Las rentas altas reciben el doble de las ayudas energéticas por la guerra que las bajas

El Gobierno ha aprobado medidas con un impacto fiscal aproximado de 5.300 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, de los cuales 2.728 millones (2.378 con impacto fiscal) corresponden a bajadas de impuestos no focalizadas, según calcula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Se trata de reducciones de gravámenes generalizados para toda la población, independientemente de su renta, que estarán en vigor mayoritariamente hasta junio.

Como sucedió con anteriores paquetes de ayudas, la falta de focalización en los hogares con menos recursos provoca que sean las familias más pudientes las que más se benefician en términos absolutos del coste público, aunque en términos relativos (de alivio respecto a la renta total del hogar) sí resultan progresivas. En su informe publicado este miércoles, la AIReF ha calculado la distribución del coste de algunas de las medidas según la renta de los hogares y de su análisis se desprende que las rentas más altas captan casi el doble del importe de las ayudas que las más bajas.

El ejercicio se elabora bajo el supuesto de que las bajadas de impuestos energéticos se trasladan completamente a los consumidores, algo que ya se ha demostrado que no suele suceder en la práctica, pero que es difícil de incorporar a un modelo teórico. Teniendo en cuenta este detalle, el resultado de las reducciones en los impuestos de la electricidad, el gas y los carburantes es que el 26,3% (unos 717 millones de euros) se distribuye entre los deciles 9 y 10, rentas altas.

En contraste, los dos deciles de menor renta absorben solo el 13,5% del coste total de las medidas energéticas generalizadas (unos 368 millones de euros) y la concentración es más desigual en el gas y en los carburantes. Esto se debe a que el consumo de luz es menos sensible al nivel de renta por ser un bien de primera necesidad, mientras que los carburantes los usan más las rentas altas, al igual que el gas, que tiene mayor penetración en los hogares de rentas elevadas.

La rebaja fiscal más cara es la aplicada a los combustibles, 753 millones de euros, según calcula la AIReF, aunque la que tiene un impacto más desigual es la aplicada al gas. Los dos primeros deciles solo captarán el 12,9% del coste, mientras que los dos últimos acapararán el 29,1%. La mayor captación de las ayudas por parte de los hogares más pudientes se debe a que su consumo energético es mayor en términos absolutos, aunque dediquen una menor proporción de renta. Esto explica que las medidas sean progresivas en términos relativos: suponen un 1,2% de la renta equivalente total del primer decil y menos de la mitad, el 0,4%, de la renta del decil superior.

El descuento en la electricidad es la medida más progresiva de las analizadas y menos distorsionadora de las señales de precios. Debido a que es un consumo básico, tiene una elasticidad precio-demanda más baja que la de los combustibles y el gas, por lo que los descuentos que se aplican a la luz perjudican menos el ahorro energético.

Aun así, no es la medida que recomiendan las instituciones internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) ni los expertos, que piden herramientas focalizadas, temporales y que no eliminen la señal de precios. En un contexto en el que varios países de la UE están aprobando medidas similares a las de España de recortes de impuestos, aunque por importes mucho más reducidos, como fue el caso de Alemania este lunes, el ejecutivo comunitario ha insistido en otras medidas. En concreto, implantar un día de teletrabajo obligatorio y descuentos al transporte público en lugar de ayudas fiscales que erosionen las ya deterioradas finanzas públicas.

Fórmulas para optimizar el gasto público en crisis

Debido a esta desigualdad en la absorción de las ayudas, la AIReF plantea crear mecanismos para poder articular de manera ágil transferencias directas a los hogares que lo necesiten o, al menos, segmentarlas por nivel de renta. En concreto, propone universalizar la declaración de la renta, crear un registro de hogares actualizado y desarrollar sistemas de identificación personal mensual de los ingresos de las familias por parte de la AEAT. Soluciones de este tipo se han planteado previamente para el ingreso mínimo vital, pero el Gobierno rechaza que sea una opción técnicamente viable.

Esto permitiría optimizar el uso de los recursos públicos y contribuir a la sostenibilidad fiscal en un momento en el que la previsión de la AIReF apunta a que España incumplirá las reglas fiscales en 2026 por el paquete de medidas. Según un ejercicio de hace tres años del Banco de España, realizado con motivo de la anterior crisis energética, una transferencia directa a los hogares más vulnerables por el mismo importe del que se benefician con ayudas generalizadas habría sido mucho más barata. También habría permitido mayor margen de gasto en los hogares de menor renta al concentrar los recursos en ellos.

La tasa de ahorro caerá más por la inflación

El Ejecutivo ha defendido que el paquete, convalidado ya en el Congreso, alivia a la vez el bolsillo de los hogares y la inflación. Sin embargo, la AIReF calcula que el impacto en el IPC anual es nulo. El motivo, explican brevemente, es que debido a la transitoriedad de las bajadas de impuestos (aplicables, en principio, tres meses), la tasa general del año se verá inalterada, teniendo en cuenta también el efecto escalón cuando se dejen de aplicar.

La previsión de la AIReF es que la inflación ascienda al 3,2% en 2026 frente al 2% que estimaban en enero, 1,2 puntos más que proceden fundamentalmente (un punto) de la subida del precio del petróleo, pero que ya se está empezando a notar en la inflación subyacente. En este contexto, los hogares invertirán buena parte del ahorro acumulado para tratar de mantener su consumo a pesar de las ayudas.

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La previsión de la AIReF es que la tasa de ahorro de los hogares descienda en 2026 hasta el 10,6% de la renta bruta disponible en contraste con el 12% de 2025. Se trata de una revisión a la baja de 1,1 puntos respecto a enero como consecuencia del impacto que la guerra está teniendo ya en la cesta de la compra y en índices de referencia como el euríbor. No obstante, todavía es un nivel histórico elevado y lejano al registrado en la anterior crisis energética de 2022 (el 7,6%).