Foment pide más inmigrantes en pleno auge de los partidos antiinmigración

La intensidad de la ola migratoria iniciada en España después de la pandemia ha coincidido con un momento político de rechazo a la inmigración en todo el mundo. El mayor ejemplo es Trump, que desde su vuelta a la Casa Blanca ha expulsado a miles de inmigrantes, lo cual está debilitando el mercado laboral estadounidense. No obstante, políticas de mayor control de fronteras y de limitación de la inmigración también se están produciendo en países donde gobiernan partidos de izquierda, como es el caso de Reino Unido.

En España, la principal canalización del descontento con los inmigrantes se vehicula a través del auge de Vox, pero también de regionales como Aliança Catalana. En este contexto, parte del empresariado ha decidido tomar parte en el debate, aunque sin aclarar del todo su propuesta. El presidente de Foment del Treball y vicepresidente de CEOE, Josep Sánchez Llibre, ha sido claro en su mensaje político durante la presentación de un informe demográfico realizado por el centro de estudios de la propia patronal catalana (SBEES).

"Las empresas españolas necesitamos de la inmigración como el agua que bebemos cada día. Tenemos verdaderos problemas para poder absorber la demanda que tienen nuestras empresas", ha afirmado. En su opinión, "la economía española necesita inevitablemente de inmigración para progresar", por lo que "la inmigración es necesaria para sostener el Estado del bienestar".

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Esta rotundidad parte de unos cálculos demográficos que dibujan un horizonte poco alentador. Foment estima que 5,4 millones de personas abandonarán el mercado laboral por jubilación o por menor actividad en la etapa final de su vida laboral a lo largo de la próxima década y, sin inmigración adicional, solo entrarían a trabajar unos cuatro millones de trabajadores, creando un saldo negativo de 1,4 millones. "Un 6,3% de los empleos totales no podrían ser cubiertos", señala el informe.

"Si se quiere mantener el nivel de actividad y ocupación actual, habrá que cubrir de alguna manera con población exterior", ha advertido Juan Francisco Caro, autor principal del informe. Es el resultado de la caída de la natalidad en España, incluso entre las mujeres extranjeras, que hace que la tasa de fecundidad sea inferior a la tasa de reemplazo (2,1 hijos por mujer) desde 1976. De hecho, desde 2017 se registran más muertes que nacimientos en el territorio nacional.

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Por ello, Sánchez Llibre ha propuesto impulsar "un gran pacto social entre los poderes públicos y la sociedad civil que permita corregir y superar los cambios que se están produciendo como consecuencia de esta transformación demográfica". A través de esta vía, que plantearán al Gobierno de España, a los grupos parlamentarios, a las autonomías y a los sindicatos, Foment pretende que se combata la "asociación de la inmigración con inseguridad y delincuencia" y que se ayude a las personas que lleguen "al país a integrarse 'dignamente'".

Ha pedido acometer este debate "con urgencia" y "no ignorar las dificultades lógicas" que supone acoger a personas de culturas diferentes, atender la sobrecarga de los servicios públicos y la saturación del acceso a la vivienda. "Hoy los empresarios necesitamos de la inmigración para ser productivos y competitivos, por eso planteamos este gran pacto social. Vamos a buscar la complicidad con el fin de dar solución a un problema candente de las empresas", ha asegurado.

No rechaza una regularización, pero tampoco la respalda

Existe, por tanto, una preocupación creciente en parte del empresariado por la brecha entre sus necesidades presentes y futuras y el descontento de buena parte de la sociedad española con la inmigración. No obstante, Foment evita apoyar o rechazar políticas. "Esa es la segunda fase de la discusión", ha descartado Sánchez Llibre. Aunque fuentes de la organización inciden en que la patronal opina de políticas económicas, pero no de políticas migratorias, consolidando su puesta de perfil al hablar de regulaciones concretas.

Un claro ejemplo es la postura sobre la propuesta de regularización de medio millón de inmigrantes, iniciativa estancada en el Congreso desde abril de 2024 que, no obstante, el Gobierno podría efectuar por real decreto-ley. "No opinamos sobre medidas concretas, hay que ver si la regularización puede contribuir y si el volumen propuesto es suficiente. Es un debate que se pretende abrir a partir del informe", ha defendido Caro. Aunque también ha reconocido que "la regularización puede facilitar que algunas personas que residen en España sigan contribuyendo a la economía" en casos como agotamiento de un permiso de trabajo anterior, el líder de Foment no ha opinado al respecto.

Las empresas no pueden contratar a personas en situación irregular, por lo que una tramitación masiva de expedientes les ampliaría la oferta de mano de obra. La regularización de 2005, la última, elevó la recaudación de impuestos y cotizaciones sociales y aumentó el empleo formal. Sin embargo, la encuesta realizada por Opina 360 e incluida en el estudio de Foment da cuenta de lo polémica que resulta esta medida.

El 31,5% de los encuestados están a favor de facilitar los trámites para regularizar a los inmigrantes y el 38,4% considera más adecuado facilitar los permisos de trabajo, pero limitar las concesiones de nacionalidad española. Esta vía sería la de optar por estancias temporales sujetas a un empleo, pero sin derechos como el del voto, que solo pueden ejercer los ciudadanos con nacionalidad española. Además, un 25,9% de los encuestados considera que se deberían restringir los visados de entrada y las concesiones de asilo.

Los porcentajes varían mucho según la autoubicación ideológica del encuestado: el 56,5% de los que se sitúan en la izquierda están a favor de la regularización, el 27,3% en el centro y el 9,9% en la derecha. De hecho, en la derecha, la opción mayoritaria, con un 49,2%, es la de restringir los visados. Patrones similares se encuentran en las preguntas sobre la percepción de la inmigración residente en el país.

De hecho, la opción mayoritaria en los encuestados de derechas es "no sabe/no contesta" cuando se les pregunta por qué aspecto positivo consideran que es el principal de los extranjeros entre una lista de opciones, seguido de aportación a la economía. También creen, en un 48,8%, que los inmigrantes aumentan la inseguridad. El próximo miércoles, Foment y CEOE reunirán a una serie de personalidades y expertos, entre ellos expolíticos del PP, para presentar en abierto el pacto social planteado este jueves a la prensa, pero no se abordarán políticas concretas.