Despido restaurativo es el concepto que ha entrado con fuerza en el debate sobre los derechos laborales en España tras un error en una votación del Congreso de los Diputados que permitió aprobar una Proposición No de Ley (PNL) relacionada con los despidos improcedentes. La iniciativa responde a una reclamación previa del Consejo de Europa, que considera que el actual sistema de indemnizaciones ofrece una protección insuficiente a los trabajadores despedidos sin causa justificada.
En la normativa vigente, el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores establece que, cuando un despido es declarado improcedente, el empresario puede optar entre la readmisión del trabajador o el pago de una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades. Este marco legal no se vio alterado por la reforma laboral de 2022, pese a las críticas de las instituciones europeas.
La propuesta del despido restaurativo, impulsada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, pretende ajustarse al artículo 24 de la Carta Social Europea, que reconoce el derecho a una protección efectiva en caso de despido. El nuevo modelo plantea superar el sistema uniforme actual y avanzar hacia una compensación más acorde con el perjuicio real sufrido por el trabajador.
De prosperar esta medida, dos empleados en una misma situación de despido improcedente podrían recibir indemnizaciones diferentes, atendiendo a factores como la edad, el lugar de residencia o las circunstancias personales. Aunque el Estatuto seguiría distinguiendo entre despido procedente, improcedente y nulo, este cambio podría suponer un punto de inflexión en la protección laboral en España.
Despido restaurativo es el concepto que ha entrado con fuerza en el debate sobre los derechos laborales en España tras un error en una votación del Congreso de los Diputados que permitió aprobar una Proposición No de Ley (PNL) relacionada con los despidos improcedentes. La iniciativa responde a una reclamación previa del Consejo de Europa, que considera que el actual sistema de indemnizaciones ofrece una protección insuficiente a los trabajadores despedidos sin causa justificada.