El Gobierno pone fin al maná de los fondos UE: quién tirará ahora de la inversión pública

El Gobierno está negociando con la Comisión Europea una adenda al Plan de Recuperación para rechazar una parte de los fondos europeos que tiene asignados en forma de préstamos. Aunque todavía no hay una cifra cerrada, el Ministerio de Economía pretende dejar sin utilizar el grueso de los créditos disponibles para España, que ascienden a 83.000 millones de euros. Según adelantó el martes El País, el porcentaje que se dejará sin utilizar será de cerca del 75%.

El Gobierno quiere centrarse en el tramo de subvenciones a fondo perdido, que asciende a 80.000 millones de euros. Un tramo que también va con retraso. El Banco de España advirtió recientemente al Gobierno que tendrá que acelerar el ritmo de ejecución si quiere llegar a tiempo para gastar todos los recursos de transferencias que tiene asignados. De hecho, es este bajo ritmo el que impide que España vaya a llegar a tiempo de aprovechar todos los fondos europeos, lo que le obliga a renunciar a una parte.

Según advirtió recientemente el Banco de España, el Gobierno necesita dar un impulso al ritmo de ejecución para llegar a tiempo y agotar todas las transferencias (para utilizar todos los préstamos ya no tiene tiempo). El próximo año se acaba el plazo con las siguientes fechas clave: agosto de 2026 es el límite para solicitar los fondos y el 31 de diciembre, el último día para el desembolso.

Hasta la fecha, el Tesoro español ha desembolsado casi 68.000 millones de euros entre transferencias y préstamos, de los cuales ha resuelto ya 59.000 millones de euros. 2026 será el último año de ejecución de los fondos europeos. Un portavoz del Ministerio de Economía explica que España tomará el relevo de los fondos europeos con su propia capacidad financiera. De hecho, en la adenda que está negociando con la Comisión Europea se incluyen programas que estarán financiados directamente por el Tesoro.

Los costes financieros que soporta España se han reducido intensamente en los últimos años, sobre todo en los tramos a largo plazo. Hace cuatro años, España pagaba casi 80 puntos básicos más que la Unión Europea en los bonos a 30 años, mientras que hoy la brecha es de 5 puntos.

Aun así, el Gobierno habrá perdido la gran oportunidad de haber solicitado estos préstamos cuando el plan de recuperación comenzó su andadura, cuando la Unión Europea se financiaba prácticamente gratis. En 2021 los bonos a 30 años pagaban un interés del 0,4%; pero ahora cuestan ya un 4%. Otros países, como Portugal, Grecia o Italia, solicitaron al inicio del plan los créditos, de modo que ellos sí han logrado un gran ahorro en costes de intereses.

La futura inversión

Este será un gran reto para España, porque a partir de 2027 las dificultades financieras se acumulan. Primero, porque España agotará todo el margen de déficit que tiene acumulado según las reglas fiscales europeas, por lo que tendrá que ser el año del mayor ajuste del gasto computable. Esto limitará la capacidad inversora de las distintas administraciones públicas, incluso aunque los costes financieros sean bajos.

Pero para el Gobierno, renunciar a los préstamos de los fondos europeos es también una forma de conseguir libertad. Como los préstamos computan en déficit y deuda, dedicar esos recursos a la inversión limitaría la capacidad del Gobierno para ejecutar otras partidas de gasto.

TE PUEDE INTERESAR

La OCDE recomienda a España recortar las nuevas pensiones para frenar el ritmo del gasto

Javier Jorrín

El Ejecutivo ha aprobado un incremento del techo de gasto del 8,5% para el próximo año y quiere margen para negociar con los distintos partidos políticos unos nuevos presupuestos generales del Estado. Al menos, para tentarlos con partidas de gasto que sean complicadas de rechazar. Para ello, necesitará quedarse con el máximo de margen presupuestario que permiten las reglas fiscales.

España tiene asegurada una cifra de inversión elevada el próximo año gracias a la urgencia de los fondos europeos. De hecho, es probable que el ritmo acelere en los próximos meses. Sin embargo, a partir de 2027 todo se va a complicar. Y la experiencia de los últimos 15 años es que cuando hay dificultades fiscales, la inversión es la primera partida que se sacrifica.

En los últimos años y a pesar de los fondos europeos y el alto ritmo de la recaudación, los niveles de inversión pública en España han sido reducidos. En 2024, la formación bruta de capital fue del 2,7% y sin el Plan de Recuperación, del 2,4%. Esto es, la inversión financiada por España no es muy diferente a la que había antes de la pandemia (en 2019 fue del 2,2%), a pesar de que la economía ha crecido significativamente.

La Autoridad Fiscal prevé que la inversión financiada con recursos nacionales acelere en los próximos años hasta cerrar la década de los 30 en el 3,1% del PIB. Sin embargo, este crecimiento tiene truco, porque la mayor parte de estos recursos se destinarán a la Defensa. El Gobierno pretende que el gasto en Defensa se consolide por encima del 2% del PIB, lo que implica que casi todos los recursos adicionales para la inversión se los llevará el gasto militar. Sin fondos europeos, los riesgos para la inversión civil aumentan exponencialmente.