El Gobierno está decidido a destruir el pilar principal del estado de bienestar, que ha sido clave para el progreso y la convivencia de los españoles de los últimos cincuenta años
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa (2i), saluda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada a la XXVIII Conferencia de Presidentes en junio. (EFE/Alberto Estévez)
Pedro Sánchez y Salvador Illa, para ser presidentes de España y de Cataluña con el apoyo de los independentistas, aceptaron el cupo catalán que antes habían negado ya que iba en contra de sus principios. Para desviar la atención, Illa habla de solidaridad catalana, a la vez que defiende el principio de ordinalidad,y critica a Madrid por dumping fiscal, y ayer Yolanda Díaz se sumó a esta tesis. La sensación es que gobierna el PP y la izquierda está en la oposición.
Pero no es así. Primero hay que aclarar que somos los ciudadanos los que pagamos impuestos y no Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso o Salvador Illa; ellos son funcionarios públicos y todos sus ingresos los reciben de nuestros impuestos. Como indica Fedea, sólo el 20% de españoles con mayor renta paga más de impuestos de lo que recibe de prestaciones y subvenciones públicas y el otro 80% recibe sus prestaciones de ellos. Esto es posible principalmente porque en 1977 España aprobó un impuesto progresivo sobre la renta que permite transferir dinero de las rentas altas a las clases medias y especialmente a las clases bajas principalmente en: pensiones, sanidad, educación y dependencia.
En el caso del IRPF, la mayor parte de recaudación del impuesto la realizan los que estamos en el percentil 90 y la mitad de ellos viven y pagan en Madrid. Ese dinero llega a una caja común y se distribuye a través del gasto público a todos los ciudadanos españoles de todo el territorio que están por debajo del 80% del percentil de renta. En Madrid, al tener más renta, también hay más gasto por habitante y también más recaudación de IVA. Y Madrid concentra la mayor parte de la recaudación del impuesto de sociedades. También sucede lo mismo con las cotizaciones a la Seguridad Social, donde Madrid es la única comunidad que tiene más de 2,5 cotizantes por cada pensionista y es la única que tiene superávit y no necesita dinero de otros impuestos o de la deuda pública para pagar las pensiones.
Todo este sistema, que es el pilar del estado de bienestar y del progreso de la sociedad española desde la muerte de Franco, está en riesgo por la cesión humillante y vergonzante de Pedro Sánchez y Salvador Illa a los independentistas para acceder al poder. Que encima los ciudadanos madrileños tengamos que soportar el insulto de decir que hacemos dumping es ya insoportable. Salvador Illa ha defendido la ordinalidad para Cataluña. Si Madrid pidiese la ordinalidad también, los madrileños tendríamos mejor sanidad, educación pública, pensiones y dependencia para nuestros mayores que los vascos, que son los más privilegiados, pero el sistema saltaría por los aires y no habría dinero en la caja para pagar las pensiones de todos los españoles de septiembre. El PSC también debería defender la ordinalidad para los ciudadanos o los barrios y que los que viven en Pedralbes reciban más gasto público que los de Nou Barris o Hospitalet.
La ministra de Hacienda decía lo mismo que yo cuando era consejera de la Junta de Andalucía cuando yo la conocí en 2013, por eso se escondió y no salió a decir a los españoles que avanzaban en la creación de la Hacienda pública catalana para cumplir su pacto de investidura con los independentistas porque es infumable para su madre y sus vecinas en el barrio de Triana en Sevilla donde será la candidata del partido socialista en las próximas elecciones. El PSOE ya es tercera de fuerza en las encuestas por detrás de Vox en las provincias de Almería y Granada.
Recientemente, Pedro Almodóvar y Joan Manuel Serrat han firmado un manifiesto para apoyar que el Gobierno de Pedro Sánchez acabe la legislatura. Serrat es catalán y puede que tenga dudas, pero estaría bien que Almodóvar, que es manchego, diga públicamente si apoya el cupo catalán que provocará un deterioro de las pensiones, la sanidad, la educación y la dependencia en su pueblo de Calzada de Calatrava.
Fue un disparate aceptar en 2023 el cupo catalán, la amnistía y reconocer desde el Gobierno de España lawfarey que jueces, fiscales, guardias civiles y policías españoles prevarican como defiende Puigdemont, que sigue siendo un fugado de la Justicia. Si gobernara el PP y estuviera pasando todo lo que está sucediendo en España, Almodóvar haría una película titulada 'Españoles al borde de un ataque de nervios'. Pero como gobierna la izquierda, se permite apoyar a un Gobierno que está decidido a destruir el pilar principal del estado de bienestar, que ha sido clave para el progreso y la convivencia de los españoles de los últimos cincuenta años.
Pedro Sánchez y Salvador Illa, para ser presidentes de España y de Cataluña con el apoyo de los independentistas, aceptaron el cupo catalán que antes habían negado ya que iba en contra de sus principios. Para desviar la atención, Illa habla de solidaridad catalana, a la vez que defiende el principio de ordinalidad,y critica a Madrid por dumping fiscal, y ayer Yolanda Díaz se sumó a esta tesis. La sensación es que gobierna el PP y la izquierda está en la oposición.