El Gobierno impedirá absorber el alza del SMI con pluses y se arriesga a una batalla legal

El ala socialista del Ejecutivo ha decidido respaldar un acuerdo con los sindicatos sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) más controvertido de lo que parece debido a lo dispuesto en su segunda parte. UGT y CCOO llevan años pidiendo una reforma que impida a las empresas hacer uso de la compensación y absorción para neutralizar las subidas del SMI, pero no ha sido hasta el acuerdo de 2026 cuando se ha plasmado por escrito el compromiso del Ministerio de Trabajo. De llevarse a cabo el literal del texto, la batalla legal está servida.

En concreto, el Gobierno se compromete a "actualizar los criterios de aplicación de las reglas de absorción y compensación", incluyendo en un real decreto "un precepto específico" que limite los pluses que pueden ser absorbidos cada vez que se decreta un aumento del SMI. En el acuerdo de 2025, el ministerio solo se comprometió con los sindicatos a crear una mesa de diálogo social para analizar los criterios, por lo que el texto firmado este lunes va más allá.

La intención del Ministerio de Trabajo es clara: "Con las nuevas normas de absorción y compensación, las subidas del SMI van a ser reales", ha anunciado la vicepresidenta segunda y titular de la cartera, Yolanda Díaz, que ha calificado el acuerdo de este año de "muy trascendente" por este motivo. "Hay trabajadores que perciben un plus de toxicidad o de peligrosidad que, de pronto, como les suben el SMI, el empresario les anula ese plus. Esto se ha acabado en nuestro país", ha defendido Díaz.

El texto firmado con los sindicatos es solo un acuerdo bipartito sin mayor trascendencia legal, pero ya especifica qué tipo de pluses no se van a poder absorber. Los complementos por las condiciones en que se preste la actividad, por la residencia; los ligados a características intrínsecas de la persona trabajadora y los de cantidad o calidad de trabajo. También aquellos cuyo carácter no compensable esté previsto en los convenios colectivos aplicables y, en general, los que se deriven de las limitaciones ya previstas en el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET).

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Es decir, que se impediría, en la práctica, la aplicación de la compensación y absorción, aunque está por ver cuál es la redacción final en el real decreto que transpone la directiva de salarios mínimos, donde se incluirá este desarrollo, ya que por el momento solo se ha publicado en consulta pública previa sin articulado. El real decreto que sube el SMI de 2026 un 3,1%, hasta los 1.221 euros, tiene carácter independiente y se efectuará de inmediato, mientras este otro real decreto se demorará más en el tiempo.

Díaz defiende que la reforma va en la línea de cumplir con la doctrina del Tribunal Supremo para aclarar las normas de compensación, pero el sector legal cree más bien todo lo contrario y advierte que es una práctica legislativa arriesgada limitar tanto los complementos absorbibles a través de una norma sin rango de ley.

"Muy cuestionable" a nivel jurídico

Tras conocer el literal del acuerdo con los sindicatos, Omar Molina, socio de Augusta Abogados, señala que si el texto final del real decreto "se limita a desarrollar aspectos técnicos, puede pasar, pero si reescribe el artículo 26.5 del ET o prohíbe la absorción allí donde la ley no lo hace, estaremos ante un exceso reglamentario impugnable".

Esto se debe, según explica, a que el citado artículo otorga rango de ley a la absorción y compensación de todos los salarios porque "afecta directamente al corazón del diseño salarial y a la negociación colectiva", por lo que la modificación solo podría hacerse a través de una norma con rango de ley. "Si el Gobierno lo camufla en un real decreto de transposición, evita la votación parlamentaria, pero entra en un terreno jurídicamente muy cuestionable", añade.

En la misma línea se expresa Jorge Domínguez, socio de TDBM Abogados: "Son amplísimos los complementos que estarían afectados por esa nueva regla de compensación y absorción, que realmente abarcaría todo. Regular desde un real decreto si un complemento salarial es o no compensable afecta directamente al propio Estatuto de los Trabajadores". Incide en que la doctrina del Supremo fija que la modificación de las normas de compensación requiere de rango legal, por lo que la intención del ministerio es "muy difícil de encajar jurídicamente".

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Domínguez considera además que sería inviable una modificación de las normas de compensación solo para el SMI. "Se cargarían, de facto, la posibilidad de compensación en todos los salarios, por lo que la negociación colectiva en esta materia no tendría mucho sentido". Si se terminara aprobando una modificación en los términos acordados con los sindicatos, se generaría "una inseguridad jurídica tremenda", advierte, al poder ser impugnado el real decreto por el Supremo si algún afectado lo recurre.

Un posible juego con el "elemento de homogeneidad"

Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados, sugiere que el Ministerio de Trabajo podría optar por la vía de limitar el alcance de la compensación y absorción "a través de la exigencia jurisprudencial del elemento de homogeneidad" que debe existir entre los conceptos salariales comparados. Explica que, para que pueda operar la compensación y absorción, los conceptos salariales a comparar deben ser homogéneos, de tal manera que, de no serlo, no se podría aplicar el mecanismo.

Esto suele estar fijado en los convenios colectivos, pero Aspra cree que Trabajo pretenderá que "sea la propia norma reglamentaria la que diga qué es o qué no es homogéneo a efectos de aplicar la subida del SMI" De tal manera que, si bien no se suprime el mecanismo de la absorción y compensación en su conjunto (porque reglamentariamente no se puede), "en la práctica sí se limita su alcance al excluirse conceptos salariales hasta ahora computables a tal efecto".

De ser así, el laboralista prevé una "extraordinaria judicialización" sobre qué conceptos salariales podrán considerarse o no válidamente excluidos del mecanismo de la absorción y compensación y, sentencia, que "no parece una buena idea ni desde la perspectiva jurídica, al poder incurrirse en un supuesto de 'ultra vires', ni desde la perspectiva económica, al ampliarse sobre manera el coste salarial".

CEOE tiene claro que recurrirá una norma de este tipo. Fuentes empresariales anticiparon ya en diciembre que la patronal llegaría a los tribunales y "hasta el final con este asunto" si el Ministerio de Trabajo materializa sus intenciones por vía reglamentaria porque, consideran, se rompería el principio de jerarquía normativa que establece el artículo 9 de la Constitución española. CEOE sostiene que la compensación es una materia de la negociación colectiva y espera que, si finalmente se tramita la norma, el Consejo de Estado la frene.