La corrupción no es un problema de personas, sino de instituciones

Pedro Sánchez llegó al gobierno con una moción de censura contra la corrupción estructural del Partido Popular. La suya fue, pues, una moción por la regeneración de las instituciones: para expulsar del gobierno a quienes se habían valido del Estado para lucrarse personalmente. Ahora, tras el reciente y muy contundente informe de la UCO sobre Santos Cerdán, sabemos que mientras el PSOE reivindicaba su derecho a gobernar contra la corrupción del PP, ya estaba enfangado hasta las trancas en su propia corrupción de partido.

Así pues, para todos aquellos simpatizantes del PSOE que hubiesen creído honestamente en esta narrativa épica, el informe de la UCO debería haberles caído como una bomba atómica que socavara los cimientos mismos sobre su cosmovisión del mundo. ¿Cómo pueden unos tipos mentirnos a la cara de un modo tan inescrupuloso? ¿Cómo es posible que la megacorrupción del PP haya sido sucedida de un modo tan inmediato por la megacorrupción del PSOE sin que haya mediado un solo año de pulcritud gubernamental?

La respuesta es sencilla a poco que aceptemos algunos hechos elementales sobre la política. Primero, la política es el arte de gobernar y uno de los requisitos para poder gobernar es generar obediencia entre un amplio número de los gobernados. Segundo, cualquier forma de generar obediencia sirve en política siempre que resulte eficaz y por muy inmoral que pueda parecernos. Tercero, nuestros Estados gigantescos otorgan un enorme poder a los gobernantes, de modo que los incentivos por hacerse con el control de ese Estado gigantesco e instrumentalizarlo en su provecho resultarán igualmente enormes, sobre todo entre aquellos elementos más viciosos (codiciosos y megalómanos) de nuestra sociedad.

Así pues, en la política de nuestros mega-Estados tenderán a operar dos leyes sobre el poder que deberían finiquitar cualquier ingenua esperanza sobre su autolimitación virtuosa. Por un lado, la Ley Hayek de que “son los peores los que llegan al poder”: si el gobernante ha de generar obediencia entre sus súbditos empleando cualesquiera medios susceptibles para ello, quienes triunfen en la competición electoral tenderán a ser aquellas personas con menores escrúpulos y con mayor habilidad para manipular a las masas en su favor. Por otro, la Ley Acton de que “el poder corrompe”: aun cuando, por pura casualidad, quienes llegaran a puestos de mando dentro de la estructura estatal no fueran individuos corruptos o fuertemente inclinados hacia la corrupción, el mismo funcionamiento de nuestro mega-Estado, consistente en repartir con un amplio margen de discrecionalidad prebendas regulatorias (por ejemplo, puedes construir aquí/no puedes construir aquí) o cuantiosas partidas presupuestarias (por ejemplo, obra pública) que multiplican ciertas fortunas particulares en el sector privado, induce al político a monetizar el imperium estatal en beneficio propio.

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En el caso de Koldo, Ábalos, Cerdán y muy probablemente Sánchez, las Leyes de Hayek y de Acton se cumplen a la perfección: todos estos sujetos entraron en la política para lucrarse pero siempre camuflados con la piel de cordero de la regeneración de la vida pública; y, a su vez, los gigantescos presupuestos que han manejado los han terminado emborrachando y empujando hacia aspiraciones cada vez más esperpénticas. Pero que nos centremos en estos apellidos específicos no debería conducirnos al error de pensar que el problema está en las personas y que, en consecuencia, una mejor fortuna a la hora de escoger gobernantes nos librará de tan obscenos tejemanejes. No, ni el PSOE era la solución a la corrupción del PP ni el PP será de vuelta la solución a la corrupción del PSOE.

El problema, como digo, no está en las personas, sino en el sistema: en el conjunto de reglas e incentivos que conducen a una perversa selección de nuestras élites gobernantes. Minimizar la corrupción pasa por minimizar el poder de nuestros políticos y por potenciar el fraccionamiento y la fiscalización recíproca de ese mínimo poder remanente. Que nuestros políticos no puedan decidir sobre demasiadas cosas y que las pocas decisiones que adopten estén vigiladas, controladas y, en su caso, sancionadas por otras instancias políticas rivales sobre las que no puedan ejercer autoridad.

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Por ejemplo, el estatuto de la Fiscalía debería reformarse no para someterlo de un modo aún más servil al Ejecutivo, sino para separarlo completamente de él. A su vez, la reforma legal que está impulsando el PSOE para que la UCO dependa exclusivamente de la Fiscalía (que, a su vez y hoy por hoy, depende del gobierno) debería ser enterrada para siempre: ¿o es que alguien se imagina a una UCO subordinada por entero a Pedro Sánchez redactando libremente un informe sobre el de Santos Cerdán como el que acabamos de conocer?

Si de verdad los españoles quieren luchar contra la corrupción política, lo primero que deben hacer es caerse del guindo y rechazar la tramposa premisa de que basta con cambiar de gobierno para que, ahora sí y de una vez por todas, lleguen políticos honestos a la Moncloa. Y, una vez rechazada esta tramposa premisa, exigir una profunda reforma institucional al Legislativo que, a diferencia de lo que suele ser habitual durante las últimas décadas, no coloque más poder y más contrapesos estatales en manos del Ejecutivo. Si no hacemos nada de todo ello, si ahora le pegamos una patada a Sánchez para colocar a Feijóo en exactamente su misma poltrona corrupta y corruptora, entonces la corrupción volverá -o, más bien, no llegará a irse- y habremos sido, aunque sea por omisión, cómplices de la misma.