Bruselas propone que todas las ayudas para coches eléctricos se concentren en vehículos 'made in Europe'

La Comisión Europea ha presentado este miércoles la Ley de Aceleración Industrial (IAA), la esperada propuesta con la que el Ejecutivo comunitario pretende incluir requisitos de prioridad europea en distintos ámbitos de gasto público, como en licitaciones y subvenciones, y ayudar a frenar la desindustrialización de Europa, que afectará de manera directa a varios sectores críticos para la economía europea, que según los cálculos de Bruselas podrían perder unos 750.000 empleos en la próxima década. El documento ha visto la luz tras meses de pulsos entre departamentos dentro de la propia institución y entre capitales con una visión muy diferente respecto al debate de seguridad económica. El objetivo expresado por la propuesta establece que el 20% del PIB de la Unión Europea esté representado por la manufactura, que actualmente representa 14,3% del PIB frente a más del 17% de principios de siglo.

La idea de fondo es que el dinero público no acabe alimentando a rivales que ponen en riesgo la competitividad industrial europea, especialmente en empresas chinas. Se trata únicamente de una propuesta, por lo que sufrirá previsiblemente importantes modificaciones durante la negociación entre colegisladores, es decir, entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, donde están representados los Estados miembros. Se trata de una norma muy novedosa para la Comisión Europea, ya que introduce un elemento de intervención económica con la que la institución no está nada familiarizada.

El texto tiene mucho nivel de detalle, incluye industrias que son críticas para el futuro de la UE y que merecen una especial protección y flexibilización, cubre las inversiones extranjeras directas (FDI) y qué se considera como "hecho en Europa" o equivalente. Estaba previsto que la norma se presentara en diciembre, pero desde entonces la idea de 'Buy European' ha consumido una enorme cantidad de energía dentro de la institución y también entre Estados miembros, en un choque frontal entre los defensores de un concepto estricto de prioridad europea y aquellos países preocupados con un cierre de Europa a los negocios.

Requisitos europeos

Finalmente, la propuesta ha reducido considerablemente los requisitos para poder salir adelante en la mayoría de los frentes, centrándose fundamentalmente en una intervención que permite tomar medidas contra la competencia de China, que es, eso sí, la principal amenaza industrial. Una de las maneras en las que se ha ‘descafeinado’ la propuesta es la reducción del número de las industrias consideradas como críticas, limitando su alcance a acero, aluminio, cemento, tecnologías calificadas como 'net-zero', es decir, centradas en la descarbonización (como baterías, electrolizadores, bombas de calor, solar fotovoltaica, eólica) y componentes de automoción. Esto significa no solamente que estas industrias, entre las que se encontraban, por ejemplo, en otros borradores la bioquímica o los plásticos, quedan menos protegidas en ámbitos como las de preferencias europeas, sino también de las propuestas de aceleración industrial, con flexibilización de permisos o acceso preferente a infraestructuras energéticas.

Respecto a lo que se considera "hecho en Europa", la Comisión finalmente apuesta por una visión amplia, en la que se aceptan también como equivalente a un contenido de origen europeo a aquellos productos de países terceros que tengan acuerdos comerciales, que formen parte de la Unión Aduanera o, en el caso de las contrataciones públicas, que formen parte del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, el Ejecutivo comunitario se reserva el derecho a adoptar actos delegados que permitirían excluir a un país tercero de la lista de equivalencia en caso de que no ofrezca un acceso equivalente a los productos europeos, en caso de que haya una dependencia o amenaza de suministro, o si justifica por otras razones.

No habrá preferencia europea sobre el acero, aunque sí requisitos de bajo carbono en contratación pública y esquemas de apoyo público para construcción e infraestructura. Para el sector automotriz es el único en el que el acero sí deberá cumplir con un requisito europeo, además de bajo en carbono. En el caso del cemento y del aluminio sí que se incluye una preferencia europea para todos los ámbitos, adicional al requisito de bajo carbono. En el caso de las tecnologías limpias, la propuesta de la Comisión propone un incremento paulatino durante tres años de los requisitos europeos en el sector, incluyendo las nuevas centrales nucleares que se construyan en el futuro.

El ámbito automovilístico tiene una dimensión propia en esta propuesta. Mientras que la preferencia europea solamente aplica a un mínimo del 45% del presupuesto nacional para el resto de tecnologías, en el caso del sector automotriz la preferencia europea aplica al 100% del presupuesto nacional, ya sea en forma de licitaciones, de ayudas o de subvenciones. La idea es que un vehículo no sea sencillamente ensamblado en Europa, sino que los elementos de mayor valor del coche, como por ejemplo la batería, sean producidos en territorio europeo.

Todas las obligaciones de requisitos europeos incluyen excepciones, por ejemplo en caso de que no haya suficientes proveedores, que haya excesivos retrasos o que haya un importante sobrecoste, del 25% en contratación pública y el 30% en caso de esquemas de apoyo público. Por ejemplo, si un panel solar hecho en Europa cuesta un 34% más que su competidor no cubierto, entonces se podría eliminar el requisito de origen.

Control de inversiones extranjeras

Uno de los mecanismos que utiliza la propuesta de la Comisión Europea consiste en endurecer las inversiones extranjeras directas (FDI), incluyendo condiciones para las que superen los 100 millones de euros en casos en los que la empresa que invierta provenga de un país que controle más del 40% de la producción mundial en los sectores como baterías, vehículos eléctricos, fotovoltaica y materias primas críticas.

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R. Badillo

Se establecen una serie de seis condiciones, de las que estas empresas inversoras deberán cumplir al menos cuatro: no superar el 49% de la propiedad de la empresa europea; estructurar la inversión como empresa conjunta ('joint venture') con socios europeos; transferencia de tecnología dando a la empresa europea acceso a sus patentes y conocimientos técnicos, hasta el punto de que la empresa comunitaria pueda producir ella sola; destinar al menos el 1% de los ingresos brutos a I+D en la UE; y comprometerse a que el 30% de los materiales, componentes y piezas usados para la producción de bienes que se vendan en Europa sean adquiridos a empresas europeas. La última condición, que es obligatoria siempre, es que al menos el 50% de los empleados a todos los niveles sean europeos.

Flexibilización

Además, el Ejecutivo comunitario busca aumentar la velocidad y la flexibilización de las inversiones industriales, y por eso propone un procedimiento único de concesión de permisos que permita a los promotores presentar una única solicitud, con la que cubren todo los permisos que pueden necesitar a la hora de poner en marcha un proyecto, como por ejemplo son urbanísticos o ambientales, en vez de acudir por separado a cada una de las capas de la administración.

La Comisión Europea también propone la creación de, al menos, una zona de aceleración industrial prioritario con permisos más simples y rápidos. "Esto abre un nuevo capítulo para la industrialización europea", ha defendido Séjourné, que ha explicado que se trata de un "texto equilibrado".

Amenaza de otro nuevo retraso

El lunes los jefes de gabinetes de los distintos comisarios, en la reunión semanal en la que se cocina el colegio de comisarios, chocaron respecto a los últimos detalles de la propuesta. Fue tal el choque que hubo dudas de que finalmente se fuera a publicar la propuesta este miércoles, pero el gabinete de Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea a cargo del dossier, necesitaba sacar adelante un expediente que empezaba a retrasarse tanto que amenazaba con quedarse en la cuneta.

La propuesta ya había estado lista para salir hace varias semanas, pero un importante número de departamentos habían chocado respecto a los mismos detalles que seguían siendo divisivos esta semana. Además, los jefes de Estado y de Gobierno habían dejado claro que se trataba de un asunto muy espinoso durante una cumbre europea informal que se celebró el pasado 12 de febrero en el castillo de Alden Biesen, al este de Bélgica. La Comisión Europea plantea una revisión en tres años para poder extender las medidas a otras posibles industrias que, en esta ocasión, hayan quedado fuera de la propuesta.