Eli Defferary, experta en finanzas: “Cobrarte un recargo por pagar con tarjeta en tus compras no es legal”

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El avance de la sociedad en las últimas décadas ha generado cambios en la misma que se extienden a múltiples ámbitos de la vida cotidiana. Desde la comunicación o la gestión de documentos hasta las propias transacciones financieras que realizamos en el día a día. En este segundo caso, uno de los aspectos más llamativos es la imposición de los pagos realizados con tarjeta con respecto al uso del efectivo.

La comodidad que genera el sistema de pago con tarjeta, el cual no solo implica el propio objeto físico, sino que se puede guardar de manera virtual en diferentes dispositivos electrónicos, ha generado un descenso acentuado del uso del dinero físico en la actualidad. Sin embargo, esto también es el origen de nuevas incidencias que causan estragos con cierta frecuencia.

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Algunos establecimientos implantan medidas en sus transacciones que pueden generar controversia entre los usuarios que pagan asiduamente con tarjeta. Y es incrementar el coste de un bien o servicio por utilizar este sistema de pago, algo que expertos en finanzas como Eli Defferary han denunciado en sus redes sociales debido a su legalidad. “Lo de cobrarte un recargo por usar la tarjeta en las compras, como que no”, exclama en su publicación en TikTok.

Normativa ilegal

La usuaria reconoce que muchos comercios requieran de una cantidad mínima en los desembolsos de sus clientes para emplear el pago con tarjeta, siempre y cuando se informe previamente de esta medida a los mismos. Sin embargo, el coste adicional derivado de recurrir a este método está contemplado en la ley actual como un acto ilegal.

“Incluso aunque lo avisen con un cartel, es una práctica no autorizada que el Banco de España y la Agencia de Consumo han destacado en diversas ocasiones”, puntualiza la experta en el vídeo, recomendando a los consumidores conocer sus derechos como tales para evitar situaciones perjudiciales para ellos.

En este sentido, todo comercio que cuente con esta normativa no dispone de la potestad para implementarla en sus métodos de pago habituales, debiendo adaptar la transacción a las circunstancias del cliente con respecto a estos términos. Y es que con la ley en la mano, es más difícil caer en este tipo de episodios.