España entra en el club de países con jornadas más reducidas para los funcionarios

Los sindicatos se disponen a firmar con el ministerio de Función Pública un acuerdo para implantar las 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE), según el borrador del acuerdo que está pendiente de firmar en la mesa general. Un paso que los representantes de UGT califican de "mero trámite", por lo que estiman que la nueva jornada entrará en vigor en el mes de marzo. Es un compromiso que adquirió el ministerio en el último acuerdo marco, firmado hace solo dos meses, pero que realmente se arrastra desde hace años.

Con este pacto en la negociación colectiva, unos 246.418 empleados públicos pasarán de tener una jornada de 37,5 horas, la fijada por ley como máximo, a una de 35, al igual que prácticamente todos los empleados públicos de las administraciones locales y una buena parte de los que trabajan en las regionales (a excepción, por ejemplo, del personal público de la Comunidad de Madrid).

Se trata de la culminación de un proceso progresivo de reducciones de jornada en el ámbito público iniciado con la ley de presupuestos de 2018, en la que se reinterpretaba el Real Decreto-ley 20/2011, que obligó a la jornada de 37,5 horas para ahorrar costes en un contexto de recortes en el gasto público. Al sumarse a las 35 horas la administración mayoritaria que faltaba, la AGE, la jornada pactada en promedio en el sector público se situará cerca de esa cifra cuando se aplique y España pasará a estar en el reducido grupo de países con jornadas laborales más bajas para los empleados públicos.

La comparativa europea muestra que tan solo Francia, Irlanda y Portugal tenían pactadas 35 horas de trabajo semanales en la administración pública en 2024. España se situaba ya cerca, con 35,8 horas, debido en gran medida a las jornadas superiores en la AGE. No obstante, incluso hace dos años, la jornada promedio del sector público español era notablemente inferior a la media de la UE, 37,7 horas, según reflejan los datos recopilados por Eurofound.

Doce países de la UE aún continúan con 40 horas semanales acordadas en la administración pública y siete tienen la misma jornada para el sector público que para el conjunto de la economía. Llama la atención el caso de Alemania y de Austria por tener jornadas más altas en las administraciones públicas (con 39,2 horas y 40 horas, respectivamente) que en el total del tejido productivo (37,8 y 38,3). En España es al revés: los sectores en su conjunto tienen jornadas pactadas en el entorno de la media de la UE, de 38,3 horas, casi tres horas más que en el sector público.

Además, las horas pactadas no son las que se trabajan finalmente. No existen datos para comparar exactamente al sector público con el privado o con el resto de la economía, pero el efecto se puede aproximar en la EPA. Los trabajadores a tiempo completo en España aún hacían jornadas habituales de 40,2 horas en 2024 y jornadas efectivas (horas realmente realizadas) de 38,9, muy lejanas a las 37,3 horas y 35,9 horas del sector de administración pública y defensa.

De esta manera, el sector público resulta comparativamente atractivo en España por condiciones, pero también por salarios. Un estudio publicado recientemente por Eurostat a partir de los datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 señala que la brecha salarial entre el sector público y el privado en España alcanza el 9% a favor del primero, solo por detrás de Chipre y de Luxemburgo. En este contexto, ser funcionario aparece como una opción especialmente atractiva en España frente a un sector privado en el que se trabaja más y se cobra menos.

Impacto de la reducción de jornada

Según explican fuentes sindicales, el acuerdo que se firmará con el ministerio (aún sin una fecha concreta) contempla el establecimiento de las 35 horas semanales y se compromete a realizar “las adaptaciones indispensables para la cobertura del servicio, en especial, en atención a la ciudadanía y la organización del trabajo con turnicidad”. Muchos puestos (los de oficina) podrán adaptarse restando media hora de jornada diaria entre el lunes y el viernes, pero otros (los de atención al público y los relevos por turnos) pueden requerir de nuevas contrataciones si, tras ajustar la nueva jornada anualizada, no se cubren todas las necesidades.

Los sindicatos insisten en que el pacto se limita a los referidos compromisos en términos generales, pero serán las 30 mesas de negociación delegadas (22 de los ministerios y otras de ocho organismos) las que en la práctica verán cómo les afecta la nueva jornada y si necesitan más personal. En caso afirmativo, los puestos se pueden cubrir con interinos o mediante nuevas ofertas de empleo público.

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"Es previsible que analicen las necesidades de las plantillas y, si hay que hacer refuerzos, se tire de interinos en primer término si las necesidades son urgentes (como sucede con programas del SEPE o la Seguridad Social) y posteriormente con oferta de empleo público", traslada una fuente sindical. Desde UGT creen que, mayoritariamente, "compensarán con la gente que hay" y que las tasas de reposición vigentes, contempladas en los presupuestos de 2023, permiten que entren más funcionarios de los que se jubilan (entre el 120% y el 110% para la AGE), por lo que se puede jugar con ese margen.

Las 35 horas afectarán al personal de la AGE, pero no a los servicios penitenciarios, al necesitar una instrucción específica, ni a la educación ni la sanidad de Ceuta y Melilla. Tampoco afecta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ni a las empresas públicas, que pueden negociar una reducción de jornada de manera individualizada mediante negociación colectiva.