El Gobierno estudia que los contratistas públicos repercutan al Estado la subida del SMI

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció el miércoles en TVE que este viernes habría una nueva convocatoria de la mesa tripartita de diálogo social para negociar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2026 con las patronales y los sindicatos. De hecho, Díaz confió en que sería la última, "espero que terminemos ya", afirmó. Sin embargo, tras varios cambios en las últimas horas, el ministerio ha desconvocado el encuentro para seguir explorando fórmulas de atraer a la CEOE al acuerdo, algo que no ocurre desde 2020.

Según ha señalado Díaz este jueves, su ministerio "está trabajando con Hacienda", en una "propuesta de indexación" que no implicaría cambiar la ley 9/2017. Según fuentes del diálogo social, el planteamiento pasa por una modificación parcial de la normativa de desindexación que permita a las empresas contratistas trasladar a las administraciones las subidas anuales del SMI mediante una actualización de precios, pero no los incrementos salariales que se pacten en los convenios colectivos sectoriales o territoriales.

Se trata de una reivindicación reiterada de las patronales, pero también de los sindicatos, que están de acuerdo en que supone un perjuicio para la rentabilidad de las empresas contratistas, que solo pueden incluir los incrementos de costes laborales al iniciar un nuevo contrato. De hecho, ya instaron al Gobierno a modificar la ley de desindexación tanto en el AENC de 2018 como en el de 2023.

Hasta la semana pasada, tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Economía rechazaron esta opción a preguntas de la prensa. Desde la cartera de Carlos Cuerpo se aseguró que no había un debate interno en el Gobierno al respecto de la desindexación y se dio el apoyo para una subida del SMI del 3,1% con bonificación en el IRPF, sin perjuicio de que el debate de los contratos públicos se abriera posteriormente.

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Ahora, fuentes de Hacienda confirman que se está explorando la posibilidad de indexación parcial, a diferencia del rechazo de años anteriores, por el coste que supone para las arcas públicas una indexación completa. Aunque las mismas fuentes inciden en que todavía no está garantizado que vaya a haber acuerdo y en qué términos.

Según fuentes del diálogo social, la desconvocatoria de este viernes supone que la próxima mesa tripartita se traslade a finales de enero dadas las agendas. De hecho, las conversaciones se han ido alargando pese a que se esperaban inicialmente más breves. En la reunión del pasado siete de enero, Trabajo propuso un incremento del SMI del 3,1% con bonificación en el IRPF, uno de los escenarios planteados por los expertos, y ofreció a los empresarios una modificación de la desindexación de los contratos públicos que sorprendió a los sindicatos, que esperaban que el debate se cerrara ese mismo día.

Si los ministerios de Trabajo y Hacienda terminan acordando la fórmula, será un gran atractivo para que la CEOE firme la subida del SMI, pero el 3,1% (que supondría alcanzar los 17.094 euros brutos este año) seguirá siendo un problema. Una parte de los empresarios, los de negocios más pequeños, quieren frenar lo máximo posible las subidas de la retribución mínima porque les impactan de lleno, pero para las empresas más grandes (precisamente, las que contratan con las administraciones) el SMI no es un gran obstáculo.

Lorenzo Amor, presidente de ATA, señaló este lunes que un aumento del 3,1% es "inasumible" para los trabajadores por cuenta propia que tengan empleados a su cargo. Amor también decide en los comités ejecutivos de CEOE al ser vicepresidente y aseguró que, como máximo, estaría dispuesto a una subida del 2%, por lo que el debate está asegurado si el Gobierno llega a trasladar la propuesta de indexación de manera firme.

Los sindicatos piden limitar la compensación por pluses

El segundo asunto espinoso es la modificación de la normativa de absorción y compensación de pluses. El marco legal actual fijado en los artículos 27.1 y 26.5 del Estatuto de los Trabajadores permite que las empresas absorban parte de los incrementos anuales del SMI eliminando o reduciendo complementos salariales que se suman al salario base. La intención de los sindicatos es que el SMI sea equivalente al salario base, pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo rechaza.

El Ministerio de Trabajo ya pactó con CCOO y con UGT en el acuerdo del SMI de 2025 que se cambiarían los criterios de compensación y absorción, por lo que ambas centrales sindicales insisten en reclamar esta vez un compromiso más firme si el Gobierno quiere aprobar la subida del SMI con su apoyo. El problema es que una modificación de este calado (a la que el Supremo se opone de fondo por considerar que socava el papel de la negociación colectiva), requiere de rango de ley, y el Ejecutivo seguramente no tendrá apoyos para sacarlo adelante en el Congreso.

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Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo pretende colar la modificación vía real decreto, aprovechando la transposición de la directiva de salarios mínimos, pero esta opción tiene pocos visos de salir incluso del propio Gobierno si el Consejo de Estado u otros ministerios lo frenan. En el Ministerio de Economía sostienen que una modificación de este rango requiere de una ley.

Fuentes de CEOE ya han advertido de que si los pasos intermedios no pararan el real decreto (que solo se ha publicado en consulta pública previa, sin articulado), recurrirán a los tribunales alegando ruptura del principio de jerarquía normativa. Además, modificar los criterios de absorción y compensación también terminaría afectando de manera indirecta a las administraciones a través de las empresas contratistas que pagan a una parte de sus plantillas el SMI. Este asunto no se abordó en la última reunión tripartita y no han trascendido más negociaciones al respecto.