España es el gran país europeo con la regulación laboral más lesiva para las empresas

España arrastra históricamente un problema de baja inversión empresarial que no consigue corregir. Problema que es especialmente evidente en las actividades innovadoras. En el año 2024 la I+D empresarial supuso apenas el 0,84% del PIB español, apenas la mitad que en la UE, donde alcanzó el 1,52%. Son cifras que alejan la aspiración histórica de España por acercarse a los niveles de renta y riqueza de los principales países del euro. En ese año 2024 las empresas alemanas destinaron nada menos que un 2,14% del PIB a la I+D y las suecas, en la cima europea, el 2,61%.

Los problemas de inversión productiva en España hunden sus raíces en la regulación pública. Así lo muestra la última encuesta elaborada por el BEI (Banco Europeo de Inversiones) al tejido productivo europeo. La gran mayoría de las empresas españolas, sea cual sea su tamaño y su sector, señala que la regulación frena su inversión. Una cifra que, además, ha subido intensamente en los últimos años, lo que evidencia la incomodidad de las compañías ante las políticas desplegadas por el Gobierno de coalición.

El 79% de las empresas españolas señala que la regulación del mercado laboral es un obstáculo su inversión. Porcentaje que ha aumentado en ocho puntos en el último año. En estos meses, el Gobierno ha tenido numerosos enfrentamientos con las patronales. Desde la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), o el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social, hasta las propuestas de reducción de jornada o el aumento de los permisos laborales.

Las empresas españolas son las terceras que más critican la regulación del mercado laboral de toda la UE. Sólo Grecia y Chipre tienen peores registros. El porcentaje de empresas que afirman que la regulación frena su inversión es 14 puntos superior al conjunto de la Unión Europea: el 79% frente al 65% comunitario.

El BEI también consulta a las empresas estadounidenses y allí el porcentaje de empresas lastradas por la regulación laboral baja al 54%. La regulación está siendo un lastre para la inversión en Europa (y especialmente, en España), lo que explica la dificultad para competir contra las dos grandes potencias globales, EEUU y China.

La situación en España se ha deteriorado mucho en los últimos años. El porcentaje de empresas que asegura que la regulación laboral frena su inversión ha crecido en todos los sectores y también en todos los tamaños empresariales, si se compara con el año 2017, el último previo al Gobierno actual.

La situación se ha deteriorado especialmente entre las grandes empresas. Y esto es aún más relevante, ya que son estas compañías las que sostienen el grueso de la inversión innovadora. En 2017, el 60% de las empresas españolas reportaba los problemas regulatorios del mercado laboral, cifra que ha ascendido hasta el 76% en la actualidad. Una subida de 16 puntos.

La regulación empresarial

Además de la normativa laboral, las empresas también perciben un freno en las diferentes regulaciones empresariales que existen en España. El 81% de las empresas (cuatro de cada cinco) señalan que es un obstáculo para su inversión. La normativa superpuesta de tres administraciones (local, autonómica y estatal) complica la unidad de mercado y es un freno al crecimiento de las empresas dentro del país.

El impacto negativo de la regulación empresarial también es más amplio en España que en el conjunto de la UE. En concreto, es el cuarto país con peor resultado, por detrás de Grecia, Alemania y Portugal. La media comunitaria de empresas que reportan que la regulación de los negocios obstaculiza su inversión es del 69%, frente al 81% de las españolas.

Hay otros obstáculos por los que pregunta el BEI a las empresas en los que España obtiene peores resultados que la media comunitaria, pero la brecha no es tan grande en ninguno de ellos como en la materia regulatoria. Por ejemplo, hay una diferencia de 7 puntos en las empresas que señalan tener un obstáculo en el acceso a la financiación (España tiene todavía poco desarrollado su mercado de deuda) y también en disponibilidad de infraestructuras de transporte, que afecta especialmente a las pymes.

Hay solo dos obstáculos en los que España consigue mejores resultados que la media comunitaria. El primero es el de los costes energéticos, que se ha convertido en uno de los puntos fuertes del país con la transición ecológica. El segundo, es el de la demanda, gracias al crecimiento del consumo privado que está experimentando el país.

El BEI también pregunta a las empresas que porcentaje de su plantilla tienen destinado a cumplir los diversos requerimientos normativos. El 18% de las empresas españolas declara tener a más del 10% de sus trabajadores dedicado a los diversos criterios legales, frente al 11% de la Unión Europea.

Este dato confirma que los problemas regulatorios no son sólo una cuestión de costes directos (impuestos, cotizaciones sociales, permisos…), sino también indirectos, por las cargas burocráticas que tienen que asumir. Esto afecta especialmente a las pymes, ya que el cumplimiento normativo tiene economías de escala. Por ejemplo, cumplir una regulación de etiquetado, o un sistema de fichaje para los trabajadores, exige el mismo esfuerzo para 10 que para 500 trabajadores. El 32% de las pymes españolas asegura tener más del 10% de su plantilla (uno de cada diez) dedicado a cumplir los requerimientos regulatorios, frente a menos del 2% de las grandes empresas.

Estos datos muestran que la regulación afecta especialmente al crecimiento de las pequeñas empresas. Y esto es muy relevante, ya que es la condena para que haya más pymes en España. La dificultad para crecer provoca que existan muchas empresas especializadas en la regulación de cada territorio, lo que cierra el mercado a la llegada de otras compañías y también desincentiva su crecimiento. Esto ya lo demostraron en el año 2020, Juan S. Mora-Sanguinetti y Ricardo Pérez-Valls, en un estudio que constata que las trabas regulatorias aumentan la participación del tejido productivo de menor tamaño: los autónomos.

"El aprovechamiento de las asimetrías normativas otorgaría incentivos para la especialización intraprovincial", explicaban los autores del estudio publicado por el Banco de España. El país tiene mucho margen de mejora en su regulación para impulsar la inversión empresarial y, con ella, mejorar la renta per cápita de la población. Sin embargo, pasa el tiempo y lo que perciben las empresas es que las trabas siguen aumentando.