Montero reconoce que la nueva financiación autonómica dejaría sin margen de gasto a su sucesor en Hacienda

El nuevo sistema de financiación autonómica que propone la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comerá la mayor parte de los tributos generados por el ciclo económico y por la elasticidad de los impuestos. Según los planes de la vicepresidenta, entrará en vigor en el año 2027, lo que complicará enormemente el presupuesto del Estado de ese año. Pero ese es un problema que no afectará a Montero, ya que abandonará el ministerio en los próximos meses para presentarse a las elecciones en Andalucía. El ministro de Hacienda que tenga que hacer los presupuestos del año 2027 tendrá que hacer la cuadratura del círculo.

La propuesta integral supone que el Estado transferirá a las comunidades autónomas 24.300 millones de euros el próximo año por encima de lo que ya les correspondía. En concreto, son 16.000 millones de una mayor cesión del IVA y del IRPF; otros 5.000 millones de transferencias al sistema de financiación y 3.300 millones adicionales de recursos para el Fondo de Compensación Interterritorial.

"Será el Gobierno el que no pueda acometer otros proyectos", explicó Montero el viernes en rueda de prensa. "Habrá que priorizar", resumió. Tras esta reforma de la financiación autonómica, el peso del gasto del Estado en el PIB caerá a mínimos históricos, lo que confirma que el Gobierno central ve cómo su capacidad de acción se sigue estrechando.

Pero la situación incluso podría ser más delicada para el Estado. El motivo es que el ciclo económico podría no ser suficiente para generar este volumen de recursos adicionales. Montero argumentó que "la recaudación de 2025 aumentó en 30.000 millones de euros" (aquí suma todos los ingresos públicos del Estado, y no solo tributarios). Esta cuantía generaría margen suficiente como para que el Estado repartiera 24.000 millones entre las comunidades autónomas y aun así sobrarían más de 5.000 millones.

Sin embargo, la realidad es que al Estado solo le correspondió la mitad del aumento de los ingresos. Según los propios datos de la Intervención General (IGAE), el Estado retuvo 14.095 millones de euros del aumento de los ingresos públicos. El resto son ingresos que les pertenecen a otras administraciones por los modelos de financiación.

Esto significa que, incluso si en 2027 se repitiese un año de incremento excepcional de los ingresos públicos, el Estado no tendría suficiente margen para abordar la reforma del modelo y tendría que hacer ajustes. Los ingresos tendrían que crecer en unos 50.000 millones de euros para que saliesen las cuentas, porque casi la mitad ya se lo llevan las CCAA y las corporaciones locales. Un incremento muy poco realista.

Montero también reconoce que será el futuro ministro de Hacienda el que tenga que contener los deseos de gasto de sus compañeros. "Cuando son partidas importantes, los ministerios siempre tienden a incrementar los recursos destinados, pues habrá que priorizar", resumió la vicepresidenta.

Necesidades de gasto

El elefante en la habitación del nuevo modelo de financiación autonómica son las pensiones. El Estado tiene que aumentar cada año la transferencia que hace a la Seguridad Social para cubrir el déficit creciente de las cotizaciones. Solo en el año 2025, el aumento de las transferencias a la Seguridad Social aprobadas hasta noviembre fue de 3.800 millones de euros (hasta un total de 47.000 millones de euros).

Si el planteamiento de Montero es que el grueso de la recaudación que genere el ciclo expansivo se vaya a las comunidades autónomas, es muy probable que las pensiones absorban el resto. Si es que hay resto, ya que no es probable que sobre dinero; sino, al contrario, que falte. Además, el gasto en pensiones está en plena fase de aceleración, porque ya se está jubilando la generación del baby boom y las medidas para retrasar la edad de jubilación ya están rodadas y cada vez generan menos ahorros.

"Será el Gobierno el que no pueda acometer otros proyectos"

La Autoridad Fiscal (AIReF) y el Banco de España (BdE) han advertido en las últimas semanas que las administraciones públicas tendrán que hacer ajustes en 2027 porque, de lo contrario, no se cumplirán con las normas fiscales europeas. El motivo es que el Gobierno se guardó para los primeros años de aplicación de las nuevas normas (2024-2026) los mayores incrementos del gasto público, limitando el margen de acción a partir de 2027.

La inercia del gasto público antes de la reforma del sistema de financiación ya anticipaba un incumplimiento de las normas europeas en 2027. Si a esto se suma un gran aumento del gasto de las comunidades autónomas, el resultado es que el Estado tendrá que hacer ajustes.

Es importante tener en cuenta que las normas europeas excluyen el aumento de la recaudación por el ciclo económico. Esto es, incluso aunque los ingresos derivados del crecimiento económico fuesen suficientes para financiar la reforma del modelo, seguirían siendo necesarios ajustes en el gasto público neto que computa la Comisión Europea. Esto es así para evitar que vuelva a repetirse el error de los años de la burbuja, cuando se utilizó íntegramente una recaudación cíclica que era pasajera y se originó un gran agujero en las cuentas públicas.

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Javier Jorrín

El Banco de España ha puesto el foco específicamente en una reforma que también queda en herencia para el próximo ministro de Hacienda: la subida del salario de los trabajadores públicos recién aprobada. El Gobierno ha contemplado una senda de incremento a varios años que tendrá su pico también en 2027. Ese año, el sueldo de los trabajadores públicos subirá un 4,5%: una de las mayores subidas de la serie histórica. Ni siquiera en los años de la gran inflación, 2022 y 2023, los salarios públicos subieron tanto. Fue un 3,5% cada uno de los años.

En definitiva, el año 2027 ya era complejo a políticas constantes, pero lo será mucho más si se aprueba la reforma de la financiación autonómica. La herencia que le queda al siguiente ministro o ministra de Hacienda será una de las más complejas de los últimos años, probablemente, desde los años de los recortes de la crisis financiera (2010-2013). Le quedarán las palabras de Montero: "Si se tiene que renunciar a algo, el que renuncia a hacer más cosas es el Gobierno de España".