes los papeles de Panamá, 11,5 millones de documentos internos del bufete panameño Mossack Fonseca que representan la mayor filtración de la historia. Al igual que en el caso de Offshore Leaks, la primera investigación en la que este medio participó con el ICIJ, no se conoce la identidad del denunciante. Es más, la fuente anónima exigió a Frederik Obermaier y Bastian Obermayer, los periodistas alemanes que obtuvieron la filtración, dos requisitos: toda comunicación sería encriptada y nunca habría un encuentro en persona. "Mi vida está en peligro", argumentó la fuente anónima de los papeles de Panamá. Vistos los antecedentes, no le faltaba razón.
Toda buena acción tiene su justo castigo. El popular dicho cobra especial pertinencia al referirse a las personas anónimas que denuncian la corrupción o prácticas al borde de la legalidad. Buena muestra de ello es el juicio que se está celebrando esta semana en Luxemburgo contra los antiguos empleados de la auditora PwC Antoine Deltour y Raphaël Halet y el periodista francés Edouard Perrin por filtrar y revelar los acuerdos comerciales secretos del Gran Ducado con multinacionales para ahorrarse millones de euros en impuestos. El escándalo LuxLeaks, publicado por El Confidencial en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) hace un año y medio, obligó a los estados de la Unión Europea a acordar un intercambio de información cada seis meses de los ‘tax rulings’ de cada país.