España se aleja del gasto medio de la UE en prestaciones familiares a pesar del IMV

La pobreza infantil afecta al 33,9% de los menores de 16 años en España, dos puntos más que antes de la pandemia y alrededor de diez puntos más que la media de la UE. El dato, publicado la semana pasada por el INE, constata que la pobreza infantil es un problema enquistado y el ministro de Derechos Sociales ha reactivado su propuesta de crear una prestación universal por crianza para solucionarlo.

La inmigración está detrás de estos malos datos, pero España adolece de un gasto reducido en protección social de los menores y de sus familias en comparación con los países del entorno. Cabría esperar que, con la implantación en 2022 del Complemento de Ayuda a la Infancia (CAPI), ligado al Ingreso Mínimo Vital (IMV), España empezaría a converger con los niveles europeos, pero los datos muestran lo contrario, evidenciando que la inversión sigue siendo insuficiente.

Es un problema de falta de penetración de las prestaciones, como ha señalado en reiteradas ocasiones la AIReF apuntando al elevado non take-up (del 72%) pero también de volumen. Según Eurostat, España gastó 21.704 millones de euros en 2024 en prestaciones familiares e infantiles, lo que supuso el 1,36% del PIB. Si España quisiera gastar lo mismo que la media de la UE en este ámbito, un 2,39% del PIB, tendría que haber elevado el desembolso en 16.400 millones de euros.

La distancia es considerable y no se está acortando. El gasto ha crecido un 30,2% en términos nominales entre 2019 y 2024, pero no ha variado en términos relativos, ya que era el 1,33% del PIB en 2019. Se debe a que el avance de la economía española y el crecimiento demográfico diluyen el incremento de esta partida de gasto, mientras crece en la media de la UE (era el 2,24% en 2019). España ha perdido puestos en estos años y ya es el quinto país que menos gasta en relación con su PIB en este tipo de prestaciones (hace cinco años, era el octavo).

Por habitante, en España se gastaron 362,7 euros al año en 2024 en prestaciones para la familia y la infancia, menos de la mitad que en la media de la UE (755,2 euros). El dato, en euros constantes de 2015, permite comparar con 2019 descontando la inflación y muestra que el gasto promedio por persona solo se ha incrementado en España en 24 euros durante estos cinco años, mientras que en la media comunitaria el aumento es de 80 euros. Por tanto, la brecha se ensancha también en este indicador.

La pérdida de peso relativa de la inversión en prestaciones de familia e infancia contrasta con el aumento del gasto social en prestaciones, que en 2019 alcanzaba el 23,68% del PIB y en 2024 ascendió al 25,13%. Esto se debe a que el aumento del gasto social lo han acaparado las prestaciones por enfermedad (de un 6,6% a un 7,36%) por el auge de las bajas médicas y las pensiones de envejecimiento (pasando del 9,76% al 10,56% del PIB). El resultado es una disminución relativa de los recursos para la población más joven incluso aunque se incrementen los esfuerzos públicos.

La cantidad necesaria para alcanzar el promedio de la UE en familia e infancia (los citados 16.400 millones de euros) se lograría si se sumara al gasto ya existente la prestación universal planteada por Derechos Sociales, ya que implica un desembolso de unos 19.000 millones. Según teoriza el ministerio, sería una prestación de 2.400 euros anuales por cada hijo menor de 18 años, por lo que beneficiaría a 7,9 millones de personas.

No obstante, aunque no sea un gasto desproporcionado en comparativa europea, es difícil conseguir un margen presupuestario de tal calibre sin recortar otros gastos o incrementar sustancialmente los ingresos, más aún en un contexto en el que España se ha comprometido a gastar, como poco, el 2% del PIB en defensa.

Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales plantean que, para financiar la prestación, se supriman el CAPI y las deducciones fiscales existentes por hijos. También están abiertos a diseñar una implantación gradual, no universal desde el inicio, para atenuar el coste inicial.

Este planteamiento rebajado va más en línea con el acuerdo de Gobierno de coalición, que solo contemplaba unificar ambas herramientas, y podría concitar un mayor beneplácito del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no queda claro hasta qué punto la nueva prestación implicaría un incremento del gasto en prestaciones de infancia y familia o sería más un cambio en el tipo de política con los mismos recursos.

En los últimos días, el ministro Bustinduy también ha propuesto aprobar un nuevo impuesto a los "ultrarricos" que recaude 5.200 millones al año para financiar la prestación, pero fuentes del ministerio matizan que no es un requisito previo a la puesta en marcha de la misma, ya que la viabilidad para aprobar nuevos gravámenes en el Congreso es nula. A pesar de estas complicaciones, Derechos Sociales insiste en que la prestación universal por crianza es asumible y eficiente y en que la pobreza cuesta mucho más a España, unos 65.000 millones de euros anuales, lo que supone el 3,8% del PIB actual.

Más bajas por nacimiento, menos subsidios

La estadística SEEPROS, de la que se han extraído los datos para este artículo, clasifica el gasto para familia e infancia en prestaciones en efectivo, prestaciones en especie y prestaciones monetarias a tanto alzado, siendo las más relevantes en cuanto a volumen de gasto las dos primeras. Tienen en cuenta los desembolsos de todas las administraciones públicas.

De los más de 21.000 millones gastados ya en 2023 (último año con datos disponibles desglosados), la mayor parte se destinó a las prestaciones a los padres para mantener su salario durante la baja por nacimiento de hijos (4.000 millones) y a subsidios por tener hijos (otros 4.100 millones), en los que se integra el CAPI y otro tipo de ayudas no relacionadas con el ámbito laboral.

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C. Dolz

La otra partida mayoritaria es la contabilizada como prestación en especie para el cuidado diario de los niños, que incluye tanto plazas en guarderías y rebajas en el precio como descuentos en cualquier otra actividad de formación no reglada (deportiva, etc.) ofrecida fuera del horario lectivo. Este tipo de medidas sumaron 7.800 millones.

En comparación europea, España gasta más en prestaciones por baja de los padres (el 0,27% del PIB frente al 0,16%) a pesar de tener una fecundidad menor, debido a la mayor duración de los permisos (actualmente, 19 semanas). Sin embargo, el gasto es muy inferior en subsidios (solo el 0,28% del PIB frente al 0,99%), donde iría incluida la nueva prestación universal propuesta. Para un análisis completo, más allá de las transferencias, sería necesario incorporar el impacto de los beneficios fiscales en el IRPF por tenencia de hijos. Una investigación reciente de la Comisión Europea, con datos de 2022, señala que España también se encuentra a la cola de la UE contando con este tipo de apoyos fiscales.