Todo lo que no tiene sentido de bajar los impuestos a la gasolina cuando sube el precio

El conflicto bélico en Oriente Próximo ha tenido una repercusión inmediata en los surtidores españoles en paralelo al encarecimiento del petróleo, que roza los 100 dólares el barril. Los primeros datos del boletín petrolero de la UE reflejan un crecimiento del 15,6% del precio del diésel en España y del 8,8% de la gasolina en la primera semana de la guerra, hasta los 1,65€ el litro y 1,60€, respectivamente. Una inflación que continuará, dado que el bloqueo permanece en el Estrecho de Ormuz y las medidas adoptadas para calmar los mercados (liberación de reservas de petróleo y exploración de vías alternativas) tendrán efectos parciales.

En este contexto, el Gobierno multiplica sus conversaciones con agentes sociales, sectores y grupos parlamentarios para tratar de acertar más con las medidas que en la anterior crisis energética, pero no lo tiene fácil. Los instrumentos más rápidos, bonificaciones y rebajas fiscales generalizadas, son también los más criticados a nivel académico. La intervención teórica más adecuada debería consistir en ayudas focalizadas en los hogares vulnerables en forma de transferencia de renta directa, pero un mecanismo de este tipo no se contempla por el momento, al menos según lo avanzado por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este jueves.

El principal "desafío", reconoce el ministro, se encuentra actualmente en el encarecimiento de los carburantes, para lo que el PP y CEOE piden rebajas fiscales. Esta opción está sobre la mesa del Ejecutivo dadas las críticas desde todos los ámbitos a la bonificación de 20 céntimos aprobada en 2022 tras el estallido de la guerra en Ucrania. Sin embargo, no está claro que reducir impuestos vaya a resultar más eficaz que aquella bonificación, según la evidencia disponible.

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Juan Luis Jiménez, economista de la Universidad de Las Palmas, señala que las rebajas de los impuestos a los hidrocarburos se trasladarían a los consumidores dependiendo de la competencia del mercado y de las elasticidades del consumo. "A mayor nivel de competencia, más se trasladaría el descuento a precios", lo que implica que en los lugares de España donde haya más competidores, sobre todo "empresas independientes y low-cost", cabe esperar que haya un mayor porcentaje de traslado a precios. "Donde estén las estaciones abanderadas por empresas tradicionales y con pocos competidores, las estaciones se apropiarán de parte de esta potencial bajada de impuestos", advierte.

Estas limitaciones en la eficacia de la medida ya quedaron demostradas para la bonificación de 20 céntimos en varios estudios. El último de ellos, publicado en Springer por el propio Jiménez y coautores (Jordi Perdiguero y José Manuel Cazorla-Artiles). El documento concluye, a través de un modelo de diferencias en diferencias, que el 26,35% del subsidio del diésel no se trasladó a los consumidores, mientras que en el caso de la gasolina sí podría haber llegado al 100%, aunque el resultado no es totalmente concluyente. El motivo de la diferencia es que "la elasticidad de la demanda de gasolina 95 con respecto a la oferta es mayor que para el diésel". La parte no trasladada supuso un mayor margen para los productores y mayor recaudación fiscal en el IVA para Hacienda debido al aumento del precio.

Aunque no parece haber evidencia académica para una rebaja de impuestos a los hidrocarburos en España, sí la hay para otros países europeos y apunta en la misma línea. Este artículo, que estudia las reducciones de impuestos a los combustibles en varios países europeos, encuentra una "repercusión total" tanto para el diésel como para la gasolina en Italia, pero parcial en Alemania, lo que llevó a un aumento de los márgenes minoristas.

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En concreto, en Alemania se trasladó el 65,9% del descuento al diésel y el 84,7% del descuento a la gasolina. "Diferentes autores han demostrado que las características de la demanda y la presión competitiva desempeñan un papel importante en la forma en que una reducción fiscal temporal se traslada a los consumidores", inciden, por lo que el resultado final de la medida depende más de las características del mercado del país en concreto que de si es una bonificación o una rebaja de impuestos.

"Las bajadas de impuestos no son la solución porque son generalizadas y tienen el problema adicional de que no se trasladan completamente al precio. Solo ocurre en una situación de competencia perfecta que no se da normalmente", opina José Ignacio Conde-Ruiz, economista de la UCM y subdirector de Fedea. Añade además que bajar impuestos cuando hay inflación "distorsiona la señal de precios", lo cual tiene un efecto negativo en el consumo.

Se bonifica a consumidores que no pensaban reducir su consumo pese al precio e incluso se incentiva un aumento del mismo por parte de consumidores que estaban pensando en otras opciones, como el transporte público, como alternativa para evitar el incremento de los combustibles. Conde-Ruiz incide en que las medidas sean focalizadas y temporales, tanto para los hogares como para los sectores más afectados, como el del transporte, como propone el Ministerio de Economía.

Una transferencia directa a vulnerables sería más barata

En la anterior crisis, el 85% de las medidas adoptadas por el Gobierno no fueron focalizadas, según constató el Banco de España en este análisis. Su mayor crítica es el elevado coste fiscal que supusieron para beneficiar más (en términos absolutos de presupuesto destinado) a los hogares que menos lo necesitan, debido a que las familias con rentas superiores tienen mayor consumo.

No obstante, dentro de las tres medidas principales analizadas, las rebajas del IVA de los alimentos, las de la electricidad y el gas y la bonificación de los carburantes, la regresiva es esta última porque ayuda un tipo de consumo focalizado en rentas elevadas.

En su lugar, los autores del informe teorizan el coste de una transferencia de renta directa de 375 euros a los hogares cuya renta es inferior al 60% de la mediana (los de las tres primeras decilas). El resultado es que, siendo esta cantidad igual al beneficio medio recibido por las tres primeras decilas como resultado de las tres medidas generalizadas, el coste presupuestario de la transferencia sería de 2.095 millones de euros, un ahorro presupuestario de 7.484 millones respecto al coste real.