La lista Falciani, la corrupción y 'El Confidencial'

El Confidencial ha venido publicando desde la noche del pasado domingo el contenido de la conocida como lista Falciani, una relación de personas, familias y empresas que tenían y tienen depósitos y cuentas en la sucursal en Ginebra (Suiza) del banco británico HSBC. El hecho de que los titulares de esos productos financieros los hayan regularizado con la Hacienda española, y al margen, también, del origen, lícito o ilícito, de las cantidades depositadas, el conocimiento público de las personas y entidades que han expatriado su dinero con propósito generalmente fraudulento, tenía un incuestionable interés informativo al que este diario ha servido con el mayor rigor y esfuerzo de objetividad. Un esfuerzo reconocido ayer mismo por la exdirectora del New York Times, Jill Abramson, quien ante un auditorio básicamente de periodistas e intelectuales, alabó que “un medio digital como El Confidencial haya desempeñado un rol tan valiente”.

Este diario ha asumido en España la labor de desvelar la lista Falciani, en concierto con La Sexta y el ICIJ, que reúne a más de 50 medios internacionales y 140 periodistas, denunciando lo que bien podría calificarse como una infraestructura para la defraudación fiscal montada a gran escala por una banca que ha mostrado su total ausencia de escrúpulos cívicos porque no sólo ha acogido pasivamente a depositantes con intenciones de elusión fiscal, sino que, además, les ha asesorado para que culminasen con éxito y rentabilidad sus operaciones opacas restando legítimos recursos al fisco español en unos años de grave insuficiencia financiera para subvenir a la atención de los servicios públicos esenciales que se han sometido a notables recortes. Por esa razón, el Gobierno -renuente al principio- estudia tras las revelaciones de El Confidencial la interposición de acciones legales contra el HSBC.

La regularización -voluntaria o forzosa- de los capitales y rentas de los titulares de la lista Falciani no les libra del más tajante reproche: eludir los impuestos es una forma de corrupción como otra cualquiera y especialmente odiosa cuando tanto el anterior Gobierno como el actual han aumentado la presión y el esfuerzo fiscales sobre las clases medias y las más modestas asalariadas de nuestro país. El contenido material del concepto de la ciudadanía remite siempre y primordialmente al cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes más exigibles aún a aquellos que disponen de fortunas saneadas e ingresos suficientes. No puede incurrirse por más tiempo en la odiosa hipocresía de atribuir todas las conductas reprobables a la clase política sin asumir que determinadas elites económicas, financieras, empresariales y profesionales se comportan como en ocasiones ellas mismas denuncian.

España tiene un grave problema de corrupción social que se manifiesta en la elusión de impuestos, en la economía sumergida y en la delictiva. El porcentaje de Producto Interior Bruto que supone esta corrupción es muy superior a la que corresponde a la corrupción política. De ahí que la lucha contra la evasión fiscal y la opacidad en las actividades económicas sea un objetivo de Estado. Si en 2014, la inspección fiscal logró aflorar más de 12.000 millones de euros y la CNMV calculó que, por ineficiencias y fraudes, se dilapidó en la contratación pública hasta 48.000 millones de euros, parece evidente que las políticas gubernamentales y la actividad legislativa deben apuntar prioritariamente a desbaratar las tramas fraudulentas aunque estén camufladas en aparentemente respetables entidades bancarias internacionales.

La información rigurosa juega en este propósito regeneracionista una función vigilante y denunciadora a la que El Confidencial no va a renunciar porque forma parte de su aliento fundacional y de la energía ética y cívica que mueve a su dirección y a sus profesionales como lo demuestran propósitos de tanta envergadura como la publicación del contenido de la lista Falciani, una de las informaciones de más impacto en los últimos años. Y que desbroza el camino hacia un nuevo periodismo independiente que ejecute el papel de contrapoder en una democracia sana y eficiente.