¿Cuál vale más? ¿Por qué no basta solo con una notificación? Bruselas se lo pregunta y por eso pide explicaciones al Gobierno de las razones de la duplicidad de registros en las viviendas turísticas. El Ejecutivo habla de registro único… pero antes varias comunidades autonómicas, como Andalucía, ya había lanzado su propio registro. Ante todo registro, el ‘quilombo’ se multiplica.
Juan Cubo, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA Pro), en entrevista telefónica con El Confidencial disecciona su visión de las VUT (Viviendas de Uso Turístico) y cómo un reglamento europeo se ha convertido en una discordia que irrita a los propietarios de estos inmuebles.
"Me parece bien que haya más transparencia, pero no dan acceso a los datos que están recopilando", explica Cubo, tras denunciar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "incumpliendo" del artículo 4 del reglamento 2024/2028 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de abril de 2024 al obligar a los propietarios de viviendas en alquiler turístico a hacer un registro doble.
La normativa de la UE lo prohíbe de modo expreso. La institución europea marca el plazo del 30 de mayo para que se solucione el problema. Esto es lo que dice un fragmento del artículo 4: "Los Estados miembros no deben poder legislar sobre el acceso a los datos proporcionados por las plataformas en línea de alquiler de corta duración al margen del régimen específico establecido en el presente reglamento".
Competencias turísticas
El registro de la Junta de Andalucía existe desde hace ya una década. También es cierto que las competencias en turismo están transferidas a la comunidad autónoma y que la Constitución así lo establece. Considera la AVVA Pro que lo ideal hubiera sido absorber, es decir, asimilar el Registro autonómico, asumirlo como propio, y no crear uno nuevo.
El Gobierno andaluz presentó en mayo de 2025 un recurso contencioso administrativo que debe fallar el Tribunal Supremo contra la creación del registro único de alquiler turístico puesto en marcha por el Ejecutivo central y que será obligatorio a partir del 1 de julio, al considerar que invade sus competencias, y ha reclamado que las comunidades sean destinatarias de la información facilitada. El TRIS (Technical Regulation Information System), que es un sistema de información de la Comisión Europea diseñado para prevenir las barreras al comercio en el mercado interior- indicó su negativa al registro doble de los alquileres turísticos.
Ahora los propietarios de viviendas tienen que pagar 32 euros a Registro de la Propiedad para la inscripción del piso que están alquilando para uso turístico. No es la cantidad de dinero, claro, sino la necesidad de efectuar este acto administrativo una vez al año para poder mantener la licencia: el engorro y la burocracia.
Niegan los empresarios que representan a las VUT que existan viviendas ilegales. El Gobierno las has cifrado en 86.000 y la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía dice que no hay… ¡ni una! Su explicación: al tener que cumplimentar nuevos trámites burocráticos que el Gobierno ha impuesto, hay "mucha gente que no puede seguir publicitando sus viviendas en las plataformas digitales porque se exponen a sanciones. Es una completa arbitrariedad y emplazamos a que se exima de esa nueva carga burocrática a la viviendas que ya disponen de un número de registro".
Los problemas burocráticos radican en que puede haber diferencias entre los datos del catastro y los metros cuadrados de una vivienda. A juicio de Cubo, no se trata de "ninguna ilegalidad", aunque sí admite que se pudiera producir "un error administrativo, que se subsane. Por ese motivo hay muchos propietarios que no pueden tener un registro único". Fuentes del sector consultadas por este diario subrayan que es necesario que los datos aportados puedan ser utilizados de "modo más transparente para que se puedan estudiar en profundidad".
Y no entiende cómo este registro único se aplica en el mundo rural, ya que este instrumento nació diseñado para el medio urbano, como así lo especifica el preámbulo de la directiva europea. Es más: en el campo es mayoría el número de viviendas que están inmatriculadas. Hay ciudadanos que llevan 10 o 15 años operando con su casa rural, legalmente, y sin incumplir nada de lo que dice la normativa autonómica, que es la que tiene las competencias, el registrador no autoriza a dar el número de licencia.
Muy difícil justificación
"Esto es un atropello uno tras otro y tiene muy difícil justificación. Todos saben el trasfondo que hay detrás: hay un problema de vivienda en este país, pero desde luego no van a solucionarlo expropiando los derechos de los propietarios de viviendas que no dejan de ser también ciudadanos", expresa el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA Pro).
Y añade Cubo: "A quien están causando un grave daño en su economía familiar es a los propietarios de las viviendas que dependían de esos ingresos para complementar pensiones o pagar la universidad de un hijo. Y ahora lo que hacen es saltarse su propio ordenamiento jurídico".
Consejo de Estado
Como ya publicó El Confidencial en abril del año pasado, el Consejo de Estado resaltó "la falta de competencia del Estado, al amparo del artículo 149.1.1.ª, 8.ª, 13.ª y 31.ª de la Constitución, para establecer el procedimiento de registro único de arrendamientos (apartado IV), y a la insuficiencia de rango para imponer a las personas arrendadoras y a las plataformas en línea de alquiler de corta duración toda una serie de obligaciones que no vienen amparadas por ninguna norma con rango de ley (apartado V)".
Otra de sus grandes críticas es que la norma "altera el régimen de funcionamiento del Registro de la Propiedad y del Registro de Bienes Muebles", lo que le lleva a concluir que "solo si se subsanasen estos inconvenientes, bien mediante la supresión de una parte de la regulación proyectada, bien mediante su sustitución por otra regulación diferente, podría el Gobierno aprobar el proyecto de Real Decreto sometido a consulta".
La Junta de Andalucía cree que el Supremo fallará de modo positivo a su registro. El Gobierno, también. Y Bruselas, mientras tanto, espera. También los propietarios de viviendas turísticas, que siguen inmersos en su particular ‘quilombo’.
¿Cuál vale más? ¿Por qué no basta solo con una notificación? Bruselas se lo pregunta y por eso pide explicaciones al Gobierno de las razones de la duplicidad de registros en las viviendas turísticas. El Ejecutivo habla de registro único… pero antes varias comunidades autonómicas, como Andalucía, ya había lanzado su propio registro. Ante todo registro, el ‘quilombo’ se multiplica.
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