El Gobierno ultima medidas fiscales para rebajar el precio de los combustibles y de la luz

La guerra iniciada por EEUU e Israel en Irán hace 12 días ha impulsado ya los precios de los carburantes y de la electricidad en España como consecuencia del encarecimiento del petróleo y del gas a nivel internacional. Por ello, el Gobierno está diseñando un escudo social en forma de real decreto ley con los agentes sociales y los grupos parlamentarios que minimice el impacto en los sectores y en las familias, aunque no está asegurada la aprobación de ninguna de las medidas en el próximo Consejo de Ministros.

Según ha incidido en una rueda de prensa este martes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, la crisis energética es todavía menos intensa que la producida tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, pero la inflación energética ya preocupa por su potencial traslado al resto de la economía y por la afectación sectorial. En concreto, Cuerpo ha adelantado que el principal "desafío" en este momento es el encarecimiento del diésel y de la gasolina y el impacto que tiene en el sector agrario y en el transporte por carretera.

Sin explicar ninguna medida en detalle, el ministro ha adelantado que las actuaciones que ultiman consisten en "medidas energéticas que pasan por medidas fiscales". En este sentido, ha reconocido que el Ejecutivo ha recibido "numerosas críticas" de los interlocutores consultados por intervenir en los precios de los carburantes en 2022 a través de una bonificación generalizada de 20 céntimos. "Es una de las medidas que menos nos aconsejan tanto sectores como agentes sociales y lo estamos teniendo en cuenta", ha asegurado.

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En su lugar, el Ejecutivo está explorando medidas fiscales tanto para los carburantes como para la electricidad, en línea con la petición de CEOE esta misma semana de rebajar los precios por la vía de la bajada de impuestos. "Para contener la subida del precio de los combustibles, hay instrumentos fiscales", ha adelantado, matizando que el Gobierno aún "no ha descartado ninguna medida". También ha enfatizado que se ha encargado a la CNMC una vigilancia más frecuente de los precios de los carburantes para vigilar que se trasladan al surtidor las posibles bajadas que pudiera haber en el petróleo en los próximos meses.

Respecto a las actuaciones para contener el precio de la electricidad, Cuerpo ha sido más claro: "Tenemos como ejemplo las medidas de 2022 que son de consenso respecto al efecto positivo de contención de precios y de inflación". Por ello, ha confirmado que "estos son los instrumentos con los que estamos trabajando", refiriéndose a las bajadas del IVA de la luz, de los impuestos a la generación de electricidad y de otros impuestos especiales desplegadas hace cuatro años. Por otra parte, Cuerpo ha confirmado que el Gobierno reactivará parte del escudo social, especificando que se prohibirán los cortes de suministros energéticos a los hogares vulnerables.

Más allá de las medidas, el ministro ha pedido "cautela" sobre el impacto que puede llegar a tener la guerra en Irán en la economía española. "Va a depender de la duración del conflicto", ha advertido, sin anticipar todavía un cálculo en términos macroeconómicos. "Ante esta incertidumbre y volatilidad, debemos definir medidas en los próximos días con rigor y responsabilidad en torno a los impactos que estamos observando", ha añadido. Además, Cuerpo ha descartado una posible activación de la suspensión de las reglas fiscales en este escenario porque requieren de una situación de recesión, escenario actualmente alejado.

Los sindicatos apoyarían bajadas de impuestos parciales y controladas

Los sindicatos, por su parte, han criticado el rápido incremento de los combustibles y la bonificación de 2022 porque "no repercutió en la bajada de precios, se usó para mantener intactos los márgenes empresariales y esto tiene que servir para no repetir errores", según Unai Sordo, secretario general de CCOO. Junto con UGT, ha defendido que "cualquier bajada de impuestos tendría que ser parcial, muy quirúrgica y con control taxativo de la evolución de los precios".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado a favor de medidas fiscales para contener el impacto del encarecimiento del diésel en el sector agrario y ha pedido que las ayudas se apliquen "en función de la renta de las familias", un aspecto que no ha mencionado Cuerpo. "La bajada de impuestos tiene que tener relación con las rentas de las personas que no pueden soportar los incrementos de los precios", ha defendido Álvarez. También han propuesto impulsar el uso del transporte público y ampliar las bonificaciones para que sea una alternativa más factible ante el incremento de los carburantes.

Respecto a un posible impacto de la crisis energética en el empleo, los sindicatos han coincidido en que "todavía estamos lejos de ese escenario" y no prevén que el Gobierno apruebe ninguna medida en este sentido en el corto plazo.