Almeida, contra la propiedad privada

El Partido Popular pretende venderse ante la opinión pública como un partido amigable con la propiedad privada de los ciudadanos. Pero siempre que surge la ocasión de retratarse en esta crítica materia acaba traicionando sus autodeclarados principios. El último ejemplo de esta hipocresía ideológica popular lo encontramos con la regulación de los pisos turísticos impulsada, con mayoría absoluta, por el PP de Martínez Almeida dentro del Ayuntamiento de Madrid.

Es verdad que Almeida no ha optado, todavía, por la chavista vía abrazada por el Ayuntamiento socialista de Barcelona, el cual directamente confiscará las licencias ya otorgadas a los pisos turísticos legales. Pero imagino que no habremos rebajado tanto los estándares ideológicos como para considerar amigable con la propiedad privada a aquel cuya única restricción moral sea no confiscarla. Y, al respecto, baste con decir que la regulación impulsada por Almeida es bastante más liberticida que la aprobada en su momento por Manuela Carmena, nada sospechosa de simpatizar con ningún tipo de turboliberalismo salvaje. O expresado de otro modo: en materia de pisos turísticos, el Almeida de 2025 es más enemigo de la propiedad privada que el Podemos de 2015. Ahí es nada cómo ha degenerado la política madrileña en apenas una década.

En concreto, el Plan Reside de Almeida, que se espera que entre en vigor en verano, pretende expulsar a los pisos turísticos de toda la almendra central de Madrid (distritos Centro, Salamanca, Retiro, Chamberí y parte de Arganzuela y Moncloa). El Ayuntamiento no concederá ninguna licencia en estas áreas de la capital, ni siquiera cuando se trate de bajos comerciales reconvertibles en pisos turísticos (¿qué sentido tiene que podamos montar negocios como bares, oficinas bancarias o comercios minoristas en un local comercial pero no un negocio turístico?). Como decimos, se trata de una condición mucho más restrictiva que la impuesta por Carmena, quien sí permitió habilitar pisos turísticos dentro de la almendra central en plantas inferiores a la baja, baja y primera planta siempre que contaran con acceso independiente al resto del edificio residencial. Con Almeida, ni eso.

Solo habrá una llamativa excepción: cuando todo un edificio de uso residencial, ubicado en la almendra central, sea reconvertido en un complejo de pisos turísticos, entonces el Ayuntamiento sí podrá concederles licencia. Dicho de otra manera, los pequeños propietarios de una vivienda no podrán ofrecerla en régimen de apartamento turístico, pero, en cambio, los grandes propietarios, con músculo financiero suficiente como para adquirir todo un bloque de viviendas, sí podrán hacerlo.

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¿Qué sentido tiene esta asimetría regulatoria entre pequeños y grandes propietarios? No está claro. Si se trata de minimizar las supuestas molestias de un piso turístico para los vecinos de un edificio residencial, entonces bastaba con mantener el requisito carmenita de la entrada independiente, acaso suplementado por otras reglas generales que aseguren una pacífica convivencia (como puedan ser limitaciones acústicas). Si se trata de evitar el trasvase de la oferta (actual o potencial) de vivienda residencial hacia la oferta de vivienda turística, entonces no se entiende por qué sí se autoriza la reconversión completa de edificios residenciales en complejos de pisos turísticos. Más bien parecería que estamos ante una normativa que busca asegurar un oligopolio de la oferta de terciario hotelero a los grandes capitales, propietarios de hoteles o de los complejos de pisos turísticos, frente a la competencia mucho más plural y porosa que constituyen los pisos turísticos en manos de pequeños propietarios. Vamos, que la única propiedad privada que parece defender Almeida es la de aquél con suficiente dinero como para cabildear a la corporación municipal.

Acaso los haya, empero, que justifiquen tan deslavazados ataques contra (algunas) propiedades privadas bajo el argumento de que estamos ante una emergencia nacional en materia de vivienda: los precios de compraventa y del alquiler se han disparado, también en la capital de España, y urge poner en marcha cualquier tipo de medida dirigida a revertir este proceso que está empobreciendo o impidiendo la emancipación de centenares de miles de jóvenes. Sin embargo, que solucionar el gravísimo problema de la vivienda deba ser una de las prioridades de nuestra clase política no equivale a que cualquier ocurrencia, por torpe y salvaje que sea, haya de resultarnos aceptable.

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Primero porque, como ya hemos señalado, la propuesta de Almeida ni siquiera ataca la oferta total de pisos turísticos (con la vana esperanza de aumentar la oferta de vivienda), sino solo la oferta en manos de pequeños propietarios, de modo que perfectamente podría suceder que la oferta total de pisos turísticos se mantuviera constante o siguiera creciendo, pero con una composición más concentrada hacia los grandes capitales.

Segundo, porque los datos oficiales del INE muestran que la oferta total de pisos turísticos apenas representa el 1,13% del conjunto de viviendas censadas en la capital, de manera que el efecto que pueda haber tenido sobre el precio de la vivienda, de existir, será muy poco apreciable.

Tercero, porque aun cuando perseguir los pisos turísticos contribuyera a aumentar marginalmente la oferta de vivienda, esa medida también conlleva contras que también habría que ponderar y que, para más inri, atentan contra otras políticas públicas impulsadas desde el Ayuntamiento: en particular, reducir la oferta de alojamiento turístico destruye riqueza y empleo, al tiempo que merma la capacidad de la ciudad de acoger visitantes y de convertirla en ese hub turístico global ambicionado por el propio Almeida (Premio de Fórmula 1, ferias, conciertos y otros macroeventos).

Y cuarto, porque existen alternativas menos dañinas y mucho más efectivas para volver la vivienda más accesible como es… incrementar su oferta efectiva (algo que la propia política urbanística de Almeida está constriñendo).

No, el liberalismo a la española, o a la madrileña, que predica Ayuso, es una ficción: y uno de los principales actores en esta comedia liberticida apadrinada por el PP es José Luis Martínez Almeida.