Sánchez pide a Von der Leyen que mantenga el veto a los coches de combustión en 2035

La Comisión Europea se está preparando para una revisión de la normativa que prohíbe la venta de vehículos de combustión a partir del año 2035, y en Bruselas todo el mundo espera que el Ejecutivo comunitario abra la mano y permita la venta de coches con motor de combustión, aunque menos contaminantes, hasta el año 2040. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha pedido este pasado jueves a través de una carta enviada a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que no reduzca "el nivel de ambición" de la actual norma, según se puede leer en la misiva a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Está previsto que el Ejecutivo comunitario presente el próximo martes una revisión de la normativa, con el Partido Popular Europeo (PPE), el partido de Von der Leyen y principal fuerza en la Eurocámara, exigiendo a la Comisión Europea el retraso de la prohibición hasta el año 2040. "El próximo martes, la Comisión presentará una propuesta clara para abolir la prohibición de los motores de combustión", ha asegurado Manfred Weber, presidente del PPE, durante una conferencia en Heidelberg (Alemania), explicando que no habría una obligación de un "100% de objetivo" de reducción de emisiones a partir de 2040. Friedrich Merz, canciller alemán, que también ha participado en los esfuerzos de la industria por obligar al Ejecutivo comunitario a cambiar de planes, ha celebrado que se vaya a dar este paso. De hecho, en noviembre Merz ya envió una carta a Von der Leyen, compañera de partido dentro de los democristianos alemanes (CDU), pidiendo “suavizar” la prohibición de 2035.

En 2023 la Unión Europea acordó esta medida, que se considera un paso importante para lograr el objetivo de la neutralidad climática a mitad de siglo, una meta que forma parte de la ley europea. El 30% de las emisiones en la UE provienen del transporte. "La Comisión ya ha introducido flexibilidad mediante la modificación del Reglamento sobre normas de Co2 para permitir a los fabricantes evaluar su rendimiento durante un período de tres años (2025-2027)", ha escrito Sánchez. "Cualquier flexibilización adicional correría el riesgo de provocar un retraso significativo en las inversiones de modernización, vinculado a una ralentización temporal de la demanda de vehículos eléctricos, lo que repercutiría directamente en la competitividad futura de la industria automovilística y auxiliar europea y aumentaría la probabilidad de cierres de plantas y pérdidas de puestos de trabajo en toda la UE", ha añadido el presidente del Gobierno.

Por lo tanto, rechazamos que los vehículos de combustión u otras tecnologías sin viabilidad probada puedan seguir comercializándose después de 2035. Además, aunque reconocemos que los vehículos híbridos deben mantener su función transitoria hasta esa fecha, los vehículos híbridos enchufables (PHEV) deben estar sujetos a límites de producción para incentivar la penetración en el mercado de los vehículos eléctricos.

Es una pelea que no es únicamente una cuestión de fechas. Los fabricantes quieren más flexibilidad en general, no un retraso de las obligaciones. Por ejemplo, quieren que se sigan permitiendo los híbridos recargables o los que cuentan con motores de combustión que están conectados a la batería eléctrica. En el lado industrial chocan varios intereses. Por un lado está la industria tradicional automovilística y todos sus proveedores, que quieren no solamente más años de margen sino poder seguir manteniendo el negocio. Por el lado contrario se encuentran no únicamente los fabricantes que han ido avanzando hacia la electrificación, sino también todo lo que les rodea, como la industria de cargadores, que consideran que un cambio de trayectoria ahora sería premiar a aquellos que han arrastrado los pies en vez de adaptarse a los objetivos que se habían establecido.

La lucha entre Estados miembros ha sido monumental, pero la balanza parece haberse desequilibrado a favor de los que quieren retrasar objetivos y flexibilizar las normas. Alemania está acompañada de Italia y República Checa como los más agresivos hacia el Ejecutivo comunitario. Por el lado contrario se encuentran los países que más apoyan la transición climática, como por ejemplo España o Francia, y que más avanzados están en el despliegue de un parque móvil eléctrico, como son los nórdicos.

Luego está la política interna de la institución. El colegio de comisarios está muy escorado a la derecha tras la renovación de los puestos que se ha producido en esta legislatura, pero desde dentro de la institución Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea a cargo de Transición y Competencia, también ha mostrado en repetidas ocasiones su desacuerdo con el desmantelamiento de elementos centrales del Pacto Verde.