Sánchez bonificará al 100% a los caseros que no suban el alquiler y Sumar se opone a la medida

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que aprobará un real decreto-ley para tratar de contener la escalada de los precios del alquiler. Sobre todo, lo hace pensando en la renovación de los contratos que el Gobierno protegió durante la pandemia, y que tienen que renovarse en los próximos meses. Sánchez ha asegurado que la norma incorpora medidas "urgentes y contundentes" con las que pretende frenar la escalada de los precios.

Los caseros de toda España tendrán una bonificación del 100% en el IRPF en el caso de que decidan renovar sus contratos con el precio congelado, en vez de aplicar una subida aprovechando el vencimiento del contrato, ya que durante la vigencia del mismo solo se puede actualizar conforme al IRAV, indicador que ha sustituido al IPC para este tipo de contratos. Esta ayuda se aplicará a las renovaciones de contratos, pero Sánchez no ha precisado si será extensible a los propietarios que cambien de inquilino.

El Gobierno calcula que el beneficio fiscal compensará la pérdida de renta que obtendrían actualizando sus alquileres al precio de mercado, lo que será un incentivo suficiente para que los propietarios decidan congelar sus precios. En cualquier caso, esta será una decisión que tenga que tomar cada propietario, por lo que la norma tampoco garantiza que vayan a congelarse los alquileres.

Actualmente, existe un beneficio fiscal del 90% en las zonas declaradas como tensionadas para los propietarios que bajen un 5% su precio. Sin embargo, el enfrentamiento del Gobierno con las comunidades del PP ha impedido que este sistema se extienda a todo el territorio nacional. Para evitar el bloqueo, el Gobierno extiende este beneficio fiscal a todo el país, independientemente de las comunidades que declaren la zona tensionada, utilizando una normativa estatal (el IRPF).

De este modo, el Gobierno pretende que sea el Estado quien absorba el coste de la subida de los precios del alquiler y quien aplique la solución que consiga frenar la dinámica alcista del mercado. Aunque esta medida está supone reconocer las advertencias de Sumar, que llevaba meses alertando al PSOE de la crisis social que se avecina por el vencimiento de los contratos firmados durante la crisis del covid, el socio minoritario del Gobierno ha mostrado su oposición a la medida fiscal, por considerar que beneficia a los rentistas.

Para la formación morada, la propuesta de Sánchez es "ineficaz, injusta y no es adecuada, por eso nosotros no la compartimos". En su opinión, la prórroga del alquiler "no puede ser una opción y, sobre todo, no puede ser un premio fiscal a los caseros de este país y, por tanto, en los términos en los que se ha anunciado esta medida, no va a contar con nuestro apoyo", ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El socio minoritario del Gobierno ha asegurado desconocer que Sánchez iba a realizar este anuncio y ha apostado por "decretar con toda urgencia una prórroga obligatoria de todos los contratos de alquiler que vencen este año", ha añadido. Además, ha defendido prohibir la compra especulativa de vivienda y gravar a quien tenga más de cuatro viviendas.

La Ley de Arrendamientos Urbanos concede una duración cinco años a los alquileres cuando el casero es un pequeño propietario, y de siete cuando es un gran tenedor. Durante toda la vigencia del contrato, las rentas solo puede actualizarse conforme al IRAV, pero cuando se cumple el plazo y toca renovar, el propietario es libre para aplicar el precio que quiera.

Este plazo vence ahora para los alquileres que se firmaron en la crisis del covid, que se enfrenta a subidas de entre el 35%-40% de media, alza inasumible para muchas familias. Según los cálculos de Sumar, actualmente hay unos 300.000 contratos en esta situación, pero pueden llegar a 650.000 si se suman las renovaciones del próximo año (las de los grandes propietarios).

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"Asumimos nuestra responsabilidad, que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente", ha explicado Sánchez. Lo ha hecho en un acto para celebrar el inicio de la demolición de los cuarteles de Campamento (suroeste de Madrid), terrenos en los que se construirán, al menos, 10.700 viviendas a precios asequibles. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha denunciado la "descortesía" del presidente por no haber invitado a ningún representante del consistorio.

"Es una muestra más de que Sánchez no hace esto por la vivienda, sino en clave electoral", ha señalado Almeida, quien también ha asegurado que dio al Gobierno "la autorización para demoler el 11 de julio y estamos a 12 de enero, ¿por qué han tardado seis meses, estaban buscando fecha en la agenda del presidente?

Nuevo Real Decreto

El Real Decreto que se aprobará para bonificar los alquileres incluirá otros dos cambios relevantes. En primer lugar, endurecerá la regulación de los contratos de temporada y creará un régimen sancionador para quienes incumplan la regulación estatal de alquileres de corta duración. El objetivo es evitar el crecimiento de este tipo de alquileres de corto plazo que son cada vez más utilizados por los caseros, ya que aumenta la capacidad para subir precios y evita riesgos de los contratos de larga duración.

En segundo lugar, se establecen límites para el alquiler por habitaciones, otra modalidad que se está extendiendo porque los caseros consiguen aumentar el retorno de sus pisos. En lugar de alquilar el piso completo, se fragmenta por habitaciones para elevar el precio total. El Gobierno establecerá que la renta total del conjunto de habitaciones "no podrá superar la renta del contrato de la vivienda completa". Además, en las zonas declaradas tensionadas, tendrán los mismos mecanismos de control de rentas que contempla la Ley de Vivienda.

"Es sencillo: a quienes garantizan vivienda digna, les apoyaremos y a quienes especulan con ello, les pondremos freno", ha concluido Sánchez en una intervención que no ha permitido preguntas de periodistas.