Regularización sí, pero no así: la CEOE quiere que la medida pase por el Congreso

La regularización exprés de inmigrantes que ha propuesto el Gobierno ha pillado a contrapié a la CEOE. Para las empresas españolas, la inmigración ha sido y sigue siendo un pilar clave de su crecimiento. Especialmente en momentos como el actual, en el que la reducción de la tasa de paro genera dificultades para cubrir las vacantes. Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de realizar todo el proceso de espaldas al Congreso es una preocupación para la CEOE. O, al menos, es la excusa para no posicionarse del lado del Gobierno. La posición pública de la patronal será que no apoya una regularización por decreto y que esperará a tener el contenido de la norma para pronunciarse sobre el fondo de la propuesta.

Fuentes de la CEOE señalan que el problema no es la regularización, sino hurtarle al Congreso este debate. Actualmente existe una iniciativa legislativa popular, admitida a trámite con una gran mayoría (solo Vox votó en contra), por lo que defienden que el proceso debería continuar en el Parlamento. Estas fuentes explican que la letra pequeña de la regularización es también importante, y que ahí tendrían que incorporarse y debatirse las propuestas de los diferentes grupos políticos.

La clave está, principalmente, en la definición de los requisitos que tienen que cumplir los extranjeros para solicitar el permiso de residencia. El Ejecutivo ha planteado unos criterios muy laxos en comparación con otros procesos similares realizados a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 2005 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció que los solicitantes tenían que tener una oferta de trabajo para acceder a la regularización. Esto permitió garantizar que la regularización tuvo un impacto directo en los ingresos del Estado y de la Seguridad Social.

Fuentes de la patronal explican que este polémico proceso en un momento de crecimiento del sentimiento antiinmigración tendría mayor aceptación social si se aprueba en el Congreso. De lo contrario, quedará como una decisión unilateral de un Ejecutivo en minoría, lo que alimentará el discurso en contra de los extranjeros.

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J. Jorrín

Para la CEOE es más fácil apoyar la iniciativa legislativa popular que cualquier propuesta que surja del propio Gobierno. No hay partido que pueda colgarse la medalla por una ley que surge de la sociedad civil. Una vez más, el relato manda. Lo mismo le ocurre al Partido Popular, que tendría más fácil apoyar una iniciativa popular que una propuesta surgida del Consejo de Ministros.

Sí pero no

El Gobierno presumió el martes de que la regularización cuenta con el apoyo de la CEOE. Es cierto que la patronal ve importante dar papeles a los inmigrantes que ya viven en España por el interés de sus empresas. Sin embargo, no apoyará la regularización si no pasa por el Congreso. Eso sí, la patronal tendrá que ser cuidadosa en sus declaraciones públicas a partir de ahora, para no incurrir en contradicciones.

La hemeroteca tiene numerosas declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, apoyando la ILP de regularización de inmigrantes. "La gestión ordenada de la inmigración siempre será buena. Los empresarios siempre hemos planteado que España es una economía abierta y un país abierto", explicó Garamendi cuando se votó la toma en consideración de la iniciativa, hace ahora casi dos años.

En ese momento, la patronal ya argumentó que "falta muchísima gente y hay muchísimos puestos de trabajo por cubrir". Desde entonces (abril de 2024), la tasa de paro ha bajado en más de dos puntos, de modo que las dificultades para encontrar trabajadores incluso se ha incrementado.

"Falta muchísima gente y hay muchísimos puestos de trabajo por cubrir"

La inmigración ha favorecido el crecimiento de las empresas al cubrir sus necesidades de mano de obra. España no ha sufrido la escasez de trabajadores que sí han padecido otros países europeos con menor llegada de extranjeros. Al mismo tiempo, ese reemplazo de la mano de obra ociosa probablemente haya ayudado a frenar las subidas salariales, sosteniendo la competitividad del tejido productivo a costa de las retribuciones de los trabajadores.

De ahí que las empresas hayan apoyado históricamente la inmigración en España. Eso sí, reclamando que se haga de forma legal y priorizando a los profesionales de sectores con escasez de mano de obra. Así, aunque la regularización de inmigrantes sea una decisión positiva para las empresas, la patronal tiene muchas reticencias a apoyar esta propuesta del Gobierno, con el argumento de que se hace de espaldas al Congreso.