LOS DATOS DE FALCIANI DESATARON EL PÁNICO

El lío de Hacienda con la lista: amnistía encubierta, despidos y "que decida el juez"

El envío de la lista Falciani desde Francia en 2010 provocó el mayor revuelo jamás vivido en Hacienda. Los nombres que aparecían desataron el pánico .

Foto: Elena Salgado era ministra de Economía y Hacienda cuando España recibió la lista
Elena Salgado era ministra de Economía y Hacienda cuando España recibió la lista

El envío de la lista Falciani desde la Hacienda francesa a la española en 2010 provocó el mayor revuelo jamás vivido en la Agencia Tributaria. Los nombres que aparecían en ella, empezando por la familia Botín, desataron el pánico entre los entonces responsables del Gobierno socialista. En una decisión tildada de "amnistía encubierta" por los inspectores y los técnicos, se decidió hacer un requerimiento para que los defraudadores regularizaran de forma voluntaria y evitaran así el banquillo. Aun así, como no estaban seguros de si las cantidades pagadas eran correctas, decidieron ponerlo en manos del juez... que se acabó fiando de lo que decía Hacienda. Y con todo, el escándalo acabó costando el cargo al director de la Agencia, Luis Pedroche.

[Aquí puedes leer: "Nombres, cuentas e ingresos en Suiza. ¿Qué se sabe hasta ahora de la Lista Falciani?"]

Según fuentes que estaban en la Agencia en esos momentos, la llegada de la lista Falciani fue un terremoto. Había tanta gente y los nombres que aparecían en ella eran de tal calibre que nadie tenía claro qué era mejor hacer con ella. Los altos cargos de la AEAT consultaron con el entonces secretario de Estado, Carlos Ocaña, y este a su vez con la ministra, Elena Salgado. Las opciones eran lanzar la inspección contra todos los implicados y acusarlos de delito fiscal o hacerlo de una forma más light, con una regularización "voluntaria" que los librara del banquillo gracias a la llamada "excusa absolutoria".

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En esta decisión influyeron, oficialmente, dos factores muy relevantes: el origen de los datos, es decir, un robo de información que podía ser considerado ilícito y anular así la prueba clave en un proceso penal (de hecho, Suiza acusó a Hervé Falciani de varios delitos y pidió su extradición); y que la fórmula de enviar un requerimiento para que regularizaran de forma voluntaria interrumpía la prescripción del posible delito fiscal, algo muy importante porque el primer ejercicio que aparecía era 2005 y estábamos en 2010. Eso significa que los afectados deberían pagar por todos los años incluidos en la lista  y, en el caso de que no lo hicieran voluntariamente, se les podía denunciar por delito fiscal en esos ejercicios.

Pero extraoficialmente, las fuentes consultadas reconocen que pesaron mucho los nombres de los contribuyentes. Y a eso se añadía que, en aquel entonces, la crisis inmobiliaria y bancaria estaba en su apogeo: las inmobiliarias quebraban por decenas y se estaban creando las fusiones de cajas (primero frías y luego calientes) que dieron lugar a Bankia, Catalunya Banc, Novagalicia, Banca Cívica, Mare Nostrum o Unnim, y ya se veía claro que algunas no iban a aguantar de ninguna manera. Por todo ello, no convenía ponerse en contra al principal banco del país, que se suponía que iba a tener un papel predominante tanto en el sector inmobiliario como en el financiero. Porque en lo que coinciden todas las fuentes es en que el apellido que puso los pelos de punta fue el de Botín.

Regularizar pagando un 26% de la deuda

Con todo esto sobre la mesa, se decidió optar por la regularización "voluntaria" y se mandó un requerimiento de la unidad de gestión –no de inspección– que fue lo que encendió los ánimos de los inspectores y los técnicos de Hacienda. Además, aparte de librarles del delito, esta fórmula reducía enormemente las sanciones, ya que sólo se aplicaban sobre la rentabilidad obtenida por las cuentas, no sobre el dinero depositado en las mismas. Sí le sería aplicable el recargo por no declarar a tiempo, pero aun así la factura era muy inferior a lo defraudado.

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Según un ejemplo elaborado por los inspectores, si un defraudador tenía 2 millones en el HSBC procedentes de actividades económicas no declaradas y unos intereses del 4% anual durante tres años (240.000 euros en total), tendría que haber pagado el 43% de los 2 millones (860.000) y el 18% de 240.000 (43.200), es decir, 903.000 euros sin contar el impuesto sobre el Patrimonio. Con la regularización de Salgado tuvo una sanción máxima del 150% sobre lo que debería haber abonado de intereses (los 43.200), es decir, 64.800. Aparte, tendría un recargo del 20% –también máximo–, esta vez calculado sobre los 860.000 que no declaró en su día por actividades económicas, lo que supone 172.000 euros. Así, satisfaría como mucho 236.800 euros (64.800+172.000), sólo el 26% de los 903.000 euros defraudados. Y encima, se le podría aplicar una reducción del 25% por pronto pago.

El follón de Botín

Y aun así, los afectados inicialmente ignoraron el requerimiento porque Hacienda se volvió a liar: no dejó claro inicialmente que esta regularización eximiera del delito fiscal y de la inspección, con lo que los titulares de las cuentas no veían ninguna ventaja en regularizar. Hubo que darles garantías posteriormente para que se animaran a hacerlo. Y cuando pasaron por el aro, llegó la gran traca. Se suponía que, aparte de esquivar el delito, pagar les libraba de la publicidad. Pero en el caso de los Botín, había tal maraña de sociedades en Panamá e Islas Vírgenes, testaferros, trusts, etc., que nadie en la Agencia se atrevía a asegurar que los 211 millones abonados eran correctos.

Álbum: Pinche en la imagen para ver los nombres de la lista Falciani

 

"Los inspectores querían que decidiera su jefe, el jefe quería que decidiera el Ministerio, el Ministerio, que decidiera el fiscal, y el fiscal, que decidiera el juez", resume gráficamente una de las fuentes. Y así fue cómo el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió imputar a toda la familia el 16 de junio de 2011, en un auto que provocó el mayor escándalo al que tuvo que enfrentarse en su vida el difunto Emilio Botín. Es decir, justo lo que creía haber evitado pagando a Hacienda. Lo más gracioso es que el magistrado encargó a los mismos inspectores iniciales un peritaje de si era correcto o no, que concluyeron con que no podían estar seguros pero que podía ser correcto. Y sobre esa base, Andreu archivó la causa, si bien dejando constancia de que la aplicación de la norma no implica que los Botín no fueran culpables.

Destituciones y recaudación pírrica

Todo este enredo acabó con la destitución de los responsables de esta investigación y del propio director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, aunque aquí hay versiones encubiertas: él se consideró víctima de la lista Falciani, mientras que otras fuentes aseguran que estaba enfrentado con los inspectores y que no gozaba de la confianza de Salgado, que lo había heredado de Pedro Solbes

Con este sistema sólo se recaudaron 264 millones, según dijo Ocaña en el Congreso en octubre de 2010. De ellos, 211 provenían sólo del clan Botín. El secretario de Estado socialista aseguró entonces que ese dinero "se verá incrementado con toda seguridad", aunque no volvieron a darse cifras. Las fuentes consultadas explican que la cantidad posterior es ínfima por el reducido importe de las multas. Asimismo, entre 15 y 20 nombres de la lista prefirieron acudir a los tribunales y aún no hay sentencia firme, es decir, resolverá el Supremo sobre si la lista es admisible como prueba o no. Lo que sí se resolvió fue la extradición de Falciani, que fue rechazada por la Audiencia Nacional en 2013 porque los delitos de los que le acusaba Suiza no existen en España y porque había sospechas de que lo que sí era delictivo era el comportamiento del HSBC.

Lista Falciani
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