El Gobierno cambia un tercio del presupuesto prorrogado sin apenas supervisión del Congreso

El Gobierno se pasó la mitad del año 2025 argumentando que no era necesario un nuevo presupuesto porque "los de 2023 son buenos para la economía", en palabras del presidente, Pedro Sánchez. Sin embargo, a lo largo del año fue cambiando una buena parte de esa prórroga, haciendo un presupuesto prácticamente nuevo. Y, el grueso, sin pasar por el Congreso.

En concreto, el Gobierno aprobó 76.900 millones de euros en ampliaciones de créditos y 41.000 millones de euros en reasignaciones de partidas según los datos recién publicados por la IGAE. En total, casi 118.000 millones en cambios sobre el presupuesto prorrogado del año 2023.

En total, el Gobierno incorporó un 20% de créditos adicionales a la prórroga presupuestaria, a lo que hay que sumar un 10% adicional en transferencias de crédito entre partidas. En total, cambios que ascendieron a casi el 31% de los créditos iniciales con los que partía el Gobierno.

Estas ampliaciones de crédito incluyen partidas muy diversas, desde la transferencia o los préstamos que hace el Estado a la Seguridad Social para soportar la subida de las pensiones o las transferencias a las CCAA o a los ayuntamientos para la actualización de los sistemas de financiación, hasta el Plan de Defensa aprobado por el Gobierno.

Lo que muestran estos datos es que gobernar sin aprobar unos nuevos presupuestos es perfectamente factible. Incluso puede ser más cómodo desde el punto de vista político. Lo que no es posible es gobernar con los mismos presupuestos. La realidad es que cada año se necesitan grandes cambios. Cada año hay que aprobar grandes cambios que, en la práctica, suponen tener un presupuesto diferente. En definitiva, las modificaciones sobre la prórroga significan que el Gobierno tuvo unos presupuestos nuevos, muy diferentes a los del año 2023, pero sin la necesidad de contar con la aprobación del Congreso.

Es cierto que algunas de estos cambios sí han contado con la aprobación del Congreso. El más evidente, la revalorización de las pensiones o la prórroga de las ayudas al transporte, que fueron convalidadas por el Parlamento al inicio del año. Sin embargo, la mayor parte de las políticas se han aprobado de espaldas al Congreso. Esto incluye los más de 10.000 millones destinados al Plan de Defensa que en ningún momento se han sometido a la valoración de los diputados.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha denunciado que esta forma de ejecutar la política fiscal es opaca, ya que la mayor parte de estos cambios se aprueban sin información sobre las diferentes partidas. De esta forma lo resumía este organismo: “El presupuesto es algo más que un instrumento de política económica: es ante todo un instrumento de rendición de cuentas y de control esencial en las democracias”.

Modificaciones

Las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tuvieron un carácter transversal. El Gobierno necesitó más recursos prácticamente en cada hueco de las cuentas públicas. Por ejemplo, amplió en casi 2.500 millones de euros el capítulo 1, destinado a sueldos públicos; otros 2.100 millones al capítulo 2, de gastos corrientes en bienes y servicios; 4.500 millones a transferencias sociales a hogares; o 5.500 millones al capítulo 5, de inversiones reales (la mayor parte, al Plan de Defensa).

Pero hay otras partidas más cuantiosas. El Gobierno aprobó 20.000 millones de euros en transferencias a otras administraciones, incluyendo 9.000 millones adicionales para sostener el déficit de la Seguridad Social provocado por la revalorización de las pensiones. También se incorporaron 16.700 millones de euros procedentes del aumento de la recaudación de impuestos para conceder préstamos a otras administraciones, incluyendo la financiación del déficit de la Seguridad Social.

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Un tercio de las ampliaciones de crédito se destinaron a la amortización de deuda gracias a la reducción paulatina del déficit público. Esto incluye los 4.500 millones que devolvió el Gobierno en 2025 del rescate financiero que permitió poner fin a las visitas de los hombres de negro.

La prórroga presupuestaria también sirvió para hacer hueco al plan aprobado por el Gobierno en respuesta a los aranceles de Estados Unidos dotado con 14.000 millones de euros. El grueso de este plan son préstamos y avales a las empresas para evitar posibles problemas de financiación. En total, a lo largo del año, el Gobierno aprobó 15.000 millones de euros en diferentes préstamos al sector privado y otros 3.300 millones en aportaciones patrimoniales.

Todos estos datos muestran que el Ejecutivo hizo modificaciones generalizadas en sus presupuestos prorrogados. Realmente, lo que se ejecutó el año pasado no fueron las cuentas del año 2023 defendidas por el Gobierno, sino un presupuesto prácticamente nuevo con casi 120.000 millones de euros en cambios y ampliaciones.

Pero no todos los ministerios ganaron presupuesto a lo largo del año. Algunos perdieron recursos, fundamentalmente relacionados con el fin de la ejecución de programas financiados por los fondos europeos del Plan de Recuperación y que se redirigieron a los proyectos todavía no abordados.

El Ministerio de Educación perdió casi 1.000 millones de euros respecto de la prórroga presupuestaria; el de Ciencia, 360 millones de euros; de Transición Ecológica 310 millones y el de Hacienda, casi 1.500 millones de euros. Entre los que más recursos adicionales recibieron están los de Defensa e Industria, los que están canalizando la nueva inversión militar, y que recibieron 6.300 y 3.500 millones de euros, respectivamente. El Gobierno priorizó otros planes de gasto, en especial, el gasto en Defensa y la financiación de otras administraciones.