El Gobierno presenta otro plan contra la pobreza infantil sin disponer de los fondos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo plan de desarrollo sostenible para luchar contra la pobreza infantil y combatir problemas como el acceso a la vivienda, en el que destaca como medida estrella la prestación universal por crianza. Se trata de una medida surgida en el programa electoral de Sumar para las elecciones generales de 2023 que ahora ha quedado detallada en esta hoja de ruta con vistas a 2030, pero que no materializa todavía una iniciativa legislativa específica.

La iniciativa, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, promete implantar una prestación para todas las familias con hijos menores a su cargo para "acabar con la pobreza infantil más severa" durante los próximos cinco años. Según fuentes ministeriales, la prestación supondría una ayuda de 2.400 euros al año para las familias con menores.

El ministro competente, Pablo Bustinduy, defiende que esta es la herramienta "más eficaz" para combatir la pobreza, sin embargo, el Gobierno ya sugirió la medida en su estrategia anterior, publicada hace cinco años, sin que haya habido avances al respecto. En concreto, la estrategia de desarrollo sostenible publicada en 2020 ya prometía la "extensión de la protección social contra la pobreza infantil con voluntad de universalidad y como herramienta para apoyar a las familias en la crianza", pero en la nueva estrategia se enuncia la prestación para "el 100% de las familias con hijos menores".

El primer problema de fondo de esta medida es su coste. En España hay casi 7,9 millones de menores de edad que recibirían 200 euros al mes independientemente de su situación socioeconómica, lo que elevaría el gasto de la prestación a unos 19.000 millones de euros. Un desembolso muy superior al del resto de prestaciones, por encima del importe que suponen las prestaciones por Incapacidad Temporal (16.500 millones de euros en 2024) y solo por debajo de las pensiones.

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Javier Jorrín

De hecho, dado su coste, Sumar no consiguió incluir la prestación como compromiso en el acuerdo de Gobierno cuando cerró el pacto de coalición en otoño de 2023. El documento tan solo prometía unificar el Complemento de Ayuda a la Infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción por maternidad en el IRPF para facilitar la gestión de las ayudas destinadas a la crianza de menores, una medida que tampoco se ha adoptado por el momento.

Según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE, referida a 2024, un 33,9% de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España, la ratio más alta si se divide por grupos de edad. Aunque ha disminuido ocho décimas respecto al año anterior, la ratio sigue siendo peor que antes de la pandemia (31,8% en 2019) y se encuentra entre las más elevadas de la Unión Europea. Gran parte de este efecto se ve influido por las familias extranjeras con hijos, que presentan peores datos de pobreza dados sus menores ingresos y falta de red de apoyo familiar.

Respecto a la pobreza, la nueva estrategia también promete "reducir la tasa AROPE en un 10%" por debajo de la media de la UE, priorizando medidas dirigidas a familias monoparentales, las más afectadas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy ha ligado la implementación de la nueva prestación universal a unos nuevos presupuestos generales del Estado.

"Confío en que el proyecto de PGE pueda dar pasos en esta dirección, así lo hemos decidido y así creemos que será", ha defendido. También ha reconocido que los niveles de pobreza infantil en España son "persistentemente altos" y ha defendido que la prestación universal propuesta "ya existe en 17 países de la UE". Por otra parte, la estrategia abarca múltiples objetivos como "triplicar la inversión pública en vivienda" para alcanzar el 5% de vivienda en alquiler social; reducir la brecha salarial de género, las emisiones de gases de efecto invernadero, la despoblación y el abandono escolar.

La prestación actual llega al 29% de las familias pobres

El agravamiento del problema de la pobreza infantil en los últimos años pone en evidencia la eficacia del Ingreso Mínimo Vital, prestación aprobada en 2020 que buscaba reducir las elevadas ratios de pobreza de España acentuadas por la pandemia y por la crisis energética e inflacionista posterior. Sin embargo, según detalla la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en su último informe, el IMV en su configuración completa (IMV más complemento de ayuda para la infancia, CAPI) llega solo al 29% de los hogares en esta situación, aunque posee el potencial de cubrir a más del doble.

Es decir, la prestación continúa sin llegar a todas las familias que lo necesitan, aunque ha mejorado su tasa de cobertura. AIReF ha recomendado un modelo de concesión automática basado en la información del registro civil desde el nacimiento del menor para paliar esta falta de alcance antes de iniciar nuevas prestaciones, pero el Ministerio de Seguridad Social ha alegado en reiteradas ocasiones que no hay capacidad administrativa para poner en marcha concesiones automáticas.

Más allá de los problemas de cobertura, según AIReF, erradicar el riesgo de pobreza infantil al 40% de la mediana (no suprimirlo, como promete la estrategia) costaría 4.623 millones de euros, un 26% más del coste potencial actual del IMV completo (3.658 millones de euros) y un 132% más del coste efectivo alcanzado en 2024 (1.991 millones de euros). Aunque es insuficiente, la combinación del IMV y el CAPI redujo un 17,1% la tasa de pobreza infantil en 2024.