CEOE y Cepyme proponen subir el SMI un 1,5% en 2026, hasta los 1.202 euros al mes

Las patronales CEOE y Cepyme proponen que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba un 1,5% en 2026, lo que supondría alcanzar los 16.824 euros brutos anuales y 1.202 euros al mes repartidos en 14 pagas. En su planteamiento cuentan con que la retribución mínima empiece a pagar IRPF, un escenario que todavía no está decidido por parte del Ministerio de Hacienda, que defiende su contribución, como el resto de los salarios.

La propuesta de los empresarios se encuentra por debajo de la inflación prevista para el año que viene, en torno al 2%, y por debajo de la cifra en la que previsiblemente cerrará 2025 (2,6%) por lo que, con seguridad, será insuficiente para los sindicatos y para el Ministerio de Trabajo. Las patronales defienden su postura porque, según sus cálculos, el SMI "ya habría superado el 60% del salario medio neto". Se basan en microdatos de la Encuesta de Población Activa en lugar de la Encuesta de Estructura Salarial porque esta fuente no tiene en cuenta los salarios del sector primario ni del sector doméstico, "lo que genera una distorsión al alza", argumentan en un comunicado.

"Precisamente, estos sectores son intensivos en mano de obra y concentran gran parte del SMI, con lo que el salario medio resultante de la Encuesta de Estructura Salarial es superior al dato real y el SMI resultante, sobredimensionado", explican. Según su estimación, el 60% del salario medio neto tomando los datos de la EPA tendría que ser, en 2025, 15.760 euros brutos, es decir, 816 euros menos de los vigentes en la actualidad.

"Dicho de otro modo, el SMI sería en estos momentos un 4,9% superior a lo que realmente corresponde", sostienen, y añaden que el incremento planteado del 1,5% "está en línea con la prevista para los empleados públicos para el próximo año". Según el real decreto-ley pendiente de convalidación en el Congreso, la Administración General del Estado aplicará en enero un incremento del 1,5% fijo a los sueldos de los empleados públicos, aunque se contempla un 0,5% adicional si la inflación de 2026 supera la cuantía fija, como es previsible.

Por otra parte, condicionan el incremento del 1,5% al "cumplimiento de las reglas de absorción y compensación del Estatuto de los Trabajadores". Eliminando así de la condicionalidad el requisito de que el Ministerio de Hacienda modifique la normativa de indexación de los contratos públicos. Este punto tampoco convencerá a los sindicatos ni a Trabajo, que se ha comprometido a modificar el real decreto del salario mínimo para al menos limitar las absorciones con pluses.

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Cristina Dolz

En cualquier caso, la propuesta de CEOE y Cepyme implica asumir las subidas anteriores, a las que las patronales no se suman desde 2020, y plantear que el salario mínimo supere la barrera de los 1.200 euros, aunque sea en términos brutos.

Más allá del debate técnico, los representantes empresariales realizan esta propuesta en un contexto complicado. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha advertido de que si los perceptores del SMI deben pagar el impuesto de la renta a partir de 2026, el aumento será "relevante". Los sindicatos han pedido un incremento de hasta el 7,5%, lo que implicaría un salario bruto de 1.273 euros al mes, aunque se conformarían con una del 2,7%, si el SMI continúa exento de tributación.

En las próximas semanas, Díaz dará a conocer el informe de la comisión de expertos, a la que el Ministerio de Trabajo encargó dos cálculos para el incremento del SMI, uno con tributación y otro sin tributación, de manera que en ambos casos el salario mínimo crezca más que el IPC y alcance el 60% del salario medio neto.