Las CCAA ya tienen una financiación extra de 69.000 millones: ¿En qué se lo gastan?

Las comunidades autónomas llevan años pidiendo una reforma de la financiación autonómica que aumente sus recursos. Denuncian una infrafinanciación generalizada que les ha impedido mejorar los servicios públicos, en especial sus dos grandes competencias: sanidad y educación. El Gobierno, recogiendo sus demandas, ha presentado esta semana una propuesta que reparte 21.000 millones de euros entre ellas. Sin embargo, la financiación de las CCAA ya está en máximos históricos y sus recursos se han disparado en 69.000 millones de euros desde 2019 hasta 2024 (sin contar las forales).

Algo más de la mitad de este dinero se ha ido a financiar el gasto en educación y sanidad. En concreto, el 54%, según la estadística de gasto por funciones que elabora la Intervención General (IGAE). Es lógico que sea así, ya que son las dos grandes competencias que ejercen las CCAA. Ya en 2019 son las dos mayores partidas de gasto, por lo que es normal que absorban tantos fondos. Sin embargo, el porcentaje del presupuesto destinado a estas dos partidas se ha reducido en esos años en casi dos puntos, pasando del 60% al 58%.

El motivo es que tanto el gasto sanitario como el educativo de las CCAA ha crecido por debajo de su gasto total. La partida presupuestaria de sanidad aumentó un 38% en este periodo y la educativa, un 31%, ambas por debajo del 39% de crecimiento del gasto público total de las CCAA del régimen común. Y si se incorporan a las forales, el dato es todavía peor, porque el crecimiento del gasto sanitario no llega al 37%.

Estas cifras son importantes porque muestran cómo asignan los gobiernos autonómicos los nuevos recursos que reciben. Esto permite proyectar, a futuro, cómo podrían utilizar los 21.000 millones adicionales que pretende transferirles el Gobierno. Sanidad y educación se llevan una buena parte del nuevo gasto, pero no han sido las partidas prioritarias. O, visto de otra forma, las autonomías han renunciado a potenciar estos servicios públicos utilizando el gran aumento de la recaudación de la que han disfrutado en este periodo.

Hay otras partidas que han aumentado más en este periodo. El gasto en servicios públicos generales ha crecido un 43%, incluyendo aquí un aumento de los intereses de la deuda del 74%. Una cifra que pone en evidencia que la acumulación de deuda no le resulta gratis a las CCAA y que, cuando los costes financieros aumentan, detrae muchos recursos que se podrían destinar a otras cuestiones. En datos absolutos, los gastos financieros aumentaron en 3.200 millones de euros entre 2019 y 2024, cuatro veces más que el gasto en vivienda.

Los gobiernos autonómicos también han priorizado el gasto en protección social, que incluye la dotación de recursos para financiar la ley de dependencia. El presupuesto destinado a esta partida ha aumentado un 47%, hasta superar los 17.400 millones de euros. La protección del medioambiente también ha recibido un importante aumento de recursos, con un aumento de casi el 50%. El grueso son inversiones públicas con el objetivo de reducir el impacto medioambiental de las Administraciones Públicas. También la partida de vivienda ha crecido mucho, un 63%, aunque sigue siendo muy escasa, de apenas 2.800 millones de euros. Este capítulo no solo contempla inversión en nuevas viviendas, también en urbanismo.

Estos datos explican el temor de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre el destino que darán las CCAA a los nuevos recursos que cederá el Estado. “Estamos transfiriendo cada día más recursos a las comunidades autónomas y sin embargo, los ciudadanos perciben un deterioro en la calidad de los servicios públicos”, lamentó Montero esta semana.

El gasto por CCAA

Estos datos esconden prioridades de gasto muy variadas de los diferentes gobiernos autonómicos. Cinco CCAA han reducido el peso de la sanidad sobre su gasto total. Son La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Canarias y Madrid.

En todas ellas el descenso es de más de un punto porcentual, y en la Comunidad Valenciana y La Rioja, alcanza los dos puntos porcentuales. En el extremo opuesto están Cantabria, Castilla-La Mancha y Baleares que han incrementado su gasto sanitario en más de un punto porcentual.

En el caso del gasto educativo, la caída es casi generalizada: solo gana peso en dos comunidades autónomas, Cantabria y La Rioja. En algunas comunidades autónomas, la despoblación está reduciendo el número de alumnos, pero esto no ocurre en todo el territorio nacional. La realidad es que hay una decisión muy extendida entre los gobiernos autonómicos de relegar el gasto educativo priorizando otras partidas.

El mayor descenso se registra en Galicia y Murcia, el peso de la educación se redujo en casi tres puntos porcentuales sobre el gasto total. Y en otras siete, la reducción es de más de un punto porcentual. Es más, en cinco CCAA el gasto educativo incluso se reduce en porcentaje del PIB a pesar del récord de financiación. Se trata de Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia y Galicia.

El porcentaje del presupuesto destinado a protección social también se reduce en cinco comunidades autónomas. En una de ellas, Asturias, el descenso supera el punto porcentual. Las otras cuatro son La Rioja, Aragón, Andalucía y Cantabria.

Salarios o externalizaciones

Para las comunidades autónomas, como para cualquier administración, gestionar un gran aumento de la financiación genera también dificultades. La prestación de servicios exige un tiempo de planificación, inversión, contratación, etc. Lo que han hecho muchas comunidades es recurrir a las externalizaciones; esto es, contratar a empresas para proveer servicios públicos.

En materia sanitaria, por ejemplo, las externalizaciones han aumentado un 27%, casi 5.000 millones de euros más. Encabeza este listado Madrid, la CCAA que más externaliza la sanidad, con un aumento de la financiación del 42% en apenas cinco años. En el extremo opuesto, la Comunidad Valenciana apenas ha aumentado la financiación de los contratos privados sanitarios un 3%, lo que significa que ha ido deshaciendo algunas de las externalizaciones en este periodo.

En total, el montante de externalizaciones ha aumentado en 8.300 millones de euros. Esto es, 12 de cada 100 euros del aumento del presupuesto que han tenido las comunidades en este periodo se ha canalizado a través del sector privado. Es por este motivo que Montero planteó la posibilidad de que la mejora de la financiación autonómica tenga un carácter finalista para sanidad y educación pública de titularidad pública.

El presupuesto de las comunidades destinado a salarios públicos se incrementó en 24.000 millones de euros en este periodo. Esto incluye subidas de retribuciones y nuevas contrataciones. Es un crecimiento del 32%, un avance inferior al aumento del gasto total, lo que significa que el peso de los salarios sobre el gasto público total también se ha reducido. El motivo principal es que una parte del nuevo presupuesto se ha canalizado a través de prestaciones, que han aumentado un 49%. En gran medida, se debe a la aplicación de la Ley de Dependencia.

La inversión ha crecido intensamente en este periodo, en gran medida gracias a los fondos europeos. En concreto, el crecimiento total es de casi 8.000 millones de euros, un avance del 71% en apenas cinco años. Cantabria es la única comunidad que en 2024 invertía menos que en 2019. El mayor crecimiento lo registra Andalucía, con una inversión que se ha duplicado, hasta los 3.400 millones de euros.

Todos estos datos permiten detectar cuáles son las prioridades de las diferentes CCAA y cómo podrían utilizar los nuevos recursos de la financiación autonómica que propone el Gobierno.