Seguridad Social anuncia un observatorio sobre las bajas médicas tras el crítico informe de AIReF

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado este lunes la creación del Observatorio Estatal de la Incapacidad Temporal para "hacer un diagnóstico de los procesos y analizar dificultades de gestión", según ha explicado a los medios de comunicación Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones. Sin dar una fecha aproximada, Suárez ha asegurado que la implementación será "inmediata".

Es la única propuesta que ha concretado el ministerio en la que ha sido la primera reunión con los agentes sociales tras cuatro meses de parálisis y se produce justo después de la publicación del crítico informe de la AIReF, en el que la institución señaló como motivos que contribuyen al aumento de la incidencia una falta de control de las bajas médicas, por lo que pidió reforzar el seguimiento del INSS.

En realidad, el ministerio ya se comprometió hace casi dos años a crear un organismo similar a este observatorio, pero no ha realizado ningún avance al respecto. Según recoge el acuerdo con los empresarios y los sindicatos del 31 de julio de 2024, se crearía una comisión de seguimiento a nivel estatal con dos finalidades: vigilar la ejecución de los nuevos convenios de colaboración entre las mutuas, los servicios de salud de las CCAA y el INSS; y "analizar" el fenómeno de la incapacidad temporal para "establecer líneas de actuación".

De hecho, este mismo compromiso apareció fijado en el Real Decreto-ley 11/2024, estableciendo un plazo de tres meses desde ese mes de diciembre para crear la citada comisión, plazo que no se ha cumplido. Mientras, el número de casos de trabajadores de baja por enfermedad común multiplica, llegando a los 9,1 millones de procesos en 2025, según datos de Seguridad Social, con un coste de 16.500 millones de euros solo para las arcas públicas en 2024, sin contar con el impacto en las empresas.

En el observatorio estarán presentes los ministerios de Seguridad Social y de Sanidad y los agentes sociales (empresarios y sindicatos), pero no intervendrán ni los servicios de salud de las comunidades autónomas ni las mutuas.

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El informe de AIReF ya plantea propuestas de mejora, como que la inspección médica del INSS controle las bajas antes de que cumplan 365 días porque un "seguimiento temprano" de los procesos podría favorecer una menor duración de las bajas. Preguntado por esta y otras recomendaciones del informe, Suárez ha defendido que el ministerio ya tenía esas "líneas de actuación identificadas", aunque no haya materializado ninguna medida al respecto.

Además, ha criticado que el documento de AIReF no preste suficiente atención a cómo el atasco en la realización de pruebas diagnósticas en la atención sanitaria de las comunidades autónomas retrasa las reincorporaciones al trabajo. Tanto UGT como CCOO han lanzado duras críticas contra el informe de AIReF. Cristina Estévez, secretaria Ejecutiva Confederal, ha afirmado que "el informe no merece la pena" y, en la misma línea, Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas de CCOO, ha criticado que es "una aproximación inadecuada".

Los sindicatos consideran que el informe "señala" a las mujeres trabajadoras y a los convenios que mejor protegen a los trabajadores de baja por enfermedad y defienden que "no va a contaminar" el proceso de negociación con el ministerio en las posibles medidas de reforma de la IT.

La única medida puesta en marcha hasta el momento, los convenios de colaboración a tres bandas para agilizar los tratamientos de las bajas por dolencias musculoesqueléticas (idea que deriva de un acuerdo previo entre empresarios y sindicatos), no están teniendo ningún impacto. Solo se han firmado con las comunidades autónomas de Cataluña, Asturias e Islas Baleares (más Ceuta y Melilla), pero todavía no tienen aplicación real. El secretario de Estado achaca la falta de implementación y el reducido número de firmas a que "no hemos encontrado una actitud lo suficientemente activa por parte de las CCAA".

El ministerio promete un nuevo documento

El ministerio ha vuelto a convocar mesa de diálogo sobre Incapacidad Temporal para el próximo lunes y se ha comprometido a enviar a patronales y sindicatos una nueva batería de medidas con rango legislativo y reglamentario en los próximos días. El último documento fue enviado en octubre de 2025 y Suárez asegura que el nuevo no tendrá "novedades sustanciales".

A falta de conocer el nuevo texto, el de octubre no convencía ni a CEOE y a los sindicatos en lo relativo a las altas progresivas, la medida estrella y más polémica, aunque también incluía algunos planteamientos para mejorar la gestión y evitar que las bajas se alarguen más de lo necesario que pueden llegar a generar mayores consensos.

En un comunicado, el ministerio continúa destacando "la reincorporación progresiva al trabajo para patologías graves como el cáncer" como una de las medidas, una vez la persona esté de alta, "para facilitar el regreso a su vida laboral de una forma mucho más compatible con la curación de su enfermedad". De hecho, el ministerio ha encargado un informe a la OCDE para respaldar su planteamiento de las altas progresivas, aunque no verá la luz hasta bien avanzado 2026.

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Rosa Santos, directora de relaciones laborales de CEOE, ha rechazado "con rotundidad" este planteamiento porque "es prioritario que quien está enfermo se cure". "Es una propuesta que no está bien encaminada, los enfermos graves no son problema para ninguna empresa, el problema no está en ellos", ha afirmado. Sostiene además que las altas progresivas harán que "el trabajador enfermo va a tener que ir a trabajar" y que, por tanto, "el coste se traslade a la empresa" y el problema empeore.

CEOE y Cepyme sí ven más recorrido a las propuestas de mejora de coordinación entre los sistemas de salud y el INSS, las cuales han calificado de "muy bien encaminadas" y ha reiterado que sus propuestas también pasan por una exención de cotizaciones sociales para las empresas en bajas por contingencias comunes si estas no se resuelven en un tiempo ajustado a lo que sería necesario por criterios técnicos y médicos. Un planteamiento que ya remitieron al ministerio en el mes de octubre y que volverán a plantear el próximo lunes.