El número de extranjeros irregulares se multiplica por ocho desde 2017 hasta 838.000 personas

El número de extranjeros residentes en España en situación irregular ascendió a 838.000 personas al inicio de 2025. La llegada masiva de inmigrantes, sumada a la lentitud de los procesos de regularización y a la ausencia de una estrategia migratoria, están generando una gran presión demográfica y un rápido aumento de la población que vive en este limbo administrativo.

El aumento de la población irregular va de la mano con el gran crecimiento de la inmigración que está viviendo España. En los últimos tres años (2023-2025) han entrado en España 1,070 millones de inmigrantes. De ellos, algo más de un tercio (383.000) no tenían permiso legal de residencia. Esto significa que la bolsa de residentes en situación irregular está aumentando a un ritmo de casi 128.000 personas al año.

Hay otra cifra clave: el porcentaje de extranjeros no comunitarios irregulares ha aumentado hasta el 17,2%. Cifra que no deja de aumentar en los últimos años, multiplicándose por tres desde 2017, cuando era inferior al 6%. El motivo es que el crecimiento de la inmigración irregular (en porcentaje) es superior al de la la suma de inmigrantes regulares y la regularización de quienes ya están instalados. Esto es importante, porque el número de extranjeros con permiso legal de residencia no sólo aumenta por la inmigración regular, sino que se incrementa también por el ritmo de la regularización. En 2017, el porcentaje de extranjeros no comunitarios irregulares era tres veces inferior, del 6%.

Estos datos muestran la presión migratoria que está viviendo España. Desde el año 2017, el número de extranjeros no comunitarios residentes en España ha aumentado un 91%, pero el de irregulares se ha disparado un 680%. En total, ha pasado de 107.000 en 2017 hasta 838.000 en 2025.

La intensidad de la inmigración tiene innumerables implicaciones para España, desde económicas y salariales, hasta políticas. De hecho, la llegada de extranjeros se ha instalado como uno de los puntos clave del debate político y social. La gestión de los flujos migratorios será determinante para el futuro de España. Por un lado, el envejecimiento de la población nacional previsiblemente requerirá de relevo foráneo para sostener la economía. Pero, en paralelo, la integración de esta población y su convivencia con los nacionales determinará las políticas que aplique el país.

Funcas elabora sus cálculos comparando las cifras oficiales del padrón (en España se fomenta que la población se empadrone incluso sin tener permiso de residencia) con los datos de residentes legales (quienes tienen permiso de residencia, estudios o asilo, o están en proceso de conseguirlo). Se trata de una metodología muy extendida que, aunque no arroje un resultado exacto, sí ofrece una cifra muy representativa. Cualquier posible desfase seguramente esté sesgado a la baja, porque es posible que vivan en España muchos inmigrantes irregulares sin empadronarse, de modo que no aparecen en ningún registro.

La gran mayoría de estos inmigrantes irregulares procede de latinoamérica. En total, el 89% tienen nacionalidad americana. Hay 288.000 colombianos; 107.000 peruanos; 63.000 venezolanos o 55.000 paraguayos. De África proceden casi 45.000 inmigrantes extranjeros, de los que casi 21.000 son de Marruecos y 18.000, de Argelia.

Funcas remarca que tener a tanta población sin papeles dificulta gravemente su integración, condenando a miles de personas a "un limbo administrativo sui generis". El modelo español permite que haya personas irregulares viviendo en el país durante años hasta que consiguen papeles para regularizar su situación o deciden emigrar. En momentos de alta inmigración, esta bolsa de personas aumenta intensamente, ya que el ritmo de llegada rebasa ampliamente el ritmo de regularizaciones. Esto genera numerosos problemas, desde pobreza y marginación, hasta el crecimiento de la economía sumergida.

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Funcas apunta que el modelo español recurre a la regularización por arraigo “como una especie de regularización extraordinaria continua”, lo que evidencia una ausencia total de una estrategia migratoria en el país.

"Se trata, probablemente, de una política migratoria en lo general compartida, al menos implícitamente, por los grandes partidos gobernantes en las últimas décadas y, quizá, por amplias capas de la población", señala Funcas. Pero advierte que eso no hace que la estrategia sea razonable. "Habría que implementar medidas para mejorar el manejo de los flujos migratorios que se enmarquen dentro de una estrategia amplia de crecimiento económico y de la productividad", señalan los autores del estudio de Funcas, "idealmente, y apartándose de la tradición de la política migratoria española, esas medidas orientarían la inmigración hacia sectores de la economía con escasez de mano de obra, y, en mayor medida, con requerimientos de cualificación".