Las dudas sobre la ordinalidad de Montero: por qué hay CCAA que salen perdiendo

En España hay un consenso amplio sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. La brecha entre la región mejor tratada por el sistema, Cantabria, y la peor, Murcia, asciende al 31%, cifra que es injustificable. La propuesta presentada por el Gobierno altera la distribución actual, pero genera nuevas desigualdades que justifica en el "principio de ordinalidad". En esencia, consiste en que las CCAA ricas sigan siendo solidarias, pero menos. Un argumento que puede parecer poco redistributivo, pero que es defendido por algunos economistas.

El problema es que el Ministerio de Hacienda no ha querido publicar los datos sobre cómo quedaría cada CCAA en términos de financiación por habitante. Y esto ha disparado las sospechas. Porque el trato que van a recibir algunas comunidades del Mediterráneo, en especial Cataluña, es muy favorable.

Los expertos en financiación autonómica consultados por este periódico dudan de que el sistema tienda realmente a la ordinalidad. El ejemplo más evidente es el de la Comunidad de Madrid, que es la CCAA con mayor capacidad fiscal y, por tanto, la que más debería recibir. La vicepresidenta y ministra de Hacienda explicó que Madrid quedaría como la segunda comunidad en financiación, pero algunos expertos calculan que quedará incluso por debajo de la media nacional.

El sistema que propone Hacienda tiene una fase correctora de las desigualdades, en la que existe tanto reparto horizontal (entre comunidades autónomas) como vertical (desde el Estado hacia las CCAA que quedan por debajo de la media). Sin embargo, hay una segunda fase en la que el Gobierno decide premiar a algunos territorios, lo que altera el reparto.

Este sistema discrecional asegura que Cataluña se garantice el principio de ordinalidad: es la tercera en aportación por habitante y también la tercera en recibir. Sin embargo, Madrid es la que más aporta, pero caería por debajo de la media en financiación. Los cálculos de Miguel Ángel García, profesor de la URJC e investigador de Fedea, y Santiago Calvo, doctor en economía y profesor de la Universidad de las Hespérides, obtienen datos muy similares. Madrid quedaría un 2% por debajo de la media nacional en financiación.

Los cálculos están sujetos a ciertos cambios, porque el Ministerio de Hacienda no ha publicado toda la información necesaria para ajustar las cifras. Sin embargo, los criterios de reparto, sobre todo en lo referido al habitante ajustado, no contemplan una modificación tan relevante como para cambiar cualitativamente estos resultados.

"Me parece muy complicado que con las nuevas variables pueda cambiar mucho este resultado", advierte García. El motivo es que Cataluña y Madrid son regiones muy parecidas en características de su población (tanto en número de habitantes como en edad, dispersión e incluso alumnos desplazados desde otros territorios). Con el sistema actual, la población ajustada de Madrid es de 6,6 millones de personas, y la de Cataluña, de 7,7 millones. Por lo tanto, para mantener el equilibrio entre los dos territorios, no es posible que Cataluña vaya a recibir un 83% más que Madrid de la nueva financiación.

"El resultado de este modelo es que algunas comunidades autónomas con las mismas características tendrán diferente trato. Esto es hacer un sistema que generará disenso desde el primer momento", explica García.

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"Con estos cálculos preliminares, a falta de tener más transparencia de Hacienda, Cataluña sale como una de las más beneficiadas, mientras que Madrid sale por debajo de la media en financiación", indica Calvo. En su opinión, el sistema no tiende a la ordinalidad, como aseguraba Montero, ya que el reparto total de recursos anunciado por la ministra no encaja con una distribución que aproxime a cada CCAA a su posición en el ranking de recaudación tributaria.

El reparto político

Los expertos coinciden en que, una vez más, el sistema hace una primera fase de reparto sin sesgos, pero posteriormente se introducen mecanismos discrecionales que alteran el resultado final. "Da la sensación de que, en esta ocasión, se quería obtener un resultado concreto para la comunidad con la que se negoció el modelo: Cataluña", señala Calvo.

"Se han inventado tres criterios adicionales que alteran el reparto de los recursos", explica Ángel de la Fuente, director de Fedea. Estos son: un fondo climático que beneficia especialmente a las CCAA del Mediterráneo, un reparto de una parte del IVA en función de la presencia de pymes en cada territorio y una cláusula de statu quo para que ninguna comunidad pierda recursos. En este último caso, sólo estarían Cantabria y Extremadura, que no ganan nada, pero tampoco pierden.

De estos fondos discrecionales, el más importante es el del IVA de las pymes, que beneficiará, de forma muy diferenciada, a Cataluña. De la Fuente explica que con los datos de 2023, la parte del IVA de las pymes repartida por el sistema de financiación daría a Cataluña 1.441 millones de euros, lo que supone tres cuartas partes del total repartido.

Si el nuevo fondo de pymes asciende a casi 2.100 millones de euros, es probable que Cataluña se lleve cerca de 1.500 millones, magnitud tan grande que altera cualquier ordinalidad. El motivo es que la mayor parte de las CCAA se quedará con el reparto en función de su participación en el consumo nacional, que suele ser superior a la participación en el valor añadido que generan sus pymes.

El modelo propuesto por el Gobierno busca, entre otras cuestiones, reducir la dispersión en la financiación por habitante. La brecha entre la primera y la última (que con el nuevo modelo podría ser Galicia), se reduce a la mitad. Sin embargo, los economistas creen que este dato también podría tener truco.

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El problema está en que la dispersión hay que calcularla ponderando por población. No tiene la misma relevancia que esté desviada Andalucía que La Rioja en términos agregados. "No descarto que podamos encontrarnos alguna sorpresa negativa", explica García, "en el momento en el que Cataluña sale tan bien tratada, genera una desviación porque tiene mucho peso en población".

Lo que está claro es que el nuevo sistema serviría para achatar la distribución por los extremos. Ya no habría comunidades tan beneficiadas como Cantabria, ni tan perjudicadas como Murcia o Valencia.

Es más, Murcia y Valencia pasarían a estar por encima de la media nacional en financiación por habitante. También Castilla-La Mancha. Por el contrario, Galicia, Baleares, Castilla y León, Madrid, Extremadura y Asturias pasarían de estar por encima de la media nacional en financiación por habitante, a quedarse por debajo.

Estos datos son todavía provisionales, a la espera de que Hacienda ofrezca algo de transparencia con el sistema que propone. Sin embargo, los expertos creen que los cambios no serían muy significativos respecto a los cálculos que están haciendo, principalmente porque los criterios para determinar el habitante ajustado no se modifican significativamente. Lo que está claro es que el nuevo sistema vuelve a dejar diferencias difíciles de explicar que generarán otro choque político entre territorios. Eso sí, su recorrido puede ser limitado, ya que esta propuesta no cuenta con mayorías en el Congreso para salir adelante.