Garamendi pide bajar los impuestos a la luz y a la gasolina en lugar de bonificar su consumo

El Gobierno lleva una semana debatiendo medidas internamente y con los agentes sociales para paliar los efectos de la crisis energética iniciada por la guerra en Irán y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha adelantado este martes por primera vez su postura. Según ha declarado en la segunda edición del ESG Leaders Summit de Deloitte, que organiza con la colaboración de El Confidencial, los empresarios rechazan bonificar el consumo de la gasolina, la luz y el gas. En su lugar, piden que el Gobierno rebaje los impuestos aplicados para que sea Hacienda quien asuma el coste directamente de las medidas.

"No necesitamos bonificaciones; los gasolineros nos lo dicen. El Estado tiene que tener la flexibilidad de ajustar impuestos para que el consumidor lo vea reflejado en el gas, en el petróleo y en la energía eléctrica; no consiste en trasladar a las empresas esa responsabilidad para que financien el asunto", ha defendido Garamendi. En su opinión, las bonificaciones perjudican a los pequeños gasolineros porque se ven "ahogados" entre la aplicación de la rebaja en el precio y la devolución por parte de Hacienda de una cantidad en el IVA, haciendo referencia al sistema aplicado en 2022 cuando estalló la crisis por la invasión rusa de Ucrania.

Entre abril y diciembre de 2022, el Gobierno aprobó un descuento de 20 céntimos por litro a la gasolina y al gasóleo. De esos, 15 céntimos los pagaba el Estado y cinco las grandes petroleras. Las gasolineras aplicaban el descuento al cliente y, posteriormente, lo reclamaban a Hacienda. Esto suponía para los gasolineros adelantar el dinero hasta que la Administración lo devolviera y pudo generar problemas de liquidez en algunos casos.

Además, resultó ser una medida muy polémica (y regresiva por no discriminar por renta). Según un estudio de Esade y otro de la Universidad de las Palmas, el descuento no llegó totalmente a los consumidores porque el sector absorbió una parte de la ayuda subiendo precios o aumentando márgenes. En cambio, la CNMC sentenció lo contrario partiendo de datos previos a la aplicación de los descuentos y, años después, todavía hay una batalla judicial a varias bandas por un supuesto estrechamiento de márgenes a las 'low cost' por parte de Repsol aprovechando los descuentos.

En cualquier caso, la patronal deja claro que las medidas de ayuda no pueden volver a pasar por subvenciones que adelanten las empresas. "No puede ser que el que salga beneficiado de esto siempre sea Hacienda", ha añadido al respecto Garamendi. Cabe destacar que las medidas del Gobierno fueron mixtas; hubo subvenciones (como el descuento a los combustibles, el refuerzo del bono social eléctrico o las ayudas al transporte público), pero también reducción de impuestos mediante una rebaja de los gravámenes al consumo y a la generación de electricidad.

El presidente de la patronal ha señalado que las conversaciones con el Gobierno todavía están en curso para tratar de consensuar las medidas de contención de la crisis energética y de la previsible subida de la inflación. De hecho, el Ejecutivo aún no ha planteado ninguna medida concreta y CEOE se muestra abierta a negociar con el objetivo de que consumidores y empresas "puedan sobrevivir a este caos" y a la "muy mala noticia" de otra crisis inflacionista.

Garamendi ha incidido en la "extrema volatilidad" de la situación vivida este mismo lunes con los precios del petróleo, resaltando la preocupación de las empresas, especialmente de las del transporte, la logística y la industria. Si el barril se sitúa de manera permanente por encima de los 100 dólares, supondrá "una inflación muy por encima del 3% y que el BCE posiblemente diga que los tipos tienen que subir", ha advertido.

La patronal rechaza negociar la democracia en la empresa

Por otra parte, CEOE y Cepyme han anunciado este martes que no se sentarán en la mesa de diálogo social convocada por el Ministerio de Trabajo para el jueves sobre las medidas de democracia en la empresa. Las patronales rechazan de entrada los principales cambios legislativos planteados por el departamento de Yolanda Díaz: la entrada obligatoria de los trabajadores en los consejos de administración de las compañías y la participación también obligatoria en el capital mediante acciones.

En un comunicado, tachan estos planteamientos de "intervencionismo" y de "vulneración del derecho a la propiedad privada". Inciden en las posibles implicaciones negativas que tendría la imposición de la participación de los trabajadores y califican que son medidas de "un modelo socioeconómico propio de regímenes autoritarios del pasado". También apuntan a una vulneración del artículo 38 de la Constitución Española, de libertad de empresa. "Por todas estas cuestiones, el Comité Ejecutivo ha decidido no estar presente en la mesa de negociación abierta sobre la democratización de la empresa y seguir apostando por la negociación colectiva como espacio de entendimiento", concluyen.

Los expertos consultados señalan que en España ya existen fórmulas jurídicas que permiten el acceso de los trabajadores al capital de una empresa, pero su uso es minoritario, y consideran que la imposición legal de unos umbrales mínimos podría perjudicar al crecimiento empresarial. No obstante, se trata de una propuesta de máximos por parte del Ministerio de Trabajo que no tiene visos de ganar los apoyos suficientes en el Congreso y, probablemente tampoco, dentro del Gobierno.