Alfredo López, experto fiscal: "Si a una empresa le suben los sueldos de las personas que están detrás, tiene que subir los precios, porque si no, no salen los números"

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El coste laboral en España no ha dejado de aumentar en los últimos años y empieza a generar preocupación entre muchas empresas, especialmente entre las más pequeñas. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste por trabajador se ha incrementado cerca de un 25% desde 2020, encadenando ya 54 meses consecutivos de subidas. Este aumento se explica por la combinación de mayores salarios y un incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, que siguen presionando la estructura de costes de las compañías.

En este contexto, diferentes analistas advierten de que el encarecimiento del trabajo tiene un impacto directo en la actividad empresarial. La periodista económica Victoria Ballesteros explicó en el programa Herrera en COPE que el incremento del coste por hora trabajada acaba repercutiendo en el precio final de bienes y servicios. Muchas empresas intentan compensarlo con inversiones en tecnología para mejorar la productividad o ajustando sus plantillas, aunque no siempre es suficiente para absorber el aumento de gastos.

Una de las consecuencias más visibles de esta situación es la presión sobre los precios. El experto fiscal Alfredo López reconoce que muchas compañías no tienen margen para asumir estos incrementos sin trasladarlos al consumidor. "Las empresas necesitan una rentabilidad para sobrevivir. Entonces, si a una empresa, un restaurante, le suben los sueldos de las personas que están detrás, ese restaurante tiene que subir los precios, porque si no, no salen los números", explica. Esta realidad se percibe con especial intensidad en sectores con márgenes más ajustados.

Para comprender el peso real de estos costes, Ballesteros pone un ejemplo ilustrativo. Un trabajador que recibe 1.500 euros netos al mes suele tener un salario bruto cercano a 2.000 euros, al que la empresa debe añadir cerca de un 30% en cotizaciones sociales, además de otros conceptos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). En la práctica, ese sueldo supone un gasto aproximado de 2.600 euros para la empresa, una carga que, según los expertos, genera “vértigo” especialmente en las pequeñas empresas, donde el aumento de costes puede frenar nuevas contrataciones.