España, un año después del apagón

Se cumple un año desde el apagón que nos dejó a los españoles sin luz durante más de 15 horas y que pudo provocar un apagón en toda Europa, si la red eléctrica francesa no hubiera bloqueado su red para proteger su sistema. Red Eléctrica se creó en 1985 y es su primer apagón, y es un buen experimento para explicar por qué España es un país que desde 2007 ha dejado de funcionar. La herencia franquista fue una red eléctrica deficitaria que limitaba el crecimiento potencial de la economía española, especialmente de su desarrollo industrial, clave para mejorar la productividad y los salarios.

En 1985, Red Eléctrica transportó por su red de alta tensión 130 teravatios hora y, antes de 2007, alcanzó un máximo que superó los 300 teravatios. Gracias a la creación de Red Eléctrica y la regulación de 1985, España vivía su periodo de mayor desarrollo industrial de toda su historia. La entrada en la Unión Europea nos dio seguridad jurídica europea y eso, junto a nuestros menores salarios que los alemanes y franceses, provocó una llegada masiva de inversión extranjera que quería localizar sus fábricas en nuestro país.

El sector del automóvil es el mayor exponente de ese progreso. En 1985, en España se producían 1,2 millones de coches y hemos llegado a producir casi 3 millones antes de la pandemia. Eso generó cientos de miles de empleos directos e indirectos en un sector que pagaba los mejores salarios y sobre el que se sustentó el desarrollo de nuestro estado del bienestar.

En 40 años de vida, Red Eléctrica nunca tuvo un apagón completo y, un año después, seguimos sin que nos hayan explicado a los españoles cuál fue la causa, quién asume la responsabilidad y, sobre todo, cuál es el plan para que no se vuelva a producir. Hace dos años, Mario Draghi publicó un informe, solicitado por la Comisión Europea, para diseñar un plan para recuperar competitividad y salir de la grave crisis industrial en la que está sumida toda Europa. De los tres pilares del plan, uno era la simplificación administrativa y una mejor regulación para hacer negocios, y otro pilar era reducir el coste energético y desarrollar la red para transformar la electrificación de la economía en una oportunidad de desarrollo económico y social.

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El apagón es un buen ejemplo para reflejar las causas que explican por qué España ha dejado de funcionar y eso se refleja en salarios reales estancados desde hace 20 años. Red Eléctrica era en 1985, además de la empresa de transporte de electricidad por la red de alta tensión, el regulador y el operador del sistema para garantizar que los consumidores pudieran disponer de electricidad en media y baja tensión. Era una empresa pública, gestionada por técnicos donde primaba la meritocracia. Los mejores técnicos de red en España estaban en Red Eléctrica.

Desde que la empresa supuestamente se privatizó en 1999, paradójicamente se ha politizado, en el mal sentido de la palabra. El Consejo está muy bien remunerado y es un lugar muy deseado por nuestra clase política. La actual presidenta es registradora de la propiedad, no tenía experiencia previa en el sector y su mayor mérito para ocupar el puesto es ser fiel a Pedro Sánchez y a las instrucciones políticas que le llegan desde el Ministerio de Transición Ecológica.

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En 1995, la política energética era responsabilidad del Ministerio de Industria, al ser la energía un factor clave de competitividad industrial. Hoy la política energética es responsabilidad del Ministerio de Transición Ecológica, donde la prioridad es la reducción de emisiones para mitigar el cambio climático y donde tienen la misma sensibilidad por la industria que yo tengo por la música del mester de clerecía.

El regulador es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que recientemente ha anunciado expedientes sancionadores para todos los participantes en el sector eléctrico; solo se han salvado los franceses, que también protegieron su red para no verse contaminados por el apagón y haber convertido un problema español en un problema europeo, lo que habría sido el mayor ridículo de nuestro país desde que entramos en la Unión en 1986.

Bajo la presidencia de Jordi Sevilla, advirtió hace demasiados años que el nuevo mallado de red y la entrada masiva de renovables con generación asincrónica podrían provocar problemas de estabilidad en la red y solicitó a la Comisión, el regulador, un cambio en los protocolos de Red Eléctrica para garantizar la estabilidad de 50 hercios que exige una red para transportar electricidad. La Comisión tardó un año en decidir si era su responsabilidad o del ministerio esos cambios. Decidió, después de un año, que era responsabilidad del Ministerio y hasta el día del apagón no se hizo nada.

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Las medidas eran principalmente instalar sincronizadores en el sistema, especialmente en las plantas fotovoltaicas, para evitar los problemas de tensión generados, especialmente en horas de radiación solar, y un sistema más ágil de gestión de centrales de generación sincrónica, principalmente hidroeléctricas y de gas que generan electricidad instantáneamente y estabilizan la red para garantizar la estabilidad en la red.

Sin explicarnos aún las causas y el plan, es lo que Red Eléctrica, seguramente con la aprobación del Ministerio de Transición. Las desconexiones programadas para quemar más gas principalmente se han duplicado desde entonces y ese coste lo pagamos los consumidores y el planeta, que está recibiendo más emisiones de dióxido de carbono. Hemos podido escuchar audios donde técnicos de Red Eléctrica, semanas antes del apagón, reconocían los problemas de estabilidad en la red y que confiaban en que alguien de la dirección tomaría medidas urgentes para evitar el apagón. No solo nadie tomó esas medidas, sino que la presidenta Beatriz Corredor, en la comisión de investigación en las Cortes Generales, donde está representada la soberanía popular, dijo en un ejercicio de soberbia intelectual, cuando le preguntaron por esos audios, que la opinión de esos técnicos no eran relevantes.

El apagón ya no tiene solución, pero es el reflejo de la complejidad en la que se ha convertido nuestro sistema de regulación energético, que ha aumentado significativamente la complejidad y la entropía. España, como recomienda Draghi, necesita simplificar y mejorar su regulación para ser más competitiva, aumentar su productividad y volver a subir sus salarios, como sucedió en 1985. Y de nuevo tenemos una oportunidad similar a la que supuso nuestra entrada en la Unión Europea.

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España forma parte del euro y tiene, además de una moneda estable, los tipos de interés de hipotecas y créditos a empresas más bajos de la eurozona. La revolución energética nos ha sonreído. La forma más barata de producir electricidad es con sol y viento y España tiene las mejores condiciones de sol y viento de Europa. Nuestro desarrollo de renovables ha sido caótico: subvencionamos la solar hasta pagar 350 euros por megavatio; luego incumplimos nuestros compromisos y nos acaban de embargar el Instituto Cervantes en Utrecht por morosos; tardamos años en licitar subastas nuevas ya sin subvenciones; tardamos años en darles los permisos para instalar y conectarse a la red de alta tensión para verter.

Ahora tenemos más capacidad instalada de fotovoltaica de la que consumimos en horas de sol y los precios en el mercado mayorista están próximos a cero, pero los consumidores seguimos pagando la electricidad más cara que Francia. La causa es que nosotros pagamos muchos impuestos, incluido el impuesto a la producción de electricidad generada con renovables. Si el objetivo es electrificar la economía y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones contaminantes, ¿por qué el Gobierno pone un impuesto para desincentivar la electrificación?

La otra causa es que Francia produce electricidad principalmente con energía nuclear, que es estable en su generación y en la red. España necesita desarrollar tecnologías de acumulación para poder prescindir de la energía nuclear y del gas que compramos a Putin y a Trump, pero vuelve el problema de la burocracia y la lentitud en los permisos. La mayoría de plantas fotovoltaicas que se instalaron con alto porcentaje de deuda tienen ahora problemas para devolver esa deuda al vender su electricidad próxima a cero. La solución es hibridar esas plantas con baterías para acumular con precios muy bajos y vender esa electricidad excedentaria cuando hace falta con precios más altos. Pero el Ministerio y las Comunidades Autónomas no les dan la autorización y Red Eléctrica no les da permiso para acceder a la red de alta tensión.

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La otra solución es construir centrales de doble bombeo. Dos embalses próximos que funcionan como un circuito cerrado, que por el día suben agua al de arriba con fotovoltaica a precios muy baratos y por la noche la vierten generando electricidad sin emisiones. Pero además de la burocracia, aquí se suma la ideología. La izquierda con Felipe González construía embalses para generar electricidad y desarrollar regadíos y riqueza en el sector agrícola, para aumentar la renta agraria y frenar la despoblación. La izquierda con Zapatero y con Pedro Sánchez prefiere que el agua llegue al mar. La izquierda portuguesa con António Costa, el Felipe González portugués, se ha aprovechado y no ha parado de construir embalses para generar electricidad, para acumularla y para desarrollar regadíos y regar el Alentejo, la Extremadura portuguesa, donde ahora tienen el embalse de la Alqueva en el Guadiana, el mayor de Europa.

España también está en crisis industrial, especialmente en el sector del automóvil, pero es silenciosa, dentro del chirriante discurso de que somos la economía que más empleo crea de España. En 2025 se fabricaron en España 2,3 millones de coches, un 20% menos que en 2018 cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Las dos principales empresas que producen en España han declarado pérdidas por 30.000 millones de euros en 2025 y el precio de su acción se ha desplomado hasta niveles de hace 30 años. Muchas empresas de componentes de capital español están en proceso de reestructuración de deuda y con planes de despidos masivos, cerrando fábricas.

La paradoja es que España podría tener la electricidad más barata de Europa y atraer nuevas fábricas como en 1985, pero ahora el principal problema es que no hay enchufes para conectar esas fábricas a la red eléctrica. El consumo hoy es inferior que en 2007 y la pregunta que surge es: ¿por qué tenemos problemas de red? Debería ser nuestro Gobierno, la CNMC y Red Eléctrica los que nos expliquen a los ciudadanos que pagamos impuestos las causas del colapso de nuestra red de alta tensión y cuál es el plan para solucionarlo. Y la oposición debería presentar planes concretos para la próxima campaña. El PP ha gobernado 15 de los últimos 25 años y a los ciudadanos ya no nos creemos el rollo de que Pedro Sánchez es malo y que ellos gestionan bien.