A Cataluña no la roba nadie, lo que sucede es que en los países modernos el que más tiene más paga. Esa fue una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero desde el siglo XIX y del nacimiento del Partido Socialista
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno, y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. (EFE/Zipi)
En 1978, cuando España por fin consiguió enterrar la dictadura con el consenso constitucional, había muchos problemas, principalmente una grave crisis económica con elevada tasa de paro e inflación que empobrecía a los españoles. Hoy, casi 50 años después, el país ha progresado y el principal problemaque sigue sin resolver es el territorial. Los constituyentes consiguieron un consenso muy complejo con las regiones denominadas históricas, principalmente País Vasco y Cataluña.
En el País Vasco, ETA ya era una amenaza para la seguridad y la estabilidad y complicaba enormemente el avance en libertades políticas y civiles por el riesgo de involución, principalmente militar, como acabó sucediendo con el golpe de Estado frustrado de 1981. El PNV exigió mantener los fueros medievales que les permiten tener haciendas propias y recaudar todos sus impuestos. La Revolución Francesa y la Ilustración ha llegado a los cinco continentes, pero Euskadi mantiene aún privilegios del antiguo régimen feudal.
La novedad fue negociar un cupo dondeGobierno central y autonómico calculaban los gastos comunes que el País Vasco tiene que contribuir al conjunto del Estado, que incluye también las autonomías. Casi 50 años después seguimos sin conocer cuál es el tercer milagro de Fátima y cómo se calcula el cupo vasco. Lo que sí sabemos es que el PNV, ahora también Bildu, negocian siempre en posición de ventaja y eso ayuda a explicar que, aunque ya no son la comunidad con más renta por habitante, siguen teniendo el mayor gasto público por habitante.
La mayor partida de gasto público en España son las pensiones. Hasta 2007 el sistema se financiaba con las cotizaciones a la Seguridad Social, pero desde entonces tiene déficit y en 2024 supuso cerca de 50.000 millones. Si la Seguridad Social no tuviera agujero, España tendría superávit fiscal, la deuda pública estaría próxima al 60% de las reglas europeas y el Gobierno podría bajar los impuestos a nuestras empresas para mejorar la competitividad, el empleo, la productividad y los salarios como propone el informe Draghi.
¿Cuánto pagan los ciudadanos vascos del déficit de la Seguridad Social? La respuesta es sencilla; cero euros, ya que esa partida no entra en las negociaciones del cupo. ¿Por qué no entran en la negociación? Sencillo, porque en los últimos 20 años, salvo la mayoría absoluta de Rajoy, el PNV ha sido y es necesario para aprobar los presupuestos y el poder de negociación del Gobierno central es nulo. Ahora, para más desvergüenza, Pedro Sánchez les va a permitir la gestión de la Seguridad Social para que pongan el logo del Gobierno vasco y los votantes piensan que les paga el PNV las pensiones. La realidad es que se necesitan 2,5 afiliados para pagar pensiones y el País Vasco tiene menos de 1,5, y el 40% de las pensiones vascas se financian con deuda pública que pagarán todos los hijos de todos los españoles, menos los del País Vasco.
En 2014, Artur Mas publicó una hoja de ruta que acabó en la declaración de independencia que votó el Parlamento catalán en 2017 y el pilar principal era tener una hacienda propia que recaudara los impuestos, una reivindicación histórica desde que en 1714 perdieran el poder los Habsburgo y los Borbones impusieran una hacienda única en España. El intento de independencia fracasó, Pedro Sánchez apoyó el 155 y eliminar el poder a la autonomía transitoriamente hasta recuperar la normalidad institucional y llegó a sugerir otro nuevo 155 pocos meses antes de la moción de confianza de 2018 que le llevó a la Moncloa.
Pedro Sánchez es el presidente más débil de la democracia y su única opción para seguir gobernando es que le apoyen los independentistas. Ahora, agonizando con la corrupción, los indepes huelen su momento histórico y quieren conseguir todo lo que iban a hacer en la declaración de independencia, y la prioridad es replicar el cuponazo vasco. El cuponazo es un evento de bajísima probabilidad de suceso con un premio muy gordo y un coste mínimo que cualquiera puede asumir. Por eso nos enseñó Nicolaus Bernoulli la paradoja que explica que haya loterías. Para los indepes esto es el mismo juego, si pierden arriesgan muy poco y si ganan conseguirán una reivindicación histórica desde hace tres siglos.
País Vasco y Cataluña suman casi el 25% del PIB español y ya sabemos desde 1978 que lo que consigue una comunidad se acaba extendiendo a todas y esto supondría el fin de un Estado federal para que España volviera a ser una confederación como es la Unión Europea donde es imposible tomar decisiones y está en un declive económico desde 1980. Mientras en Europa se pide avanzar en la unión política y la federación dando más poder al centro, en España Pedro Sánchez quiere volver al siglo XVIII.
El problema más rápido es que el cuponazo catalán, como ya han advertido las agencias de rating, supone un deterioro de la solvencia del Reino de España que tiene que garantizar más del 100% PIB de deuda pública y necesita emitir cada año 300.000 millones de euros para pagar pensiones y sueldos de los funcionarios. Si los inversores internacionales se vuelven a asustar y dejan de comprar nuestra deuda pública, como sucedió en 2012, habría que aplicar fuertes recortes de salarios públicos y pensiones.
A medio plazo, el cuponazo catalán acabaría con la capacidad de redistribución que consiguió España en 1977 introduciendo el IRPF, que permite garantizar la igualdad de oportunidades de cualquier niño en España, independientemente de donde haya nacido. El mayor contribuyente al IRPF es Madrid y la causa es que un 5% de los contribuyentes que ganan más de 60.000 euros anuales suponen casi un tercio de la recaudación del impuesto y la mitad de esos viven en Madrid. A Cataluña no la roba nadie, lo que sucede es que en los países modernos el que más tiene más paga. Esa fue una de las principales reivindicaciones del movimiento obrero desde el siglo XIX y del nacimiento del Partido Socialista. La reforma fiscal de 1977 entró dentro de los Pactos de la Moncloa y el PSOE de Felipe González fue clave para conseguirlo y desarrollarlo durante sus 14 años en la Moncloa.
Esto es lo que Pedro Sánchez está a punto de destruir y encima tenemos que soportar todos los días el maltrato psicológico autoproclamándose Gobierno progresista y llamando fachas a todos los que intentamos evitar esta barbaridad histórica.
En 1978, cuando España por fin consiguió enterrar la dictadura con el consenso constitucional, había muchos problemas, principalmente una grave crisis económica con elevada tasa de paro e inflación que empobrecía a los españoles. Hoy, casi 50 años después, el país ha progresado y el principal problemaque sigue sin resolver es el territorial. Los constituyentes consiguieron un consenso muy complejo con las regiones denominadas históricas, principalmente País Vasco y Cataluña.