¿Cuáles serían los efectos de la herencia universal?

La herencia universal que ha propuesto Yolanda Díaz, un pago único de 20.000 euros para cada joven una vez cumpla los 18 años, no es más que una renta básica rebajada. Por un lado, y a diferencia de una renta básica convencional, no todo el mundo la va a cobrar: aquellas personas que actualmente ya cuenten con más de 18 años se quedarán sin semejante asignación (no se otorgará con efectos retroactivos a quienes en algún momento contamos con 18 años). Por otro, un pago único de 20.000 euros a los 18 años equivale, en términos financieros, a recibir un ingreso mensual de unos 60 euros mensuales durante unos 65 años: por consiguiente, se trataría de una renta básica (en forma de pago único) de importe apreciablemente inferior al de la mayoría de propuestas (entre 800 y 1.000 euros mensuales) en esta materia.

Precisamente por ser una forma rebajada de renta básica, su coste —por pintoresca que pueda resultarnos la propuesta— sería muy inferior al que habitualmente imputados a un programa de estas características: dado que cada año en España alrededor de 500.000 personas alcanzan la mayoría de edad, el coste presupuestario anual ascendería a unos 10.000 millones de euros… algo menos del 1% del PIB. Por ponerlo en perspectiva, recordemos que la revalorización de las pensiones según el IPC en 2022 va a implicar un sobregasto de 13.600 millones de euros cada año.

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Sea como fuere, al tratarse de una renta básica —aun en una modalidad rebajada—, los efectos que cabría esperar de la herencia universal son los mismos que cabría anticipar de cualquier otro programa de este calibre. Por un lado, y desde el punto de vista del perceptor, el efecto sustitución sobre su oferta de trabajo sería nulo (puesto que la renta básica, o, en este caso, la herencia universal, es un cobro incondicional y, por tanto, independiente de las horas de trabajo que se oferten, o no se oferten, al mercado laboral), y, en cambio, el efecto renta sería negativo (la mayor riqueza personal incrementa la demanda de ocio y, en consecuencia, reduce la oferta de trabajo). En términos netos, pues, contribuiría probablemente a reducir la oferta de empleo, pero, dada la escala magnitud de la medida (20.000 euros de una vez equivalente a 60 euros mensuales), es dudoso que ese efecto de reducción de la oferta laboral fuera relevante.

Por otro, y desde el punto de vista del contribuyente, los efectos dependerán de cómo se financie la propuesta. Yolanda Díaz ha planteado sufragarlo con un impuesto sobre el patrimonio 10% sobre las grandes fortunas, de modo que los efectos serán los propios de un tributo sobre la riqueza tan desproporcionado como este. En particular, todos los patrimonios que obtengan una tasa de rentabilidad nominal inferior al 10% anual serían progresivamente fagocitados por ese tipo impositivo (que equivaldría a un tipo impositivo superior al 100% sobre los ingresos netos de ese patrimonio). O, dicho de otro modo, el incentivo a deslocalizar la riqueza de España sería muy poderoso y, en caso de no hacerlo, esa riqueza iría siendo progresivamente fagocitada por el fisco (tales efectos negativos sobre los contribuyentes podrían reducirse si la medida se financiara mediante otras figuras fiscales).

Dejando de lado que no todos los ciudadanos que sufraguen coactivamente esta transferencia tendrían por qué compartir semejante propósito

Ahora bien, no solo deberíamos plantearnos cuáles serían los efectos inmediatos de esta política, sino también si existe alguna justificación para la misma y si cabe anticipar que esa justificación será respetada. Personalmente, solo se me ocurre una razón, de tipo consecuencialista, para que un joven, por el mero hecho de cumplir 18 años, reciba 20.000 euros: capitalizar a esos jóvenes y facilitarles su acceso a la propiedad privada (por ejemplo, entrada para adquirir en el futuro una vivienda; capital inicial para montar un negocio; primera gran inversión bursátil, etc.). A saber, fomentar una sociedad de propietarios donde los intereses de un porcentaje cada vez mayor de la población (clase media patrimonializada) estén alineados con las bases económicas y jurídicas del capitalismo. Pero, dejando de lado que no todos los ciudadanos que sufraguen coactivamente esta transferencia tendrían por qué compartir semejante propósito (¿los impuestos de un comunista deberían destinarse a apuntalar el régimen de propiedad privada?), ni siquiera hay garantías de que este objetivo se cumpla: especialmente entre unos jóvenes que a los 18 años apenas han sido expuestos a la más elemental educación financiera y a la importancia del ahorro a largo plazo y que, en consecuencia, podrían optar por consumir cortoplacistamente esa suma monetaria.

En suma, aunque la consecuencia directa de la transferencia de 20.000 euros sobre los perceptores no resultara especialmente distorsionante sobre su oferta de trabajo, el modo de sufragarla sí lo sería sobre el ahorro y la inversión de los contribuyentes. Y, en la medida en que no hay garantías de que esos 20.000 euros se mantuvieran ahorrados en lugar de ser objeto de consumo cortoplacista, el efecto conjunto bien podría ser una descapitalización neta de la economía española. Y, desde luego, no es eso lo que necesita España.