Sumar cuestiona la nueva financiación autonómica por el trato privilegiado que recibiría Cataluña

La propuesta de financiación autonómica presentada por el Ministerio de Hacienda también puede generar una brecha dentro del Gobierno de coalición. Sumar alberga dudas por el trato privilegiado que recibiría Cataluña, que es la comunidad más beneficiada por los fondos discrecionales que ha incorporado el Ejecutivo.

"Este resultado parece estar vinculado a la necesidad de equilibrar distintos intereses territoriales —en especial al cumplimiento de ordinalidad para el caso de Cataluña—, lo que dificulta avanzar hacia una financiación plenamente igualitaria", apunta Sumar en un documento de trabajo interno. No se trata de la posición oficial del partido, ya que existen grandes diferencias entre las formaciones que integran el grupo, pero es un análisis que genera un amplio consenso.

Aunque la formación reconoce que la falta de transparencia impide comprender cómo actuaría el sistema con la nueva propuesta, sí entiende que Cataluña tendría un trato favorable, al disfrutar de una ordinalidad que no consiguen otras CCAA. Este criterio introducido por Hacienda complica el avance hacia la igualdad entre territorios. En concreto, señala que se concede "un aumento por encima de la media para Cataluña".

Esto provoca que, partiendo de una posición cercana a la media por habitante ajustado, pase a situarse la tercera. "Los primeros indicios sugieren que el diseño del nuevo modelo ha tratado de preservar el cumplimiento de la ordinalidad en el caso de Cataluña", señala el documento. Esto es, el diseño se ha realizado teniendo en cuenta que Cataluña tenía que terminar como la tercera comunidad mejor financiada, al ser la tercera que más aporta a la caja común. Algo que no ocurre con el resto de comunidades ricas, especialmente con Madrid.

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Sumar considera que el sistema de financiación "ideal es aquel que garantiza el mismo nivel de financiación por población ajustada a todos los territorios". Pero la propuesta del Ministerio no consigue este objetivo. Aunque hay avances hacia la reducción de las desigualdades, se incorporan otros criterios discrecionales que alteran el reparto.

La formación quiere desechar la palabra solidaridad a la hora de referirse al sistema, ya que considera que la redistribución no se trata de la generosidad de unos territorios con otros, sino del "derecho de la ciudadanía a acceder a los mismos servicios públicos esenciales". De ahí que Sumar considere que es imprescindible que el sistema avance hacia la igualdad entre territorios.

Sin embargo, la propuesta del Ministerio introduce varios criterios que limitan, cuando no revierten, el avance hacia la redistribución. Entre ellos está el reparto del IVA de las pymes, la ordinalidad o la cláusula del statu quo. Sumar considera que la introducción de estos criterios "tiende a consolidar posiciones históricas y dificulta de forma significativa la convergencia hacia una financiación similar por habitante ajustado para el conjunto de los territorios".

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Todas estas dudas que alberga Sumar dificultan que pueda hacer un apoyo cerrado a la propuesta de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La concesión de privilegios territoriales no solo choca con los principios de Sumar, que aboga por la igualdad en la financiación de los servicios públicos en todo el territorio, sino que también complica el discurso político en algunos territorios que salen peor parados de la propuesta. La Chunta Aragonesista ya ha mostrado públicamente su rechazo a la propuesta, e incluso Izquierda Unida ha reclamado que la financiación autonómica avance decididamente hacia la igualdad en todas las comunidades del régimen común.

Sumar también alberga dudas sobre cómo impactará esta cesión de recursos a las CCAA sobre la capacidad fiscal del Estado. El motivo es que el Ministerio de Hacienda no ha precisado si esta distribución alterará el reparto del déficit público entre administraciones. Además, la cesión de recursos del Estado no tiene condicionalidad para las CCAA, por lo que algunos territorios podrían utilizar esta financiación para hacer rebajas de impuestos, lo que terminaría erosionando el gasto público total.