Bruselas intenta impulsar las interconexiones de España con más presión política sobre Francia

El Ejecutivo comunitario ha presentado este miércoles su paquete de redes europeas y de "autopistas energéticas" con el objetivo de ayudar a que aumente el nivel de interconexión en la Unión Europea. Debería servir de impulso para la principal isla energética del continente, que es la Península Ibérica, pero la realidad es que, aunque la Comisión propone dotarse de nuevas capacidades para tratar de aumentar la coordinación y la velocidad del despliegue de las interconexiones, Bruselas no puede dar solución a la falta de apetito político por parte de Francia de avanzar en esa interconexión.

El objetivo central es aumentar la presión política y convertir en una prioridad las interconexiones, pero las fuentes comunitarias son claras respecto a qué ocurre si una capital decide seguir arrastrando los pies. "Es una verdad evidente que, según el tratado, los Estados miembros conservan el derecho último de decidir o, si lo prefieren, vetar los proyectos de infraestructura que afectan a su territorio", ha señalado una fuente, que ha admitido que esa es una "limitación" con la que se está trabajando.

Tras el apagón del mes de abril, Madrid y Lisboa han intentado aumentar también la presión sobre París. Sara Aagensen, ministra de Transición Ecológica, y Maria de Graça Carvalho, ministra portuguesa de Medio Ambiente y Energía, escribieron a su homólogo francés, Marc Ferracci, escribieron una carta después del incidente pidiendo "compromisos vinculantes". Desde entonces, la cartera de Energía en el Gobierno francés ha cambiado de manos varias veces, y actualmente el titular es Roland Lescure. Dan Jorgensen, comisario de Energía, ha lanzado eso sí un dardo a Francia y el interés que puede tener el Estado francés por interconectarse. "Francia ha evitado 40 apagones al año por estar conectado con los países vecinos", ha explicado el danés.

"La Península Ibérica sigue sin estar suficientemente conectada con el resto del mercado energético de la UE, ya que la capacidad transfronteriza actual entre Francia y España se limita a 2,5 GW. Esto dificulta la integración del mercado, provoca diferencias de precios persistentes y limita la integración de las energías renovables", admite el Ejecutivo comunitario en los documentos publicados hoy, señalando que el objetivo debe ser alcanzar los 8 GW en el año 2040. Esa fecha aparece como clave en los planes de la Comisión por varias razones. La primera es porque hay un ambicioso objetivo de recorte de emisiones que requiere mucha energía renovable, y la segunda es porque, según las proyecciones de la institución, en ese año se estará "malgastando la mitad de la energía renovable que se genere" por la falta de capacidad de conexión, ha explicado Jorgensen.

El reto es enorme más allá de Francia: la Comisión calcula que se necesitarán 1,2 billones de euros hasta 2040 en las redes eléctricas del club comunitario. "Una mayor integración del mercado podría suponer un ahorro anual de 40 000 millones de euros, mientras que impulsar el comercio transfronterizo de electricidad en un 50% podría aumentar el crecimiento anual del PIB de la UE en unos 18.000 millones de euros para 2030", señala el Ejecutivo comunitario en sus documentos. En la propuesta de la Comisión del próximo Marco Financiero Plurianual para el período 2028 - 2034, el presupuesto europeo dedicado a los mecanismos de apoyo a los interconexiones aumentaría desde los actuales 5.840 millones entre 2021 y 2027 hasta los 29.910 millones para el próximo ejercicio.

Ideas concretas

El Ejecutivo comunitario ha identificado dos proyectos prioritarios en España, el cruce pirenaico 1 y cruce pirenaico 2. Dentro de su trabajo de coordinación, la Comisión confía en que en la próxima reunión del Grupo de Alto Nivel del Suroeste se dé el impulso político para que comience al menos uno de estos dos proyectos, que se suman al proyecto de la Bahía de Vizcaya. La Comisión propone que cuando proyectos como estos encuentren "dificultades significativas", la institución pueda, "de acuerdo con los Estados miembros interesados", nombrar una especie de mediador durante un año, renovable en dos ocasiones.

Estos proyectos, bajo la propuesta de la Comisión, deberían considerarse como absolutamente prioritarios y urgentes, agilizando, por ejemplo, cualquier litigio legal. El Ejecutivo comunitario también propone que, a la hora de "sopesar los intereses jurídicos" en cada caso concreto, estos proyectos de interconexión se considerarán “de interés público imperativo y al servicio de la salud y la seguridad pública”, lo que da también poderes adicionales a los Estados miembros para hacer que se cumpla su despliegue.

La Comisión también plantea posibilidades en caso de que los promotores sean el problema: si hay un retraso superior a 26 meses, siempre con el permiso del Estado miembro, en este caso, por ejemplo, sería Francia, el Ejecutivo comunitario podría "lanzar una convocatoria de propuestas abierta a cualquier tercero capaz de convertirse en promotor del proyecto para llevarlo a cabo de acuerdo con un calendario acordado".