El Gobierno baraja pedir a Bruselas que suspenda las reglas fiscales por la guerra en Irán

El Gobierno baraja solicitar a la Comisión Europea la suspensión de las reglas fiscales si la economía se sigue deteriorando por la guerra en Irán. Así lo ha explicado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una comparecencia en el Senado. Esta cláusula de escape sirve para que los países europeos superen los límites de gasto público fijados en la normativa europea sin que se abra un procedimiento de déficit excesivo. Esto ya ocurrió durante la pandemia del covid y también durante la crisis inflacionista provocada por la invasión de Ucrania.

Montero ha señalado que la suspensión de las reglas fiscales podría ser necesaria en caso de que el Gobierno apruebe un paquete de ayudas para compensar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio. Por el momento, el Ejecutivo no ha adoptado ninguna decisión, pero sigue estudiando posibles medidas y va a abrir una ronda de contactos con los grupos políticos, ya que sería necesario el apoyo del Congreso.

Montero ha explicado durante su intervención que el Ecofin del martes (día 10 de marzo) ya discutió la posibilidad de solicitar la activación de esta claúsula de escape, pero finalmente rechazaron hacerlo. "En este momento no hay una coyuntura" que requiera de esta medida excepcional, ha explicado la vicepresidenta.

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Al mismo tiempo, también ha querido dejar claro que el Gobierno se está planteando insistir en la solicitud de la suspensión de las reglas fiscales en el futuro. Lo hará "si la situación se complica", ha afirmado Montero. “Entre otras razones, porque el Gobierno de España pondrá en marcha un paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra”.

Entre esas medidas que está barajando el Gobierno se encuentra reeditar el paquete que puso en marcha en el año 2022 cuando comenzó la invasión de Ucrania. El primer decreto de ayudas tuvo un coste fiscal de 22.000 millones de euros. Montero ha señalado que España tiene margen fiscal para aprobar ayudas a empresas y hogares gracias a la reducción del déficit público de los últimos años.

Sin embargo, la realidad es que España va muy justa para cumplir con los límites que imponen las normas fiscales europeas. El motivo es que ahora el indicador que cuenta no es el del déficit, sino el de la regla de gasto, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva meses alertando de la dificultad de cumplimiento que tiene España.

Aunque el déficit se sigue reduciendo gracias al crecimiento económico y al ritmo de la recaudación, el ritmo del gasto previsto supera los límites fijados por las reglas fiscales. Esto significa que si el Ejecutivo aprobase un gran plan de ayudas para compensar el impacto de la guerra estaría en claro riesgo de incumplimiento de los compromisos fiscales. De ahí la necesidad del Ejecutivo de plantear la suspensión de las reglas fiscales.

No cambiará la Ley de Estabilidad

Una de las peticiones reiteradas de la AIReF al Ministerio de Hacienda es la actualización de la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) para adaptarla a las nuevas reglas fiscales europeas. Para empezar, porque el indicador que ahora determina el cumplimiento es el del gasto neto computable, cuya definición es muy diferente al de la regla de gasto española. Entre otros motivos, la regla europea sí incluye el gasto de la Seguridad Social, mientras que la nacional, lo excluye.

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Montero ha rechazado abordar este cambio de la ley orgánica y ha justificado que el Ministerio cuenta con informes jurídicos que avalan la compatibilidad de la norma española con la europea. Aún así, la AIReF reclamaba que se modificara para simplificar el seguimento de las normas fiscales, sobre todo en lo que respecta a las comunidades autónomas, ya que la norma española sólo les obliga a cumplir la regla de gasto nacional y no la europea.

Montero también ha descartado modificar la regla de gasto nacional para permitir a las comunidades autónomas que estén en mejor situación fiscal puedan gastar sus remanentes. La vicrepresidenta ha recordado que las autonomías pueden emplear el superávit de años anteriores con la figura de las inversiones financieramente sostenibles. Una figura regulada por la directiva europea y que permite emplear una parte de los remanentes sin elevar gasto corriente.

"Ni corresponde al Gobierno de España ni tampoco nos autorizaría Europa a que tengamos reglas de gasto con conceptos distintos dependiendo de cuál es la administración a la que la estemos aplicando", ha explicado Montero.