El Supremo cierra la puerta a que los Botín recuperen 25 millones de Falciani

El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta a que Jaime Botín y sus cinco hijos recuperen parte de lo que pagaron por la lista Falciani. En una sentencia de la sala tercera, el Supremo rechaza que Marcelino Botín Sanz de Sautuola Naveda recupere 1,7 millones que pagó en 2010 cuando Hacienda conoció las cuentas de la familia Botín en el HSBC de Ginebra gracias a Hervé Falciani. Como adelantó El Confidencial, esta rama de los Botín tiene distintos pleitos por los que reclama 25 millones de los 100 que abonaron. Esta es la primera sentencia, pero marcará el camino del resto.

TE PUEDE INTERESAR

Recurso contra el doble rasero en la lista Falciani: la prescripción, rumbo al TC

B. Parera R. M

El Supremo ha informado de que rechaza el recurso de Marcelino Botín y confirma el fallo de la Audiencia Nacional, que ya tumbó su pretensión. Los Botín pagaron más de 200 millones en 2010 cuando Hacienda les avisó por carta —como al resto de evasores— de que conocía sus cuentas en Suiza. Ellos lo achacaron a la herencia del abuelo, pero la regularización era muy complicada y la prescripción estaba cerca. Hacienda denunció el caso en Anticorrupción para que dejara de correr el plazo. Un año después, cuando vio que habían regularizado correctamente con esos 200 millones, el caso se archivó en la Audiencia Nacional.

Ese pago voluntario les eximió del delito fiscal al acogerse a la 'excusa absolutoria', que dice que uno no puede ser perseguido penalmente si regulariza antes de que Hacienda le inspeccione. La mayoría de los evasores de la lista Falciani pagaron 'voluntariamente' y se libraron de ser perseguidos por delito penal. Sin embargo, tras ver su caso archivado en la Audiencia Nacional, Jaime Botín y sus cinco hijos pidieron de vuelta lo regularizado por el ejercicio 2005, al considerar que ya estaba prescrito en vía administrativa (cuyo plazo de caducidad es de cuatro años, uno menos que en vía penal).

Para el Supremo, "la actuación del recurrente, pretendiendo la solicitud de devolución, después del pronunciamiento de la jurisdicción penal, resultaría contraria a sus propios actos y hasta podría calificarse como fraude de ley, en cuanto realizó un ingreso para conseguir la exoneración de la responsabilidad penal". La Audiencia Nacional ya había calificado de "torsión jurídica" ese intento.

En 2013, con la reclamación ya en curso, Jaime Botín escribió en 'El País' que había pagado de forma totalmente voluntaria y debido a la crisis económica que vivía España. El Supremo considera que el ingreso nunca tuvo el carácter de indebido, como pretendía el recurrente, sino que fue “debido, como así lo consideró el orden penal para la aplicación de la excusa absolutoria”.

La cuantía que Marcelino Botín pretendía que Hacienda le devolviese era de 1.796.373 euros por el IRPF de 2005, y 273.699 euros del impuesto sobre el patrimonio del mismo ejercicio. El Supremo solo admitió el recurso en relación a la primera cantidad. La reclamación sobre el impuesto de patrimonio no alcanzaba los 600.000 euros mínimos para llegar al recurso de casación. Quedan pendientes las reclamaciones de Jaime Botín (12,1 millones) y de sus hijos Alfonso, Gonzalo, Marta (2,15 millones cada uno) y Lucrecia (4,3 millones).