Del capitalismo de Estado al 'papá Estado': bienvenidos a la era de la sobrerreacción

Por increíble que parezca, a pesar de la escalada de los últimos días, el precio del barril de Brent a lo largo de la semana ha estado un 13% por encima de la media histórica del último medio siglo. En concreto, el promedio de precios a lo largo de la semana fue de 84 euros por barril. Cuando se compara la serie histórica ajustada de inflación (no son lo mismo 84 euros de hoy que de 2005), se observa que el precio del crudo llevaba meses por debajo del promedio histórico, que es de 74 euros por barril. La subida de los últimos días ha sido muy intensa, pero los precios actuales no están muy lejos del promedio histórico.

Desde diciembre de 2010 hasta octubre de 2014, el precio del crudo estuvo siempre por encima de los niveles actuales. Cuatro años que, además, fueron dramáticos para la economía europea. El suministro a Europa también estuvo más amenazado que en la actualidad, ya que la guerra civil en Libia bloqueó el flujo de crudo y gas al continente. La situación llegó a ser límite para el euro y, sin embargo, nadie planteó activar un escudo fiscal para proteger la renta de hogares y empresas.

Incluso la Agencia Internacional de la Energía se resistió entonces a liberar las reservas estratégicas de petróleo. No lo hizo hasta que el precio del crudo superó los 107 euros por barril a precios actuales, esto es, un 19% por encima del nivel actual. Y el volumen liberado fue casi siete veces inferior al actual: 60 millones de barriles.

En esta ocasión, los gobiernos han respondido enérgicamente a la crisis con diversas medidas encaminadas a proteger la renta de hogares y empresas. El objetivo es blindar al sector privado de cualquier impacto económico provocado por la guerra en Oriente Medio. El Gobierno de España es uno de los que aún no ha anunciado ninguna medida concreta, y rápidamente han surgido las críticas por inacción y por "estar arrastrando los pies" con las ayudas. La presión está creciendo tanto que está estudiando aprobar un primer paquete de medidas en el próximo Consejo de Ministros.

Pero no es fácil responder a esta pregunta: ¿Qué problemas buscan atajar esas medidas? Todavía no hay datos de impacto económico de la guerra más allá de los combustibles, electricidad y fertilizantes. Sin embargo, es imposible anticipar cómo se van a trasladar estos costes al resto de la cesta de la compra. Serán, por tanto, medidas preventivas.

Toda esta situación refleja el temor que tienen los gobiernos a cualquier impacto económico nuevo que sufran los ciudadanos. Pero también revela que los ciudadanos y las empresas se han acostumbrado a que el Estado acuda a proteger sus rentas en cuanto se produce un evento inesperado. Ocurrió con la pandemia, la invasión de Ucrania, los aranceles de Trump y ahora con la guerra en Oriente Medio.

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En los últimos días han surgido propuestas de todo tipo, tanto desde los partidos políticos hasta los agentes sociales. Van desde la bajada del IVA a la energía que reclama el Partido Popular, a las bonificaciones que piden algunos colectivos de autónomos o la prohibición del corte de suministros que reclama la izquierda. También hay muchas propuestas que nada tienen que ver con la crisis energética. Sumar pide congelar el precio de los alquileres y prohibir los desahucios, mientras que Podemos pide topar las hipotecas a tipo variable. Esto es, cubrir a las familias que han aceptado asumir un riesgo con su crédito. Y, de paso, intervenir en la política monetaria del Banco Central Europeo, que precisamente se canaliza a través del euribor.

La eficiencia

El petróleo siempre ha experimentado subidas repentinas por problemas geopolíticos, estrategias de los países productores, limitaciones de oferta…, pero esta vez existe una demanda social de ayudas públicas que nunca antes se había producido. Es la era del papá Estado: ni la población ni los gobiernos toleran un impacto económico negativo que venga del exterior. El Estado tiene que salvaguardar la renta disponible de los hogares incluso antes de que se conozca cómo se está deteriorando esa renta.

En España, el Gobierno incluso ha planteado la opción de solicitar a la Comisión Europea la suspensión de las reglas fiscales. La realidad es que la evolución inercial del gasto de las distintas Administraciones limita mucho la capacidad del Ejecutivo para aprobar un gran plan de ayudas. Realmente, se ha quedado sin espacio fiscal, según los cálculos de la Autoridad Fiscal (AIReF). Por lo tanto, necesitaría el permiso de Bruselas para elevar el gasto o hacer ajustes en otras partidas.

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La suspensión de las reglas fiscales significa que se podría elevar el gasto a corto plazo a cambio de hacer mayores ajustes a futuro. Porque el objetivo de las reglas fiscales es devolver la deuda a una senda descendente, de modo que cuanto más alta sea y mayor sea el gasto en intereses, mayor ajuste es necesario para reconducirla.

La demanda social y empresarial de medidas rápidas y cuantiosas introduce un riesgo de sobrerreaccionar a la crisis y adoptar medidas ineficientes. Ya ocurrió con la subvención a los combustibles, que al final terminó engrosando los márgenes de beneficio de las distribuidoras.

La posición fiscal de España, con la deuda pública por encima del 100% del PIB, y las grandes necesidades de gasto futuro que tiene el país, debería invitar a la prudencia al adoptar medidas fiscales. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya mostró sus dudas durante la semana: "La respuesta tiene que tener un elemento de proporcionalidad al impacto que estamos observando".

Las casas de análisis todavía no se atreven a hacer una predicción sobre cuál será ese impacto económico. La imprevisibilidad de los dirigentes de los tres países involucrados, Estados Unidos, Israel e Irán hace que cualquier previsión sea puro azar. Lo que sí pueden hacer es escenarios. Y, hoy por hoy, ninguna de sus previsiones son alarmistas.

Para Fitch, un escenario adverso del Brent a 100 dólares de forma prolongada, tendría un impacto sobre el PIB global de 0,4 puntos al cabo de 4 trimestres. Esto es, incluso en un escenario con el precio del crudo por encima de los niveles actuales, su impacto económico sería escaso.

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Funcas calcula que la inflación subirá al 3,6% en marzo (desde el 2,3% previo a la guerra) y que tendrá su máximo en el 4% antes de empezar a caer a partir de junio. Esta previsión se apoya sobre la cotización actual de los futuros. Esto es, si no hubiese más cambio en el precio del crudo y del gas en los mercados, el episodio inflacionista estaría muy contenido, tanto en magnitud como en duración. Repsol trabaja con la hipótesis de que el precio del barril cerrará el año en los 65 dólares, por lo que también cree que será una crisis muy coyuntural.

Durante el último Gobierno de Mariano Rajoy, en el año 2017, el IPC llegó a subir coyunturalmente un 3%. Y la causa también fue el encarecimiento de la energía, que alcanzó tasas de incremento del 17,5%. En ese momento, la única medida que aplicó el Ejecutivo fue la Ley de Desindexación, aprobada dos años antes, para evitar que los precios públicos subieran al ritmo del IPC. Y España siguió funcionando con normalidad.

Desde que comenzó la guerra en Oriente Medio, el ritmo de creación de empleo de España no se ha visto afectado ni un ápice. Así lo explicó el propio ministro Cuerpo, que dispone de los datos diarios de afiliación a la Seguridad Social. El crecimiento económico sigue su marcha a pesar de la incertidumbre y de la subida de precios. Hoy por hoy, no existe impacto macro.

Acertar

La frecuencia de las crisis en los últimos años ha provocado una espiral: los Gobiernos actúan para proteger las rentas privadas y los hogares y empresas cada vez esperan más ayudas. Y también más rápidas. En definitiva, se ha entrado en una espiral de sobrerreacción que suele encajar mal con la eficiencia en el gasto público.

Sin embargo, la política fiscal debería guiarse por dos objetivos. Desde el punto de vista económico, maximizar la eficiencia; y desde el social, proteger a los más vulnerables, tanto hogares como empresas. En este sentido, ayudar a los sectores en los que la estructura de costes depende básicamente de la energía (transporte, agricultura, pesca, industria electrointensiva…) lograría los dos objetivos. Justicia social por repartir los costes de la crisis y evitar la destrucción de tejido productivo.

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El propio Cuerpo ya anticipó que "va a haber una atención especial a los sectores que se ven más afectados por la subida del diésel, como puedan ser el campo o el transporte por carretera". Pero lo que está demandando buena parte de la población es que las ayudas sean generalizadas, que casi siempre son poco eficientes y requieren de muchos recursos públicos.

Las ayudas conllevan un coste de oportunidad que también hay que tener en cuenta a la hora de valorar cualquier medida fiscal. Por ejemplo, tras el inicio de la guerra en Ucrania, el Gobierno aprobó un primer paquete de ayudas de 22.000 millones de euros, una cifra muy relevante que restó ese margen presupuestario de otras políticas.

El coste de oportunidad es muy relevante, porque España tiene muchos problemas estructurales que tiene que resolver. Hay que calibrar, por tanto, si estas medidas urgentes son más útiles para el país que, por ejemplo, abordar el principal problema que perciben los españoles, el de la vivienda. Con 22.000 millones de euros se podría hacer un gran plan público para construir pisos. Sin duda, para cualquier Gobierno es más fácil dar una subvención al transporte o bajar el IVA que construir viviendas o abordar cualquier otro de los problemas estructurales del país.

La clave de bóveda

El sistema de fijación de precios es, probablemente, la clave de bóveda del capitalismo. Es el punto de equilibrio entre lo que desea consumir la población y lo que puede ofrecer el tejido productivo. Cuando el precio de un bien sube, lanza un incentivo al tejido productivo para proveer ese bien, lo que orienta la oferta hacia los deseos de los consumidores.

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En este caso, la subida del precio de la energía manda una señal a quienes puedan producir más energía, que en el caso de España son las renovables y, si el Gobierno lo permite, la nuclear. Pero también lanza una señal a quienes consumen ese bien para hacer un uso más eficiente. En este caso, supone un incentivo para que las empresas inviertan en electrificar sus procesos productivos y en mejorar la eficiencia.

Las crisis del petróleo generan, por tanto, un incentivo para avanzar hacia la autonomía energética. Eliminar esta señal provocará que los agentes económicos tomen decisiones ineficientes con la confianza en que el Estado saldrá al rescate cada vez que vengan mal dadas. De ahí que la gestión de los incentivos adecuados sea todo un reto para los gobiernos occidentales en medio de esta subida de los precios del petróleo y el gas.