El Gobierno y la colaboración pública-privada

Tras las elecciones en Extremadura, los aragoneses mayoritariamente han vuelto a dar la espalda al Partido Socialista, que ha perdido uno de cada cinco votantes que lo votó en 2023. Izquierda Unida sigue con un solo escaño y uno de cada tres aragoneses que votaron a Podemos en 2023 han dejado de votarles ahora. Lo normal sería hacer autocrítica, identificar por qué el PSOE ha dejado de ser el partido que mejor representa a la sociedad española y cambiar de políticas, pero no parece ser lo que vaya a pasar.

Pedro Sánchez ni ha comparecido públicamente, ha impuesto la fidelidad extrema en su Comisión Ejecutiva del día después de las elecciones y ayer en el Consejo de Ministros vuelven a aprobar leyes que difícilmente conseguirán apoyos en el Congreso, medidas populistas sólo de cara a la galería y no para mejorar los problemas de la gente, y esa es la causa principal de la crisis institucional y de que los ciudadanos dejen de confiar en las instituciones.

Tras el incidente en un hospital concertado en Torrejón de Ardoz, el Gobierno aprueba una ley que limita el desarrollo de la sanidad privada y los conciertos. El debate es puramente ideológico y demagogo, ya que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, fue consejera de Sanidad en Andalucía y también tenía hospitales como el Torrejón de Ardoz.

Hay hospitales públicos excelentes y privados también, y hay hospitales públicos mediocres y privados también. El debate debe ser sobre la eficacia en la gestión, la gobernanza, que la regulación de los conciertos sea de buena calidad, las murallas chinas para evitar al máximo la corrupción y es determinante los precios o cómo se financia el servicio.

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Desde 2008, el gasto público y los impuestos que pagamos los españoles no paran de crecer, pero todo lo absorben las pensiones y la sanidad como un agujero negro y el resto de partidas de gasto e inversión se van reduciendo y deteriorando la calidad de los servicios y las inversiones públicas. Si en una concesión de sanidad les bajas el precio y la empresa que gestiona la concesión da peor calidad de servicio, es lo que la mayoría de economistas anticiparíamos que iba a pasar.

El caso de Torrejón es más que evidente y lo gestionaba el PP. El caso del accidente de Adamuz también. Adif desarrolla las vías, cobra cánones a las empresas que operan los trenes y con ese dinero, supuestamente, debería cubrir, al menos, los gastos para mantener la calidad de la inversión. Pero Adif, seguramente con instrucciones del ministerio, no sube el canon lo suficiente para cubrir los costes y la rentabilidad del capital. La causa de esa decisión es mantener los precios bajos para conseguir el agrado de los ciudadanos y su voto. Como el negocio no es rentable, la empresa deja de invertir y todo se deteriora.

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Pasa igual con las concesiones de agua que tienen la mayoría de ayuntamientos de España con empresas públicas o privadas. El problema no es si es privada o pública la gestión, el problema es la calidad del servicio y el nivel de las infraestructuras cuando el precio que fijan los políticos intenta que sea bajo aunque no cubra la rentabilidad del capital para intentar que los ciudadanos les voten. Se pueden subvencionar los servicios públicos, especialmente los universales, para que accedan todos los ciudadanos, pero lo que nunca se debe hacer es no mantener la infraestructura en condiciones para su uso.

La demagogia del Gobierno va en aumento para intentar ocultar su incapacidad para gobernar y aprobar leyes en el Parlamento. España tiene un déficit de unas 700.000 viviendas y la construcción de viviendas de protección oficial ha caído casi un 90% desde 2010. El problema no es del sector privado, el problema es de los alcaldes y las comunidades autónomas que no han construido viviendas, y la solución será con colaboración pública-privada o no será. El problema de las redes eléctricas, que son el principal cuello de botella de la economía española y la principal limitación, por ejemplo, para construir nuevas viviendas, ha sido la falta de inversión y planificación del Ministerio de Transición y de Red Eléctrica y la solución será público-privada o no será.

La izquierda dice ser keynesiana, aunque Keynes era liberal y afirmó que el movimiento obrero no era su clase. Keynes, en el prefacio de su Teoría general, ya nos advirtió que se exageraba el poder de los intereses creados y que el verdadero poder son las ideas, para bien o para mal. Ninguna economía ha sido 100% pública; en Cuba siempre se mantuvo la propiedad privada de las casas, por ejemplo, ni 100% privada; Milei, que dice ser anarcocapitalista, interviene el tipo de cambio y no deja a los argentinos sacar dólares fuera de su país. Las economías que progresan tienen parte de la producción de bienes y servicios públicos, pero la mayor parte son privados y muchos de esos bienes o servicios públicos son con gestión privada o mixta. Por ejemplo, el agua de La Habana la gestiona Aguas de Barcelona con un modelo similar al que tienen en la ciudad condal.

Opinión

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