Del ferrocarril a la financiación autonómica: España tiene pendiente una reflexión sobre el gasto público

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El accidente de la alta velocidad en Adamuz ha dejado al descubierto los agujeros provocados por la baja inversión del Estado en infraestructuras y equipamiento. El problema de la inversión no es nuevo, pero lo que muestra es que su coste es enorme. Hace casi dos años, una patrulla de la Guardia Civil tuvo que enfrentarse a un grupo de narcolanchas en el puerto de Barbate (Cádiz) con una zódiac. El evento conmocionó a todo el país por la enorme desigualdad con la que la Guardia Civil tenía que enfrentarse a los narcotraficantes.

Un año y medio después (el pasado octubre) la asociación de familiares de guardias civiles volvía a concentrarse ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz por la falta de avances. "Los agentes siguen sin medios materiales ni humanos", volvían a lamentar. La inversión en equipamiento, como toda la inversión estatal, ha estado sometida a grandes ajustes en las dos últimas décadas, aunque los resultados solo son visibles en el tiempo.

A la espera de conocer con exactitud qué provocó el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz, hay una cuestión en la que hay un consenso general en España: es necesario aumentar la inversión en mantenimiento. El Ministerio de Transportes alega que el gasto en mantenimiento ya ha crecido mucho en los últimos años. Es cierto que el Estado ha conseguido ahorros en otras inversiones gracias a los fondos europeos y ha podido destinar más recursos a la conservación de la red de ferrocarriles. Sin embargo, eso no garantiza que la inversión sirva para reponer todo el material que se queda obsoleto.

Para ello, basta observar un ejemplo. El IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) y la Fundación BBVA elaboran anualmente la mejor base de datos de España sobre el stock de capital. En el caso de la infraestructura del ferrocarril, el stock a finales de 2024 era un 2% inferior al alcanzado en 2015 en precios reales. El motivo no es que se haya reducido el tamaño de la red, sino que la nueva inversión ha sido insuficiente para cubrir la amortización de las inversiones ya instaladas.

En definitiva, el desgaste del capital es más rápido que la inversión para renovarlo. Se produce así una reducción del stock neto de capital. Es más, una parte de la inversión se ha destinado a ampliar la infraestructura, de modo que la brecha entre la inversión en mantenimiento y su envejecimiento ha sido superior a ese 2%.

Ahora ya es inexcusable para el Estado aumentar su partida destinada al mantenimiento y la seguridad de la red de ferrocarriles. Esto incluye la instalación de nuevos sistemas de seguridad y alerta a partir de las lecciones aprendidas de este accidente, pero también la inversión necesaria para despejar las dudas que ahora tienen los usuarios. Y eso pasa por que la experiencia en los viajes, sobre todo en la alta velocidad, sea más confortable, eliminando las vibraciones que ahora generan una gran preocupación.

Descapitalizar al Estado

El problema es que no pasa un mes sin que el Estado tenga que hacer frente a una nueva necesidad de gasto. Aparentemente, todas son prioridades ineludibles, pero la capacidad de gasto es limitada. La semana que viene el Congreso aprobará (previsiblemente) el decreto para subir las pensiones o para ensanchar las ayudas al transporte público. Además, a finales de año, el Gobierno también aprobó una senda de subida del salario de los trabajadores públicos del 11% hasta 2028. Y también ha anunciado una rebaja del IRPF para los caseros que no suban sus alquileres: paga el Estado.

Por si fuera poco, hace apenas dos semanas, el Gobierno presentó una propuesta para transferir 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas quitándole esos recursos al Estado. En total, la capacidad de gasto del Estado se reduciría en algo más de un punto. Si en 2024 (último ejercicio cerrado) estaba en el 10,3% del PIB, pasaría a situarse en el 9% del PIB. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció que esta medida dará un gran recorte al presupuesto del Estado.

Si se confirma esta reforma, el margen de gasto del Estado llegaría a ser tan bajo como lo fue en los años de los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. Incluso podría llegar a ser inferior. En 2015 apenas alcanzó el 9,1% del PIB y no es necesario recordar las dificultades que atravesaba el Ejecutivo en esos momentos para realizar políticas públicas. La inversión estaba hundida y ni siquiera había margen para subir las pensiones más de un 0,25%.

Las pensiones son el agravante definitivo. El Estado será quien tenga que soportar el grueso del gasto en pensiones, ya que la Seguridad Social apenas tiene margen para incrementar sus ingresos. Según las previsiones de la Autoridad Fiscal (AIReF), el gasto en pensiones pasará del 13% del PIB actual a superar el 16% a mediados de siglo. Esto supone tres puntos del PIB más de gasto que tendrá que sufragar el Estado.

Incluso aunque esta partida se financie con deuda, las reglas fiscales obligarán a contener el resto de los gastos. Y eso teniendo en cuenta que la Comisión Europea perdone el cómputo del gasto en Defensa dentro del déficit público. Y, por último, España tendrá que aumentar su contribución al presupuesto de la Unión Europea para ir repagando la deuda de los fondos europeos.

Decisión de país

El Estado afronta un futuro inmediato de altas necesidades de gasto y severas restricciones presupuestarias. Una situación tan compleja que exige decisiones difíciles para los partidos políticos. Esto requiere de una profunda reflexión, política y social, sobre el tamaño del gasto público, las partidas prioritarias y los impuestos que son necesarios y aceptables.

Probablemente esa reflexión recomendaría no descapitalizar al Estado en estos momentos. Y también que ha llegado el momento de priorizar gastos, porque difícilmente se pueden cumplir todas las promesas de gasto que tiene hoy comprometidas el Estado. Ni siquiera será necesaria una crisis fiscal para llegar a ese punto, el mero cumplimiento de las reglas fiscales europeas ya exigirá ajustes.

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Javier Jorrín

Algunas partidas que hoy están relegadas a un segundo plano, como la inversión en infraestructuras, podrían pasar a ser una prioridad. Y, por el contrario, gastos que hasta ayer parecían imprescindibles, podrían dejar de serlo. Sin esta reflexión, lo que ocurrirá es que el Gobierno de turno optará por hacer ajustes silenciosos que podrían afectar a partidas a las que la sociedad no está dispuesta a renunciar. Basta con que un capítulo del gasto crezca poco, o se quede congelado, para descapitalizarlo en pocos años. Francia ya ha llegado a este punto y se está enfrentando ahora a una profunda reflexión nacional sobre qué partidas hay que preservar y cuáles se pueden recortar.

Es probable que una reflexión nacional concluya que es necesaria una reforma fiscal integral que corrija los agujeros que tienen en la actualidad los impuestos, o que busque atajar la desigualdad con mayores cargas fiscales sobre las rentas del capital. Sobre todo, porque una mayoría de la población todavía declara que está dispuesta a pagar más impuestos para apuntalar los servicios públicos fundamentales.

Sea cual sea el resultado de esa reflexión, ya no se puede retrasar ni esconder por más tiempo. Los parches ya no sirven ante un reto tan grande, y aún menos las políticas públicas dirigidas a comprar votos.